Momentos decisivos vive el Ecuador: mientras diversos sectores populares y partidos de izquierda respaldan con movilizaciones la tesis de la Asamblea Constituyente, la derecha, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral, se ve en la disyuntiva de dar paso a esta iniciativa o desatar nuevas oleadas de indignación popular. Mientras tanto, la presión social obtuvo un primer resultado positivo: hoy renunció el Fiscal Francisco Cucalón nombrado ilegítimamente por el Congreso.

Ayer martes 30, tres manifestaciones que partieron desde diversos puntos de la ciudad de Quito confluyeron en el edificio donde funciona provisionalmente el Congreso Nacional. Al grito de “no más queso a la ratas del Congreso” y “Urgente, urgente, Asamblea Constituyente”, algunos manifestantes intentaron ingresar al edificio parlamentario obligando a los diputados a huir en forma precipitada. En la noche de ayer y hoy las manifestaciones de rechazo al Congreso volvieron a repetirse.

Pese a que las organizaciones llamaron a expresarse pacíficamente se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías que dejaron un saldo de cinco heridos, incluida la fotógrafa Cecilia Puebla de la agencia EFE. En otras ciudades como Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo, Riobamba las protestas ciudadanas se efectuaron sin incidentes. El vicepresidente de la República Lenin Moreno dijo a una radio de Guayaquil que el gobierno apoya las manifestaciones, pero señaló que la violencia nunca ha sido el camino adecuado y que los actos violentos fueron provocados por infiltrados.

El objetivo de la Asamblea es elaborar una nueva constitución que reemplace a la de 1997, que si bien reconoce algunos derechos ciudadanos, impuso un lineamiento económico de corte neoliberal y una estructuración del Estado que ha facilitado la politización de las instituciones del Estado y el reparto de prebendas en beneficio de caciques o grupos de poder.

Los manifestantes también exigieron que el Congreso deje insubsistente el nombramiento de Francisco Cucalón como Fiscal General de la Nación por parte de la mayoría conformada por el Partido de Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), Partido Social Cristino (PSC), Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Unión Demócrata Cristiana (UDC). Los cuestionamientos contra Cucalón tienen que ver con dos asuntos: en primer lugar con el procedimiento adoptado por el Congreso, ya este organismo lo nombró a dedo irrespetando el mandato constitucional que determina que el Fiscal debe ser nombrado de una terna elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); en segundo lugar, con el currículo del Fiscal designado: no solo sacó una bajísima calificación en el concurso convocado anteriormente por el CNJ (un puntaje de 25 sobre 60) sino que habría sido abogado de narcotraficantes. Esta decisión del Congreso, provocó una gran reacción no solo del Presidente Correa sino de sectores ciudadanos y empleados judiciales que se tomaron las oficinas de la Fiscalía de Quito y otras ciudades impidiendo que Cucalón se posesionara de su cargo. La presión ciudadanía, en este caso, rindió sus frutos: Cucalón puso hoy su designación en manos del Congreso; este aceptó su renuncia y se apresta a nombrar en los próximos días un nuevo fiscal, que seguramente será un “hombre de confianza” de la mayoría.

De otro lado, el Congreso, en un plazo de 30 días deberá escoger el nuevo Procurador de la Nación de una terna que envió el Ejecutivo al Congreso integrada por los doctores José Javier Garaicoa, Arturo Donoso Castillo y Raúl Moscoso Álvarez.

Un segundo elemento que ha exacerbado la indignación popular y ha abonado a un mayor desprestigio del Congreso es la decisión de los diputados de mayoría de subirse los sueldos de 3.800 a 4.800 dólares, es decir un alza de 1000 dólares. Esto se produce cuando el sueldo básico ha sido incrementado en apenas 10 dólares y se ignora la disposición del Presidente Correa de que ningún funcionario debe ganar más que su sueldo, esto es 4.000 dólares.

