Movidos por los elevados precios e incentivados por enormes ganancias, las transnacionales mineras principalmente del primer mundo se han lanzado a la búsqueda y explotación de minerales metálicos y no metálicos en América Latina.  Como en los tiempos coloniales, ríos de riqueza van a parar a las metrópolis mientas en los países dueños de los minerales queda un cuadro de desastres ambientales, contaminación del agua y del aire y enfermedades de todo tipo. 

Desde 1999 se triplicaron los precios de los recursos naturales, especialmente del petróleo y el gas, pero también de otros como el aluminio, el cobalto o el zinc (1).  La incursión de la gigante China en el mercado mundial, demandando de manera insaciables toda clase de minerales como níquel, hierro, etc.  ha servido para reforzar esta tendencia a la alza. 

Un caso emblemático es del oro, pues los inversores, ante la incertidumbre de la economía global, y particularmente de Estados Unidos (acosado por deudas y déficits, por el declive del dólar y su involucramiento en guerras de las cuales no sabe cómo salir) empiezan a comprar el preciado metal que históricamente ha demostrado su solidez.  Los precios del oro se han disparado, conforme lo demuestran los datos del último año.  A comienzos de diciembre del 2005, la onza de oro costaba 504 dólares, para mediados de mayo subió a 713 dólares, bajando a algo menos de 600 dólares a mediados de junio.  Algunos analistas pronostican que incluso podría subir a 1700 dólares la onza.  (2)

 Igual tendencia hacia el alza registra el cobre, uno de los metales de gran demanda internacional.  El precio de la libra de cobre refinado en la Bolsa de Metales de Londres costaba, en el 2001, 0,716 dólares, y a mediados del 2006 se situó en 2,756 dólares (3)

“Los nuevos conquistadores”

En América Latina, la explotación minera es de vieja data y nos remonta al período colonial en el cual españoles y portugueses se enriquecieron con el oro y la plata conseguida con la explotación brutal de la mano de obra indígena y de los esclavos que trajeron del África.  Centenares de años después, las corporaciones mineras –que los ecologistas las llaman “los nuevos conquistadores”- se introducen nuevamente en la región en busca de materias primas, contando con la aprobación de las elites y los gobiernos de los diferentes países, y con el aliento del Banco Mundial que otorga préstamos – que engrosan las cuentas de la deuda externa- para hacer el mapeo de minerales que posteriormente serán concesionados a las transnacionales. 

En las últimas décadas del siglo XX y comienzos del presente siglo, las inversiones en el sector minero se han incrementado.  Las corporaciones trasnacionales han encontrado un marco propicio para entrar en una región en la que se aplica, sin beneficio de inventario, las políticas neoliberales del Consenso de Washington, cuyo objetivo principal es favorecer a la inversión extranjera.  En este período, varios países efectúan reformas jurídicas, tributarias, laborales, medio ambientales y otras que otorgan a las empresas mineras incentivos fiscales, exoneración de impuestos y tasas, fuentes gratuitas de agua, enormes extensiones de territorio en calidad de concesiones, etc. 

Gobernantes, parlamentarios, medios de información y dirigentes empresariales reiterativamente señalan que la inversión extranjera en la minería incentiva el crecimiento económico y crea nuevas fuentes de empleo.  Varios ejemplos demuestran que más es el número de empleos que se pierden que los que se ganan.  La actividad minera es incompatible con otras actividades productivas como la agricultura, la ganadería y el turismo que generan muchos puestos de trabajo.  Cada vez que se instala una empresa minera, las poblaciones locales se quedan sin fuentes de sustento y se expulsa mano de obra.  En la población ecuatoriana de Pacto, una zona rica en biodiversidad ubicada en el nor-occidente del Ecuador, la empresa española Remimar ofrecía apenas 12 empleos, pero de permitirse la explotación minera habría desplazado a centenares de campesinos que viven de la elaboración de la panela, de la ganadería o el turismo. 

