A pedido del Gobernador carioca, Lula Da Silva autorizó la incursión de las fuerzas armadas y de agentes federales, para tareas de patrullaje. Antes había acusado a los instigadores de “terroristas” y pidió penas más duras.

Luego de que varios grupos, aquellos que controlan el tráfico de drogas y de armas en las favelas más violentas de la ciudad de Río de Janeiro, causaran la muerte de 19 personas – ofensiva que incluyó el incendio de un ómnibus con personas dentro-, Luiz Inácio Lula Da Silva autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad (FSN) y de las Fuerzas Armadas en todo el estado carioca, en respuesta al pedido formal del nuevo gobernador Sergio Cabral Filho.

Este pedido de ayuda al mandatario es lo primero que hizo Cabral Filho después de asumir la gobernación el primero de enero. Éste pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMBD), ahora en buenas migas con el oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Como el PT no es mayoría en el Congreso, necesitará de los escaños del PMDB, y de otros, para impulsar sus proyectos.

Según Cabral Filho, la intervención marcial no será una acción bélica directa contra los grupos acusados de la revuelta, sino que tendrá como objetivo unir los esfuerzos de los organismos de seguridad provinciales y federales.

Las Fuerzas Armadas van a realizar tres tareas: patrullar alrededor de sus cuarteles, entrenar a los policías civiles y militares del estado de Río de Janeiro y proporcionar ayuda logística (vehículos terrestres, helicópteros y lanchas, además de telecomunicaciones e inteligencia) a las fuerzas del orden que lo necesiten.

En tanto, la FSN controlará las rutas nacionales y estaduales de acceso a la segunda urbe más importante del país, para impedir la entrada de armas y estupefacientes. Este cuerpo tampoco ocupará las calles ni tratará de avanzar sobre algunas de las 300 favelas de la metrópoli. Creada en el 2004, la FSN es una fuerza de elite integrada por 7 mil agentes policiales de distintos estados, entrenada y reclutada desde Brasilia.

Aunque todavía no hay versiones oficiales, la prensa brasileña ya habla de una segunda etapa del operativo, donde se desplegaría una ofensiva contra los sospechados de narcotráfico, que comprendería la ocupación del territorio donde hoy se mueven.

Otra medida que tomaron las autoridades fue el espectacular traslado de 12 de los máximos jefes de las facciones sospechadas de estar detrás de los hechos de violencia. Fueron llevados en helicóptero hasta una cárcel de máxima seguridad en el estado de Paraná, donde permanecerán en celdas individuales bajo un régimen que no contempla visitas ni ningún contacto con el exterior.

Además, el gobierno de Brasil ya destinó 70 millones de dólares para crear un centro de inteligencia dedicado exclusivamente a resguardar la seguridad en Río mientras duren los Juegos Panamericanos, previstos para julio. La normal realización del evento será la prueba de fuego para un país que intentará albergar el Mundial de fútbol de 2014.

En la misma sintonía que Cabral Filho, José Serra, su símil de San Pablo, el estado más rico y poblado del país, anunció que pedirá fondos adicionales a las autoridades federales para reforzar la seguridad y la vigilancia en las cárceles.

Así, una vez más, Brasil elige la opción militar para tratar de solucionar una de las tantas consecuencias que produce el explosivo de cóctel de extrema pobreza, hacinamiento, desocupación, corrupción policial, contrabando de armas y violencia juvenil; todo en un marco general de distribución desigual de la renta.

Lo deja muy en claro el sociólogo Roberto Briceño León, profesor de la Universidad Central de Venezuela y coordinador del grupo de Violencia y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), cuando desmenuza las raíces de este fenómeno: “No existe una correlación tan clara y abierta entre pobreza y violencia, pues los países más pobres de América Latina como serían Haití, Bolivia o Perú, no aparecen entre aquellos que tienen mayores tasas de homicidios; entonces, he planteado una hipótesis alternativa: es el empobrecimiento y la desigualdad, y no la pobreza, lo que origina la violencia urbana”.

Siempre las características de los métodos revelan qué juicio han hecho las autoridades sobre la naturaleza de la crisis. Antes de dar el sí para militarizar la ciudad que hasta los años sesenta obró de capital nacional, Da Silva dejó entrever cuáles serías sus siguientes pasos: había calificado los ataques como "terroristas" y “vandálicos” y había advertido que podía endurecerse la legislación penal para castigar a los responsables, derrotar al “crimen organizado” y atrapar a los “narcotraficantes”.

Dichas manifestaciones le valieron duras críticas al mandatario, aunque todos los que se manifestaron están de acuerdo conque haya un trabajo en conjunto entre las autoridades nacionales, estaduales y municipales. Por ejemplo, el analista internacional, especialista en Brasil, Tim Cahill, entrevistado por la agencia de noticias Carta Maior, advirtió que es un “error” tratar el crimen como terrorismo. “Ese lenguaje, usado internacionalmente para llevar adelante una guerra contra el terror, es una de las peores amenazas contra los derechos humanos”.

