Al cumplirse el primer mes del gobierno de Rafael Correa, el Ecuador se encuentra en medio de una coyuntura política especialmente confusa y llena de ambigüedades.

La Asamblea Constituyente copa la agenda de los actores políticos y la ciudadanía espera con expectativa, que ella sea el espacio idóneo para una real y profunda reforma del Estado. Sin embargo, el camino por el que transita la propuesta de la Asamblea Constituyente hacia su concreción, no deja de ser tortuoso.

No debemos olvidar que la iniciativa de plantear una Asamblea Constituyente, como mecanismo idóneo para dar de baja a la decadente “partidocracia” y lograr una profunda reforma del sistema político, surgió al calor de la lucha antigutierrista del 2005 y sigue la línea marcada por procesos políticos análogos en países hermanos. Tras la frustrante renuncia del Gobierno de Palacios a llevarla adelante, Correa la recogió como punto central de su campaña y ganó la presidencia.

Ahora, presionado por dar salida a su propuesta electoral, el gobierno de Correa debe pactar con la partidocracia que la Asamblea buscaba combatir, y lo hace, precisamente, a través de Lucio Gutiérrez, que hace solo dos años encarnaba los vicios de una clase política inepta y corrupta a la que el pueblo en las calles defenestraba. El pacto del gobierno con el PSP llevará a que la Asamblea Constituyente se haga. Lo que no sabemos es bajo qué reglas de juego. Al final esas reglas terminarán siendo negociadas en el tinglado político de la partidocracia.

El apoyo popular que la propuesta de la Asamblea tiene llevará, sin duda, a que los partidos políticos tradicionales vayan, más temprano que tarde, sumándose a la iniciativa para no quedarse fuera. Lo malo es que al hacerlo procuren llevar el agua a su molino para sacarle el máximo de ventaja posible a favor de los sectores económicos que representan.

El entusiasmo popular que la idea de una Asamblea Constituyente levantó y sigue levantando en los sectores sociales que buscan para el Ecuador una democracia fundada en mayores y mejores niveles de participación social, no se compadece, sin embargo, con las reales posibilidades de ese espacio político en el escenario que se configura.

Las Asambleas Constituyentes sirven para hacer nuevas Constituciones, es decir cuerpos normativos que reconocen derechos y establecen la estructura institucional de las funciones del Estado. No cambian por sí mismas comportamientos ni prácticas políticas.
El estatuto propuesto por el gobierno es conservador. No busca innovar. Busca ser fácilmente digerible para la clase política. En el Congreso o en el Tribunal Electoral la partidocracia lo terminará de deglutir y el resultado será un estatuto inocuo para el status quo.

Los sectores tradicionalmente excluidos de la definición de políticas públicas, lo seguirán estando en la Constituyente. El estatuto no prevé ningún mecanismo para incorporar efectivamente a la Asamblea a los movimientos sociales, de mujeres, de jóvenes, de la tercera edad, de minorías sexuales. Menos aún a los indígenas, los defensores de derechos humanos, los activistas ambientales.

Todos estos sectores si quieren ser parte de la Asamblea, deberán pactar con los partidos y participar en sus listas. La partidocracia lejos de debilitarse se renueva. La propuesta de una lista única de izquierda bajo la bandera de Alianza País es en el fondo una propuesta “partidocrática”. La nueva democracia que el pueblo buscaba en las calles en el 2005, no pasaba porque sean partidos con otros nombres los que monopolicen el debate político. Buscaba que los actores sociales intervengan con voz propia en la definición de la política pública.

No se ve ninguna razón para que si, de acuerdo al estatuto propuesto, la Asamblea se elige de manera muy parecida a como se eligió al Congreso, el resultado no sea una composición muy parecida a la del actual Legislativo. En ese escenario lo más probable es que Sociedad Patriótica domine la Asamblea e imponga una Constitución a medida de sus intereses.

Si consideramos que, una vez que se abre a la discusión una nueva Constitución, entra al debate no solo la parte orgánica, referida a la estructura del Estado, sino también la parte dogmática, es decir los derechos fundamentales, el escenario en el que se plantea la Asamblea es altamente preocupante. La mayoría que hoy controla el Congreso (PSP, Prian, PSC) representa a una derecha neoliberal muy comprometida con un modelo extractivista transnacional. Si ellos controlan el proceso de elaboración de la nueva Constitución, los avances en materia de derechos sociales, ambientales, indígenas, etc. están en peligro.

Frente a ello, los movimientos sociales requieren renovar y afinar estrategias. Es demasiado lo que está en juego como para entregarse con una confianza acrítica a la conducción política de un gobierno que, izquierdista y todo, no va demostrando demasiada claridad y eficacia en la política real. Es necesario ayudar al Gobierno de Correa y la mejor manera de hacerlo es manteniendo independencia.

Los movimientos sociales, especialmente aquellos que en los últimos años han tenido mayor capacidad de movilización e incidencia a favor de los derechos, como el movimiento indígena, el movimiento por los derechos de las mujeres o el movimiento ambiental, no deben caer en el facilismo de ceder su iniciativa política y confundir sus agendas históricas con la que se impulse desde el Gobierno.

No se propone, en ningún caso, que los movimientos sociales entren en oposición. No estamos en ese punto. Es necesario reconocer y valorar que hoy en el Ecuador, el discurso que se lanza desde el poder gubernamental es, en general, un discurso de avanzada en lo social y fundado en una perspectiva de derechos. También hay que reconocer que el discurso empieza a hacer praxis en varios ámbitos. Lo que se propone entonces es que la ciudadanía y los movimientos sociales empujen al gobierno a la construcción de una alianza nacional que reconozca y valore su actoría política. Para ello, los movimientos sociales deben tener propuesta propia, discurso propio y sobretodo, independencia frente al poder del Estado.

La Asamblea Constituyente, como propuesta y como espacio político debe ser recuperada por la ciudadanía, rescatándola de las redes de la partidocracia en las que ahora aparece enredada. Para eso los movimientos sociales deben encontrar las vías para abrirse un espacio propio en la Asamblea. Los indígenas deben estar en la Asamblea, con representación funcional, sencillamente porque ese es su derecho inherente a su condición de pueblos ancestrales preexistentes al propio Estado y porque, además, sus derechos colectivos garantizan para el Ecuador su condición de país cultural y ambientalmente diverso.

La construcción de una nueva Carta Fundamental, no debe constituir un riesgo para la prevalencia de derechos humanos ya reconocidos, sino una oportunidad para ampliarlos y profundizarlos. Temas como el Derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado, ya reconocido como estándar en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el derecho comparado, o la propiedad de los recursos naturales no renovables, deben ser discutidos a profundidad para garantizar que la Constitución sea un instrumento eficaz para prevenir que los apetitos inmediatistas de un modelo económico depredador de los recursos naturales, ponga en peligro la sobrevivencia de los pueblos y comunidades afectadas por su explotación irracional e inequitativa, mientras se destruye la base de recursos naturales estratégicos para el país como el agua dulce y la biodiversidad.

Por todo esto, que la Asamblea Constituyente sea un momento de profundización de la democracia que nos proyecte hacia una nueva y mejor etapa en la vida republicana del Ecuador o por lo contrario solo sea un rito de ratificación de los mismos pactos oligárquicos que han conducido al país a la debacle, depende en mucho, de que la sociedad organizada se movilice en ejercicio legítimo de su derecho a participar.

Mario Melo
www.forhum.net