Quienes asocian inversión minera con empleo, tampoco se preguntan sobre la calidad de este último o los daños en la salud de los trabajadores y los seres vivos en general.  No solo los trabajadores sino todas las comunidades colindantes a una mina están expuestos a graves enfermedades derivadas de la exposición a sustancias tóxicas como polvos de sílice, plomo, azufre, mercurio, cianuro, etc.  que se generan en todas las fases de la actividad minera.  La acumulación de estos elementos en el organismo humano provoca cuadros de intoxicación aguda, enfermedades de la piel, alternaciones de los sistemas nervioso y respiratorio, alteraciones en el metabolismo e incluso la muerte, cuando la concentración de tóxicos es muy alta.  (4)

Las actividades de las transnacionales en América Latina se inspiran en los principios de “maximizar las ganancias a cualquier costo con la máxima impunidad”, tan característicos del capitalismo salvaje y de rapiña actualmente en boga, como señala el sociólogo peruano Iván Salas Rodríguez.  Las mineras arrasan todo lo que se atraviesa en su camino para conseguir sus objetivos: se introducen en áreas de conservación ecológica, arrasan con los bosques y con todos los seres vivos que allí habitan, se apropian de las fuentes de agua y de la energía eléctrica, contaminan ríos y lagos, desplazan a comunidades indígenas y campesinas o sectores urbanos, provocan divisiones y enfrentamientos entre las comunidades, sobornan y compran a autoridades nacionales y locales, etc. 

Minería de “cielo abierto”

La modalidad de explotación que mayoritariamente utilizan las corporaciones mineras es la denominada de “cielo abierto” o de “tajo abierto” que ha venido a sustituir a la minería subterránea que se empleaba en el pasado y resultaba más costosa.  De esta manera, y utilizando tecnología de punta, están en capacidad de encontrar concentraciones microscópicas de metales, pero para ello tienen que remover cientos de toneladas de suelo y subsuelo, formando inmensos cráteres en forma de bancos o escalones gigantes.  Con ello se afectan grandes superficies de terreno.  Conforme avanza la explotación de los minerales, el oramen se va ampliando más y más.  En ciertos casos se afecta el territorio donde viven las poblaciones.  En Cerro Pasco, Perú, por ejemplo, la mina se encuentra en la mitad de la ciudad y la empresa Volcán Compañía Minera presiona a las autoridades municipales para que se amplíe más y más el tajo abierto.  Para conseguir sus propósitos, la empresa incluso organizó una movilización con sus empleados que gritaban “si no hay tajo, no hay trabajo”, sin embargo la empresa no ha respondido por los daños a la salud causados a los niños víctimas del plomo en la sangre o por el destino de 1800 viviendas cuarteadas por las explosiones diarias que ocurren al interior del tajo abierto.  (5)

 La minería de “cielo abierto” implica la destrucción absoluta de los ecosistemas donde suelen encontrarse los minerales, provocando una “degradación irreversible en calidad y cantidad de los recursos del suelo, bosque, agua y de los ecosistemas y de los bienes y servicios que estos proporcionan”.  (6)

Las actividades mineras implican la utilización de grandes volúmenes de agua y de energía eléctrica.  Sin estos dos elementos, simplemente la minería no podría llevarse a cabo.  Por eso, las concesiones mineras en América Latina se sitúan junto a las fuentes hídricas.  Esto ha introducido una fuerte disputa de las corporaciones privadas con las poblaciones locales por este vital recurso.  Las comunidades se sienten afectadas no solo por la escasez del agua sino por la contaminación de la misma.  Sin agua, se alteran los ecosistemas, se apaga la vida, se mueren los bosques, decaen la agricultura y la ganadería afectando la soberanía alimentaria de campesinos e indígenas, a quienes no les queda otro camino que la migración. 

La activista ecuatoriana Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica, apunta algunos impactos sociales de las actividades mineras.  “La minería – señala- produce desplazamientos pues es incompatible con la agricultura.  Al desplazarse los cultivos, los poblados terminan convirtiéndose en distritos mineros y todo comienza a girar en torno a la minería.  La inflación es alta, porque todos los precios se disparan a los niveles que pueden pagar los que trabajan en las minas, se tornan zonas peligrosas, se extiende el alcoholismo, se abren prostíbulos donde se contratan a jovencitas de los lugares, aparecen las enfermedades de transmisión sexual, empiezan a cambiarse las costumbres, se rompen las economías locales y se termina empobreciendo mucho más a la poblaciones”. 

