Si en un plato de la balanza están los derechos humanos y en el otro el designio de mantener una relación fluida con una potencia que es, además, un abastecedor fundamental de materias primas energéticas. Nuestros gobernantes parecen tenerlo claro.

En este escenario menudean las admoniciones de quienes reclaman que se moderen las críticas a Rusia, ya que podrían poner en un brete la candidatura de Moscú como contrapeso frente a la hegemonía de EEUU. La cosa tiene su gracia. Por un lado, silenciar las críticas es ya una conducta habitual de nuestros gobernantes, por el otro, Putin no representa nada distinto de esa combinación de intereses económicos privados, prepotencia y terror de Estado que abraza el presidente Bush.

Si la Unión otorga algún crédito a los principios que enuncia, está obligada a preguntarse por la situación, penosa, de los derechos humanos en Rusia y por lo que ocurre en Chechenia; de hacerlo, Putin debería dejar de recibir las cariñosas palmadas de los dirigentes europeos.

Pero hay que tener el coraje de avanzar. Y si es legítimo reclamar medidas firmes para garantizar que los derechos sean respetados en Rusia, por qué nadie se plantea exigencias parejas al gobierno de Estados Unidos embarcado en crímenes de guerra y contra la humanidad en Afganistán y en Iraq, entregado en Palestina a la defensa de un genocidio más, muñidor de estrategias de interesada desestabilización en todo el planeta, empeñado en sortear el protocolo de Kioto y la justicia penal internacional y encaprichado en preservar ese limbo legal de Guantánamo.

Los ejemplos de doble moral abundan en la política exterior de la Unión. Meses atrás, Bruselas prohibió la entrada en territorio de la UE al presidente bielorruso Lukashenko por manipular las elecciones y reprimir a una maltrecha oposición. Bien está que la Unión se tome estas cosas en serio, pero sería bueno que alguno de sus portavoces explicase por qué no se aplican medidas similares a los gobernantes saudíes y chinos. ¿Es que la Bielorrusia de Lukashenko es menos democrática que la Arabia de los emires o que la China de la práctica cotidiana de la pena de muerte?

Tampoco está de más que tiremos de un hilo: el de Palestina y su entorno. ¿Cómo es posible que se sugiera que el despliegue de soldados de la UE en el Líbano configura una oportunidad de oro para demostrar que es una potencia internacional de primer orden cuando Bruselas fue incapaz de parar los pies al ejército de Israel? ¿Cómo puede ser que, tras reclamar la liberación de los dos soldados israelíes secuestrados, se guarde silencio sobre el más de un millar de civiles asesinados por el Tsahal en el Líbano?

Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores español recordó en un acto público que para revisar el trato comercial de privilegio de la Unión con Israel es necesario que todos los miembros muestren su acuerdo. El problema, por desgracia, no está en que algún socio díscolo se inclinase por vetar tal revisión, sino en que no consta que ninguno se declare partidario de cancelar los privilegios. Y es que la UE no ha exigido a los gobernantes israelíes que ajusten su comportamiento al respeto escrupuloso de las normas internacionales de derechos humanos.

No se trata de que la Unión no sepa cancelar privilegios comerciales. Lo ha hecho en repetidas oportunidades, y con premiosa energía, en el caso de países pobres que no satisfacían los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional.

La UE es más consecuente de lo que parece en su defensa de la arrogancia que despide y las exclusiones que alienta el mundo occidental. Aunque gentes bien pensantes prefieran ignorarlo, cuando la Organización Mundial del Comercio se reunió en Cancún y en Hong Kong la Unión cerró filas con EE UU ante las demandas que llegaban de países del Sur.

Por mucho que los ciudadanos de la UE presumamos de nuestro idílico modelo de capitalismo social, bien haríamos en preguntarnos si esa competencia desleal que tantos atribuyen a China no la mueven en la trastienda nuestros empresarios que, en ese lejano país, buscan la explotación de una mano de obra barata. Ésa es, también, la Unión Europea de principios del siglo XXI.


Carlos Taibo
Profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid

Fuente: Centro de Colaboraciones Solidarias  (CCS), España.

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