“Muchos gobiernos han utilizado el término terrorismo para responder a sus necesidades políticas inmediatas para atender a un sector u a otro; el combate contra el terrorismo ha sido, inclusive, usado como justificativo para reducir las garantías civiles de la población”, amplió Cahill y ejemplificó: “Así se dio la introducción, en Inglaterra, de un método de patrullaje que le permite a los policías tirar en un momento de amenaza, cuestión que llevó a la muerte del brasileño Jean Charles, en Londres”.

Briceño León confirma la idea de que el tipo de solución suscripta por Da Silva apunta a satisfacer el pedido de seguridad de los estamentos superiores de la pirámide social y no a resolver el verdadero problema. “La clase media y los sectores adinerados ven a los pobres como una amenaza y se sienten como las víctimas de las agresiones y delitos; estos sectores, es cierto, sufren la delincuencia, pero quienes padecen la violencia y, en particular, la violencia más intensa o letal, son los mismos pobres, quienes son víctimas y victimarios en este proceso”, amplia el catedrático.

También es cierto que cuando los más pudientes resultan dañados, sus reclamos tienen eco inmediato en la opinión pública, que obliga a los gobernantes a actuar, a veces hasta en contra de sus principios.

Por ejemplo, ni bien se calmaron las calles, cerca de 150 personas participaron en una céntrica plaza de Río de Janeiro de una manifestación contra la violencia, la cual tuvo mucha difusión. La reunión, convocada por internet, marcó el nacimiento de una nueva organización no gubernamental, "Río de Paz", que se propuso movilizar contra la violencia y acabar con la supuesta falta de reacción ciudadana contra los violentos. Las propuestas de estos seudo-pacifistas, se basan la mano dura y la tolerancia cero.

La calidad del desempeño es el otro costado objetable de aumentar el número de efectivos. Está comprobado que la corrupción – las coimas llegan al 80 por ciento del dinero de la droga-, los abusos y los fusilamientos son habituales prácticas policíacas. En su informe anual para 2006, la Organización No Gubernamental (ONG) Human Rights Watch (HRW), relató que, en Brasil, “policías y agentes penitenciarios torturan a las personas bajo su custodia como forma de punición, intimidación y extorsión”.

Además, la ONG confirmó que policía también se vale de tormentos físicos para obtener informaciones y confesiones forzadas de los detenidos sospechados de haber cometido un delito. En tanto caracterizó el sistema carcelario en “condiciones deshumanas, violencia, corrupción y superpoblación”.

Y en otro tramo del documento, HRW calificó de “agresiva y excesiva” la respuesta policial a los hechos que sacudieron la ciudad de San Pablo en junio pasado. En ese entonces, el Primer Comando de la Capital (PCC) –similar a los que actuaron en esta ocasión-, con su líder operando desde la cárcel, incursionó en la geografía urbana y produjo la muerte de 200 personas entre gente de sus filas, policías, guardias penitenciarios y transeúntes.

Por otro lado, un estudio académico de 1997 marca un antecedente negro para la policía de Río: ese año, cuando los efectivos más agresivos con los delincuentes recibían el premio “Bravura”, empezó a usar la fuerza letal de manera excesiva, cambio que arrojó muertos con muchos más impactos de balas que otrora.

Para entender la magnitud del problema, y de los intereses económicos que participan, es menester saber que el narcotráfico, sólo en Río, deja para sus cultores 100 millones de dólares de ganancia anual. Esta actividad se diseminó de tal forma que obligó a quienes la llevan a adelante a formar verdaderos ejércitos para defender su zona de incumbencia. De todas las sustancias que se venden en las favelas, la cocaína es la de mayor lucratividad. Entre la producción, en los países andinos, y su venta, en los puntos de expendio, el kilo se valoriza en un 650 por ciento.

El principal mercado proveedor de las cuadrillas de Río es San Pablo. Por la autopista Presidente Dutra entra el 90% de las 17 toneladas de cocaína que se vende. La mayor parte se consume dentro de los límites de la ciudad; que es, por lo tanto, el final de un ciclo que comienza en los países productores.

Por eso, con la cronología anterior, se deduce que hablar de “terrorismo” o “crimen organizado” es empezar a contar la película desde el final. Es, sin vueltas, criminalizar a los fragmentos empobrecidos de la población. Por qué no hablar de la pobreza organizada alrededor de un actividad altamente rentable, que necesita de mano obra barata –los pobres, casi siempre jóvenes y niños- y de una zona liberada –las favelas- para desarrollarse.

Sí, más adelante, existe la voluntad de ensayar otro tipo de disposiciones, ningún funcionario tendrá inventar nada extraordinario o irse a otro país a buscarlas. Se pueden, primero, intensificar la creación de empleo y los programas familiares y educacionales que tanto éxito tuvieron en lo primeros cuatro años de la administración Da Silva, sacando a millones de jóvenes de la pobreza y brindándoles un nuevo horizonte de expectativas. Y segundo, apostar a planes de ordenamiento y urbanización de las favelas, para lograr una paulatina inclusión.

En simultáneo, y para que los demás no sea en vano, habrá que desandar el camino de la droga hasta dar con quienes en verdad se llenan los bolsillos y se codean con la alta alcurnia, como si fueran jeques, ya sea en Copacabana o en Marbella, sin que eso signifique la profundización y multiplicación del Plan Colombia o perseguir las plantaciones de coca.

Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina

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