Pero mientras el ambiente y las condiciones sociales de las poblaciones se deterioran, las ganancias fluyen en abundancia hacia las transnacionales y los países desarrollados.  “La Minera Escondida, el yacimiento de cobre más grande del mundo, ubicado en el norte de Chile, está obteniendo -si se proyectan a doce meses sus utilidades en el primer semestre- ganancias en el año equivalentes a US$6.000 millones.  El país experimenta una exacción indignante.  El petitorio presentado actualmente por los trabajadores de la mina constituye un porcentaje reducido si se compara con las utilidades empresariales.  El tema de fondo que queda planteado es quién se apodera de los beneficios producidos en la explotación de un recurso natural por el cual prácticamente no se cancela renta por su explotación.  El chileno queda al margen del boom en la explotación de riquezas que contiene el territorio nacional.  La nacionalización de la gran minería cuprífera privada vuelve a mostrar su necesidad o a lo menos establecer el cobro de un royalty real”, escribe el analista Hugo Fazio.  (7)

Aunque el “boom” minero puede considerarse ya un fenómeno regional, hemos seleccionado algunos países para analizar no solo los impactos de la actividad minera sino las manifestaciones de resistencia de las comunidades afectadas. 

Ecuador

En el Ecuador las transnacionales mineras han encontrado fuertes resistencias de las poblaciones que serían afectadas, sin embargo éstas no dan su brazo a torcer.  Este es el caso de Intag, una zona rica en agua dulce y biodiversidad situada en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador.  Hacia 1995 se instaló allí la empresa japonesa Bushimets, subsidiaria de Mitsubishi Corporation, y empezó la fase de exploración con el ojo puesto sobre los ricos yacimientos de cobre que existen en esta zona que pertenece a la reserva natural Cotacahi Cayapas. 

Los primeros trabajos de exploración de los empresarios japoneses no auguraban nada bueno para las gentes sencillas, pobres y hospitalarias de estas apartadas tierras.  Pronto vieron cómo se contaminaban las aguas de los ríos, los niños enfermaban de la piel, los boques primarios eran talados y disminuía la mano de obra para las tareas agrícolas.  Los campesinos se organizaron y emprendieron acciones legales y peticiones a las autoridades que no dieron ningún resultado.  Todas las acciones fueron infructuosas.  Entonces en mayo de 1997 pasaron del dicho al hecho y se tomaron un campamento de la empresa.  Tras inventariar los equipos y entregarlos a la Alcaldía del cantón Cotacachi, le prendieron fuego a las construcciones de madera.  Los campesinos fueron enjuiciados por los japoneses pero luego sobreseídos en 1998 al no encontrarse pruebas en su contra.  La empresa japonesa se marchó, pero actualmente está la canadiense Asendant Copper Corporation que se encuentra empeñada en comprar las tierras a los campesinos a precios exorbitantes con la finalidad de iniciar actividades mineras, según ha denunciado moradores y la organización ambientalista Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN).  La empresa, según ésta última, habría invertido hasta mayo de 2005 medio millón dólares para adquirir unas 980 hectáreas de tierra, aunque su intención es apoderarse de 1000 más e invertir hasta un millón de dólares.  Adicionalmente cuenta con 9.000 hectáreas que le fueran dadas en concesión por el Estado.  (8)

Con el fin de ganarse a la población que vive en condiciones de pobreza y desatendida por el Estado, la empresa financia proyectos educativos y de atención sanitaria, a la vez que ha abierto oficinas de información en Cotacachi, Apuela y García Moreno.  La empresa ha logrado dividir población, pero no ha conseguido aplacar la resistencia de los campesinos que realizan labores de vigilancia e incluso han retenido a empleados de la empresa canadiense, demandando la salida de la empresa de la zona.  Por este motivo, dos moradores se encuentran presos. 

Intag es una de las decenas concesiones mineras que el Estado ha otorgado a las empresas nacionales y extranjeras.  Según la organización Acción Ecológica, un 20 por ciento del territorio ecuatoriano se encuentra concesionado para minería, lo que equivale a 5 millones y medio de hectáreas aproximadamente, de las cuales 2 millones se encuentran en bosques protectores “con funciones ecológicas irremplazables.  Por las características geográficas, físicas y de biodiversidad del país, esto se torna inaceptable.  Las concesiones se encuentran en zonas sumamente frágiles porque son fuertes pendientes, zonas de alta biodiversidad, nacientes de ríos, áreas protegidas, territorios indígenas, provincias densamente pobladas, sitios de importancia ecológica, tierras agrícolas y en algunos casos reúnen estas características a la vez” (9 )

Perú

El asesinato de Isidro Llanos Chavarría, poblador de Combayo (departamento de Cajamarca), el pasado 2 de agosto por parte de elementos de seguridad de la Minera Yanacocha (cuyo accionista principal es la estadounidense Newmont, la primera productora de oro del mundo) mostró hasta donde pueden llegar las mineras para lograr sus propósitos.  El hecho ocurrió luego de que los comuneros de Combayo se movilizaron para impedir que esta empresa ampliara sus actividades hacia Caracuho II, afectando las fuentes de abastecimiento de agua.