Las erradas decisiones del Congreso solo han hecho aumentar la popularidad de la Asamblea Constituyente, que, según una encuesta realizada entre el 16 y el 18 de enero por la empresa CEDATOS arrojaba un 77 por ciento de aceptación. Esta opinión popular favorable así como el pronunciamiento en las urnas del pasado 26 de noviembre que dio el triunfo a Rafael Correa, una de cuyas promesas de campaña giró precisamente en torno a la Asamblea Constituyente, no han sido suficientes para allanar el camino para la Asamblea. Este, en efecto, está lleno de escollos, obstáculos y contradicciones.

Mediante el decreto número dos, suscrito el día que asumió el poder (15 de enero), Rafael Correa, ordeno al Tribunal Supremo Electoral “realizar, dirigir y vigilar” una consulta popular para el próximo 18 de marzo para “que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra”. El presidente se basó en el artículo 104, numeral 2 de la Constitución que señala que el Presidente podrá convocar a consulta popular “cuando, a su juicio, se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país”.

Sin embargo, en el Congreso se conformó un mayoría anti-constituyente conformada por el Partido de Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), Partido Social Cristino (PSC), Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Unión Demócrata Cristiana (UDC) que no solo se repartió los puestos directivos y las comisiones del parlamento sino que conformó una mayoría en el Tribunal Supremo Electoral. Mas que en los partidos, las decisiones de estos organismos del Estado quedaron sujetas a lo que decidan los “caciques” que los controlan con mano férrea: el magnate bananero Alvaro Noboa en el PRIAN, el ex presidente Lucio Gutiérrez en el PSP, para citar solo dos casos.

El nuevo Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, antes de posesionarse dialogó con el PSP y logró que este momentáneamente abandonara la mayoría parlamentaria opositora y adhiriera a la tesis de la Asamblea. ¿A cambio de qué? Aparentemente habría acordado cambios en el Estatuto para la Asamblea y la aceptación de que Lucio Gutiérrez pueda participar como candidato a la Asamblea, para lo cual se requiere que el actual Tribunal Supremo Electoral le levante una sanción impuesta por el anterior organismo que le impide ejercer los derechos de ciudadanía y por lo tanto ser candidato.
Desde entonces, Gutiérrez ha señalado que quiere no solo ser asambleísta sino presidente de la misma Asamblea.

Pero luego se produjeron varios hechos que han dificultado la convocatoria a la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente. El Presidente Correa, en la posesión simbólica realizada en la parroquia indígena de Zumbahua, se refirió en duros términos a Lucio Gutiérrez y descarto que haya pactado con el mismo. Y en esta línea emitió un adendum al decreto numero dos en el que recogía algunas de las demandas que le hacían los movimientos ciudadanos, que tienen que ver especialmente con la participación en igualdad de condiciones con los partidos.

El presidente Correa, desde entonces, ha radicalizado su discurso contra lo que denomina las mafias de los partidos y ha llamado a la movilización popular.

Por su lado, Gutiérrez, que pacta con quien sea en función de sus intereses personales o de grupo, volvió a alinear a su bloque parlamentario con la mayoría de derecha, en tanto que en el TSE maniobró, para que se pusiera obstáculos a la tramitación de la consulta popular. En efecto, el máximo organismo del sufragio antes que cumplir con la disposición del Presidente de organizar la consulta remitió el decreto del Ejecutivo al Congreso para que sea este el que se pronuncie sobre la misma. Los diputados de izquierda y centro izquierda dicen que el Congreso debe devolver esta resolución al TSE y que este organismo debe organizar inmediatamente la consulta popular.

Para contrarrestar la tesis de la Asamblea Constituyente, la mayoría parlamentaria ha planteado tramitar las reformas constituciones en los términos que dispone la actual Constitución. Algunas que pretende impulsar son: la privatización del seguro social, declarar al dólar como moneda oficial, cadena perpetua para ciertos delitos, etc. Pero si no les da resultado esto, tiene un plan B, en el que no descarta copar y apoyar la Asamblea para que se realice bajo los términos que ellos determinen. Es decir: cambiar algo para que nada cambie.