La transnacional Texaco, que es acusada de fraude en Estados Unidos y está sometida a investigación en ese país por contaminación en Ecuador, desata una campaña mediática para evitar que en la Corte Superior de Nueva Loja, en donde se lleva el juicio por contaminación ambiental, dicte la providencia para el inicio del peritaje global.

Los 30.000 ecuatorianos que llevan adelante la demanda contra la empresa norteamericana, han pedido desde hace tres meses que el Presidente de la Corte de Nueva Loja, Germán Yánez, ordene el inicio del estudio para cuantificar los daños ambientales causados durante la operación de Texaco, que será definitiva para la sentencia contra la compañía, cosa que no ha ocurrido, sin que exista una razón fundamentada.

Los abogados de los demandantes denuncian que existe una estrategia de los abogados de la transnacional, que a través de escritos piden cosas inaceptables, con el único fin de que este caso que lleva 13 años de litigio llegue a su fin. Entre los pedidos se destacan:

* Que el juez prohíba que técnicos ecuatorianos trabajen en el caso.
* Que solamente utilice técnicos extranjeros, además escogidos por la petrolera.
* Que ordene que los demandantes hagan más inspecciones, después de que existe la decisión judicial de no llevarlas a cabo.
* Públicamente han amenazado al juez con realizar una acusación oficial en su contra si no demora el juicio.
* No han pedido a la Corte que programe las 10 inspecciones finales solicitadas inicialmente por ellos.

La situación de Texaco es compleja, puesto que tiene problemas legales también en Estados Unidos, que es su país sede. En esa nación la Justicia analiza una queja oficial realizada por la Procuraduría del Ecuador sobre el fraude que cometió en nuestro país, además de la investigación que lleva a cabo la Agencia Gubernamental de Estados Unidos, SEC (Securities & Exchange Comision), por ocultar el pasivo que representa esta cuantiosa demanda a sus accionistas.

Ante estas circunstancias es imprescindible para la empresa demorar la sentencia. Pablo Fajardo, abogado de los demandantes considera que "el problema ahora de Texaco no es el juez, sino que está sometido a la justicia como cualquier entidad y no puede comprarla como lo ha hecho históricamente en el Ecuador".

Por su parte Steven Donziger, miembro del equipo legal de los demandantes, es "un problema para la gente de Ecuador que está sufriendo las consecuencias, lo que por supuesto, no concierne a la transnacional". Mientras que Luis Yanza, Coordinador del caso legal, sostiene que la demora del juicio le interesa a Rodrigo Pérez Pallares, abogado de la demandada, quien "seguramente recibe miles de dólares mensuales defendiendo a una empresa extranjera que ha causado muerte a los ecuatorianos".