Combayo es una de las 3200 comunidades que se encuentran actualmente afectadas por las actividades que desarrollan corporaciones como Cerro Verde, Barrick Misiquichilca, Gold Fields, Buenaventura, Yanacocha, BHP Billiton Tintaya, Minera Majaz y otras.  El régimen de Alberto Fujimori, luego del golpe del 5 de abril de 1992, estableció el marco jurídico y constitucional que ofrece enormes facilidades jurídicas, tributarias y de seguridad para hacer posible el saqueo de los recursos naturales.  La Constitución de 1993 permite a las empresas extranjeras repatriar el total de sus capitales y utilidades, un acceso rápido a las concesiones, que son irrevocables, perpetuas y están libres de impuestos, no discriminación con respecto con el trato al capital nacional, etc.  Los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García han continuado con estas políticas Gracias a estos beneficios y prebendas, 12 de las 20 mineras más grandes del mundo se han establecido en el Perú obteniendo concesiones por 10 millones de hectáreas, aunque aspiran a ocupar 60 millones de hectáreas.

¿Con precios tan altos de los minerales, cómo se reparte el pastel en pleno boom minero? Las mineras extranjeras se llevan la parte del león y dejan las migajas al país.  La riqueza fluye hacia el exterior y queda la pobreza y la contaminación.  En el departamento de Huancavelica, Minas Buenaventura tiene 4 minas y registró utilidades de 110.5 millones de dólares, pero la pobreza afecta al 88% de la población.  En Cajamarca, la empresa Yanacocha produjo tres millones 300 mil onzas de oro, si se multiplica por 600 dólares (junio de 2006) que cuesta cada onza, las ganancias son fabulosas, sin embargo en este departamento la pobreza afecta a un 77.4 % de la población, es decir a un millón 260 mil habitantes, según datos de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).  Lo que sí ha dejado la compañía son enfermedades: un derrame de mercurio en junio del 2000 en la localidad de Choropamba causó la intoxicación de 220 personas y contaminó las fuentes de agua de este departamento.  (10) Situaciones parecidas se dan en Pasco, Apurimac, en la Oroya, en Tambo Grande y en todas las zonas mineras. 

Miguel Palacín, dirigente de la CONACAMI, dijo a ALAI que las tierras de comunidades indígenas y campesinas de Costa, Sierra y Amazonía se encuentran amenazadas ya que con la legislación vigente pueden ser expropiadas aplicando la figura de la servidumbre, que es no es otra cosa que una forma de expropiación disfrazada.  En segundo lugar, la minería está provocando terribles impactos ambientales.  De los 53 ríos que van al Océano Pacífico, 16 están contaminados con metales pesados y componentes ácidos y tóxicos que se usan para procesar los minerales.  Esto provoca muertes, enfatiza Palacín, pues hay ciudades enteras que toman esta agua, además, la agricultura está disminuida y hay enfermedades por todo lado. 

Los impactos y las amenazas de las actividades mineras ha sido de tal magnitud que ha provocado la formación, en los últimos años del siglo XX, de un movimiento social de las víctimas de la minería representado en la CONACAMI que ha sido reconocida como un interlocutor válido tanto a nivel nacional como internacional.  La CONACAMI agrupa a 1650 comunidades, estando presente en 18 de los 25 departamentos del Perú.  Esta organización ha desarrollado varias acciones contra las actividades mineras que son sinónimo de destrucción y muerte, en varias zonas las empresas han sido expulsadas y cuatro campamentos han sido quemados.  La movilización popular ha impedido, por ejemplo, que la empresa Yanacocha se apropie de las agua del cerro Quilish y de las microcuencas de los ríos Grande y Porcón que abastecen de agua a 155 mil habitantes del departamento de Cajamarca. 

