Colombia

“No es lo mismo”

Francisco Taborda Ocampo

30/01/2007

Opinión

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No es lo mismo la responsabilidad de un ciudadano de la calle a la de un servidor público, sobre todo si ostenta una posición de poder, como es el caso de congresistas, gobernadores o alcaldes. Lo anterior pareciera evidente, pareciera no tener que discutirse siquiera. Pero cuando escuchamos afirmaciones como las del presidente Uribe a finales del año pasado, en las que señalaba que la responsabilidad penal era individual y que por tanto había que esperar los resultados de las investigaciones, ya se torna necesario reflexionar sobre las diferencias, sobre todo si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos referentes al pacto de Ralito firmado en el 2001 por políticos y jefes de la cúpula paramilitar.

Varias personalidades de la vida política, sobre todo integrantes del Gobierno o copartidarios de los involucrados, han indicado lo mismo que el presidente Uribe. Aunque en principio es una verdad de a puño, de las que sabe cualquier muchacho de primer semestre de Derecho, que la responsabilidad penal es individual, no cabe duda de que también existe una responsabilidad política, que además compromete no sólo a los implicados individualmente considerados, sino también a sus colectividades.

Ahora bien, también existe una responsabilidad disciplinaria, que, si nos atenemos al término perentorio de 5 años de prescripción, habría cesado, al menos si se mirara el pacto como un hecho concreto y aislado en el tiempo, no respecto de sus efectos, directos o indirectos, en la medida en que, prohijados por la clase política y algunos sectores de la clase gremial del país, los paramilitares han cometido delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles por virtud de la normatividad internacional. En este sentido, cabe preguntarse: ¿La responsabilidad disciplinaria prescribe, teniendo en cuenta que dichas conductas tuvieron como efecto crímenes que no prescriben? Esta pregunta habrá que hacérsela al Procurador. O ¿No fue un argumento así, además de la consumación indefinida en el tiempo --hasta tanto no aparezca la víctima o su cadáver— el que le permitió a la Fiscalía vincular al famoso coronel presuntamente responsable de las desapariciones en el Palacio de Justicia?

En cuanto a la responsabilidad política, ¿En qué posición quedan personajes que cohonestaron --o actuaron movidos por el temor sin denunciar luego— con delincuentes de la talla de Mancuso?, ¿cuál es el nivel de legitimidad de un congresista que firmó un pacto de esa naturaleza?, ¿puede quedarse tranquilo en su curul, alegando que se atiene a los resultados de las investigaciones penales, o debería más bien y en un gesto de honestidad política, marginarse de sus actividades mientras se esclarecen los hechos?, ¿qué sentido tendría entonces la potestad que por ejemplo existe en los juicios disciplinarios, de suspender al procesado mientras se adelanta la investigación --debido entre otras causales a que puede interferir en su desarrollo—, si a la luz de lo que ocurre con el descubrimiento del tenebroso pacto, los implicados no tienen un gesto de dignidad ante el país, marginándose de sus posiciones de poder y permitiendo que los organismos competentes investiguen sin el apremio de la posición que ocupa el investigado?, eso sí, sin que se de al mismo tiempo la nefasta oportunidad de que al renunciar a su curul pasen a manos de la Fiscalía, dado que el fuero que ostentan como prerrogativa en defensa de su accionar político, no puede serlo para salvaguardarlos de la investigación de la Corte Suprema en razón, tanto de hechos cometidos en su condición de congresistas, como del momento en que se destapa el escándalo --y se vincula el documento al expediente que maneja la Corte— y en el que ostentan esa misma condición. Tal y como lo afirma un colega, acertadamente: el fuero debe funcionar a favor de la sociedad y no como blindaje para actos que no tienen nada que ver con su condición de congresistas, pero en los que su participación, en cuanto tales, significa la legitimación de uno de los procesos más tenebrosos que hayamos vivido en el país como es el del auge paramilitar.

Y siguen las preguntas. En la línea de lo que ha preguntado El Tiempo, en un editorial de días pasados: ¿Qué hubiera pasado si el pacto se hubiera firmado con las Farc?, ¿no se habría dado una reacción furibunda --de las que le conocemos—del presidente Uribe?, ¿no se habrían rasgado las vestiduras la iglesia, los gremios y la clase política afecta al Presidente?, ¿no habrían montado en cólera las Fuerzas Militares, organizando allanamientos contra las casas de los involucrados y contra sus sedes políticas?, ¿no habrían pedido a voz en cuello muchas personalidades del país la renuncia instantánea de los involucrados y su procesamiento penal inmediato? Y obviamente los periodistas ¿No habrían cuestionado, como naturalmente correspondería, a los políticos, por fijar alianzas con la guerrilla, en lugar de minimizar lo que sucedió, como lo hace Maria Isabel Rueda en su más reciente columna de Semana?

No estoy hablando por supuesto de la comparación que está haciendo Miguel de la Espriella con el encuentro de Pastrana como Presidente electo --no en calidad de candidato como ha indicado de la Espriella— con Tirofijo, sobre el cual estoy convencido de que hay diferencias notables de grado y en cuanto a sus implicaciones. De lo que estoy hablando es que un pacto de las características del que conocemos --nada inocuo como ha pretendido afirmarlo el Ministro Holguín— ha tenido en estos cinco o seis años unas implicaciones y unos efectos concretos y devastadores sobre la vida y la muerte de muchos colombianos y colombianas. ¿Es qué no lograron el objetivo de refundar el país?, de eso no estoy tan seguro. Una refundación silenciosa y amenazante se ha ido dando, tan sigilosa como lo ha sido la vigencia del pacto a pesar de su secreto. Una refundación que no sólo se ha dado a sangre y fuego, sino por la presión en las urnas --que logró resultados concretos— y que puso en el Congreso un porcentaje cercano al que señaló Mancuso en su momento. Y además, ¿no se tiende por este camino un manto de duda y de ilegitimidad sobre una ley como la de “Justicia y Paz” que fue votada, entre otros, por varios de los parlamentarios hoy cuestionados por su participación en el pacto del 2001?

Quienes minimizan el significado del pacto, olvidan las implicaciones que he señalado y muchas otras que serían largas de enumerar. Olvidan además la no despreciable circunstancia de contar con congresistas aliados --por temor o por convicción— y la tampoco despreciable circunstancia de contar con algunos gobiernos locales y regionales. Nos creen tontos o por lo menos analfabetos en política y en las implicaciones penales.

Uno podría polemizar con la decisión de la Corte Suprema, de anexar el documento que contiene el pacto, como prueba al expediente de la parapolítica, sin vincular --por ahora— a los políticos firmantes. Algunos medios, como Semana, sostienen que fue una decisión prudente y salomónica para no echar a perder una oportunidad importante. Es posible que la Corte, al haber construido su propio expediente sin depender de la Fiscalía, esté blindando el proceso para no dar pié a nulidades o a jugadas habilidosas de los implicados. Ese sería el mejor de los escenarios posibles y esperamos que así sea, para ser optimistas y seguir confiando en el importante papel que está desarrollando su Sala Penal hasta el momento. De lo contrario, es decir, de ser una decisión para hacerse los de la vista gorda y mantener el escándalo de la parapolítica “en sus justas proporciones” --como quería Turbay en su momento con la inmoralidad—, sería una gran frustración para el país, como tantas que hemos tenido que soportar, pero que no nos trazan un camino de resignación, ya que lo único que no nos podrán minimizar es el asombro y la indignación.

Bogotá, enero 26 de 2007

Francisco Taborda

Asesor Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 46

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