Conforme a recientes informaciones en las parroquias Dayuma y Huayusa, en Orellana, este lunes y martes la fuerza pública arremetió contra manifestantes que protagonizaban movilizaciones en la provincia, para exigir a las autoridades y a las compañías transnacionales el inicio de obras de vialidad y de dotación de energía eléctrica en la zona, así como el cumplimiento de compromisos ambientales firmados por Petroecuador.

El lunes sobre las 21h30, al finalizar una asamblea (mas no una medida de hecho) con los dirigentes de comunidades de Dayuma, aparecieron tres miembros de la Brigada de Selva 19 Napo en una actitud provocadora hacia los dirigentes que recién terminaban la reunión, dando gritos y realizando disparos al aire, que causaron temor a niños que estaban jugando en una cancha cercana. Los concurrentes los obligaron a abandonar el lugar, manteniendo retenido a uno de ellos para averiguar su identidad.

Media hora después aparecieron 50 uniformados del F.O.E-54, al mando del Sargento Cabascango, para buscar a los dirigentes y detenerlos. El presidente de la parroquia Dayuma pudo resguardarse con apoyo de integrantes del Comité de DDHH, mientras el resto de dirigentes permanece en Dayuma. Testigos de la zona informaron que hasta este martes por la tarde Dayuma permanecía cercada por cerca de 100 efectivos militares y que se había penetrado por la fuerza en una vivienda para buscar a dirigentes.

A estos hechos se agrega que lunes 8 de enero el puente del sector Huayusa fue desbloqueado, por un contingente de cerca de 200 policías, pertenecientes al Comando de Policía Número 22, comandado por el Coronel Raúl Palma, arremetió con gas lacrimógeno a las 06h30 contra la población, en el cual:

- sufrieron síntomas de asfixia nueve menores de edad, dos ancianas y una mujer embarazada menor de edad,

- dos personas recibieron gas manual en los ojos,

- un hombre fue impactado con una piedra en el pecho,

- otro hombre, de la tercera edad, fue golpeado con una bomba de gas en el cuello.

El número de manifestantes en Dayuma y Huayusa no sobrepasaba las 60 personas. A esto se suman dos detenciones el pasado 6 de enero ante las que se presentaron recursos de Hábeas Corpus por parte del Comité de Derechos Humanos de Orellana, en el cual se argumentaba la incompetencia de las Fuerzas Armadas para la detención de Civiles y por ende la arbitrariedad de dicha detención.

Un integrante del Comité de Derechos Humanos de la Joya de los Sachas fue amenazado en Pucuna por un civil no identificado que descendió de una camioneta donde también había policías y personas vestidas de civiles. Pese a que opuso resistencia, le quitaron la cámara con la que estaba realizando su trabajo de verificación en el lugar, borraron las fotografías que había tomado y, en vista de que no podían borrar un video, le quitaron también la memoria de la cámara. Posteriormente le tomaron fotografías con celulares, como consta en el siguiente testimonio:

“fuimos interceptados por cuatro hombres de civil quienes al compañero Tito le arrebataron una funda plástica en la cargaba mas de 100 casquillos y bombas de gas lacrimógeno vacías de las que los policías le habían lanzado a la comunidad y a mi me pidieron la cámara fotográfica que yo portaba propiedad del comité de Derechos Humanos, yo les pedí que se identificaran, ellos se negaron y me agarran uno de cada lado sosteniéndome los brazos y otros de atrás, sin dejarme mover, en eso aparece un Policía uniformado, de apellidos Vásquez, a quien conozco porque reside en el Sachas pero no portaba identificación, el me agarra del brazo, y me dice de aquí no te vas con las evidencia”.

Ante estos hechos se pidió explicaciones al Comando de Policía No. 22. La Comisión de Prensa de Orellana informa que el Subteniente Edison Martínez Carrera se asumió como responsable del grupo de relevo y dijo desconocer el nombre de los agentes vestidos de civil y por qué no estaban debidamente uniformados e identificados, aunque aceptó que estaban bajo sus órdenes.

El Cabo Segundo retenido en Dayuma, Renán René Pérez Tonluisa, fue entregado a las autoridades provinciales este martes, ante medios de comunicación, luego de realizársele el examen médico de reconocimiento, sin que se reporten novedades.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) considera que ninguna de las acciones represivas, violatorias del derecho de reunión y de libertad de expresión descritas era permitida, pues no ha sido renovado ni está vigente el último Decreto Ejecutivo, No. 1368-A, expedido el 5 de mayo de 2006 y expedido el día 23 del mismo mes, para mantener el estado de emergencia en los campos, infraestructura, actividades y facilidades petroleras ubicados en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, y por el cual se autoriza a actuar a la fuerza pública, publicado en el Registro Oficial 276 del 23 de mayo del 2006.

Mas aun, el estado de emergencia no justifica la represión de la fuerza pública a la población, pues ésta es vulnerable frente a todo el aparato represivo y se usa de manera arbitraria el concepto de “grave conmoción interna”. Por tanto se hace un llamado a las autoridades y a los efectivos militares y policiales a respetar, y a hacer respetar, los derechos civiles y políticos en la provincia de Orellana.


Hna. Elsie Monge

Directora Ejecutiva
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
CEDHU