La respuesta del Estado ha sido la criminalización de la protesta social.  “A los líderes se nos persigue, nosotros tenemos a 740 dirigentes enjuiciados, 150 en camino en ser enjuiciados, 5 muertos que ha significado la lucha de las poblaciones en el norte del país especialmente.  Los gobiernos, los medios y las propias empresas etiquetan a la organización como extremista, violenta, como que está propiciando actos terroristas y eso van poniendo en la agenda pública, para que el día en que alguien se movilice y sean la policía y las fuerzas represivas las que repriman a la gente”, señala Palacín. 

Argentina

Cuarenta y nueve plantas mineras ubicadas en las provincias de Chubut, San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Salta, La Rioja, Jujuy, Mendoza y Catamarca se encuentran en plena producción.  Muchas de las corporaciones extranjeras han venido instalándose desde 1970, pero a partir del gobierno de Carlos Menem su presencia es más notoria, aprovechando las políticas neoliberales que puso en marcha y que, al igual que hizo Fujimori en el Perú, establecen condiciones escandalosas a favor de los inversionistas como la exención de impuestos, devolución del IVA para las exportaciones realizadas, regalías del 3 % (que en la práctica es del 1%) y la cláusula de “estabilidad fiscal” que determina que ninguna ley o decreto podrá modificar en el futuro la situación impositiva existente al momento en que es aprobado el Estudio de Factibilidad aprobado por las autoridades. 

Los proyectos futuros que tienden a convertir a Argentina en un país minero, como lo recomienda el Banco Mundial, han encendido las alarmas de los habitantes y de los ambientalistas.  En el país se proyecta establecer, con la venia del gobierno de Néstor Kirchner, 600 emprendimientos mineros a desarrollarse en 10 provincias del país.  Un monto de cinco mil de dólares planean invertir empresarios de Estados Unidos, Canadá, Europa y China para los próximos cinco años. 

Actualmente hay varias zonas de resistencia a las actividades mineras.  En Chilecito, la Rioja, los vecinos se oponen a la instalación de la canadiense Barrik Gold que pretende explotar oro, plata, molibdeno y cobre que contiene las profundidades del cerro Famatina.  Vecinos de Esquel, en la provincia patagónica de Chubut, rechazan las pretensiones de la minera estadounidense Meridian Gold de extraer oro mediante el método de cielo abierto que implica no solo la utilización de cianuro sino la contaminación de las aguas, la destrucción del equilibrio ecológico debido a la destrucción indiscriminada de montañas mediante el uso intensivo de potentes explosivos. 

Los pobladores de Santa María, Belén, Andalgalá, provincia de Catamarca, se encuentran igualmente en la lucha pues ya tienen experiencia de lo que significa la explotación minera.  Desde hace casi 10 años en que se instaló el consorcio suizo- canadiense “Bajo la Alumbrera” para explotar oro, cobre y otros metales, viven una pesadilla.  Como producto de la contaminación, los sembríos se secaron, sus animales se mueren o padecen de enfermedades que antes no se conocían, aumentaron los casos de cáncer y problema respiratorios, cayó en un 70% la producción agrícola.  A ello, hay que agregar los derrames de sustancias tóxicas.  “El producto bruto que se extrae es un barro ácido y mineral que es transportado por un mineraloducto (un inmenso caño ubicado bajo tierra de 310 kilómetros de largo que va de Catamarca a Tucumán) que ya padeció cuatro importantes roturas.  Luego este producto es transportado hasta la provincia de Santa Fe en trenes de la misma empresa para luego ser enviado al exterior”.  (11) En septiembre del 2004, la mezcla altamente tóxica del mineraloducto roto contaminó el río de Villa Vil dejando sin agua por varios días a la población de Belén.  Pero los derrames también han provocado desastres ambientales en Tucumán, lo cual fue reconocido por la empresa que tuvo que pagar una indemnización. 

Pese a que Catamarca cuenta con uno de los yacimientos de oro y cobre más grandes de América Latina, constituye una de los más pobres del país.  La paradoja es que Argentina importa los minerales que diariamente salen de su subsuelo, pues las empresas extranjeras exportan el producto bruto, es decir el concentrado de todos los metales, y luego importan los minerales y metales que requiere el país. 

Centroamérica

La historia reciente de la minería en Centroamérica no difiere mayormente de la de América del Sur.  Las mismas ambiciones de las transnacionales, el Banco Mundial impulsando la actividad minera, legislaciones hechas a medida de los señores del oro y del cobre, comunidades que resisten.

Guatemala

Los propios asesores legales de las empresas diseñaron una ley de minería que entró en vigencia en 1997, durante el gobierno de Álvaro Arzú, que contempla la entrega gratuita del agua, apenas el 1 % de regalías y carece de artículos que aseguren compensaciones por contaminación, pérdidas o accidentes, garantías de buen trabajo ambiental, seguridad laboral y de salud para los trabajadores.  Es tan entreguista esta ley que en febrero de 2005, por la presión social, se integró una comisión de alto nivel integrada por autoridades gubernamentales y otro sector de la sociedad civil encabezada por la iglesia para diseñar una nueva ley de minería que luego de varios desacuerdos, hasta agosto de este año, no había podido arribar a un proyecto de consenso. 

Pero aún antes de que se produzca el debate jurídico, la empresa minera canadiense Gladis Gold Co a través de la compañía Montana Exploradora S.A.  ya se había instalado para explotar oro y plata en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa.  El proyecto, incluso ya en su fase de exploración, generó conflictos sociales por la amenaza de contaminar la cuenca del río Cuilco y la subcuenca del río Tzalá, en el occidente del país. 

Desde los primeras semanas de 2004, el pueblo de Sipakapa terminantemente dijo no a la instalación de las actividades mineras en la zona.  Cuando la empresa pretendía trasladar un gigantesco cilindro, los pobladores retuvieron el mismo, pero el gobierno central envió a 1000 soldados para garantizar la seguridad del aparato, produciéndose enfrentamientos que dejaron un muerto y decenas de heridos. 

Sin embargo, la resistencia del pueblo de Sipakapa no desmayó sino que se fortaleció adoptando nuevas estrategias.  En el 2005, se realizó una consulta popular con la participación de 2.486 personas de las cuales el 98% expresó su rechazo a las actividades mineras.  Similares experiencias democráticas se han repetido en Comitancillo, Santa María Chjiquimula, Santa María Visitación, Santa Eulalia y Totonicapán que ha sido ignoradas por el presidente Oscar Berger. 

El Salvador

Aunque la minería en El Salvador data del siglo pasado, es a comienzos de este siglo que las autoridades hacen reformas a la ley y su reglamento presentando a esta actividad como “alternativa de desarrollo frente a la crisis del sector agropecuario”.  Hasta el año 2006, las autoridades habían concesionado 37 áreas con fines exploratorios, de las cuales 30 corresponden a minería metálica y el resto a materiales áridos.

Los proyectos mineros coinciden con las principales cuencas hidrográficas del país como son las cuencas del río Lempa (que representa el 60% de los recursos hídricos del país), del río Grande de San Miguel y del río Guascarón.  De proseguir los proyectos mineros se pondría en grave peligro el abastecimiento de agua para millones de personas y se afectaría gravemente al ecosistema. 

“Para el caso del proyecto minero El Dorado, llevado a cabo por la empresa minera canadiense Pacific Rim Mining Corporation”, en el cantón Francisco el Dorado, del Municipio de San Isidro, departamento de Cabañas, se estima que existe una reserva comprobada de 490,758 onzas de oro y de 3,2 millones onzas de plata, para lo cual deben de demoler 750 toneladas de tierra al día, utilizando 10,4 litros de agua por segundo, lo que equivale aproximadamente a 327.9 millones de litros al año, y si se considera que este proyecto minero tiene como promedio de vida 6.2 años, además de los 37 proyectos de minas en todo el territorio salvadoreño, entonces estamos hablando de millones de litros de agua utilizados y contaminados por metales pesados por la actividad minera.  Las comunidades (…) ubicadas en las zonas del proyecto ya carecen de agua, reciben agua una vez a la semana por lo que la posibilidad de que el proyecto minero se implemente les amenaza con sufrir una mayor escasez”, señala una demanda presentada por organismos de la sociedad civil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.  (12)

La protesta social contra este proyecto no se ha hecho esperar.  Conmerando el 23 de agosto del 2006 el primer aniversario de la constitución del Comité Ambiental en Defensa del Agua y la Cultura de Cabañas, unas 500 personas marcharon hacia la población de San Isidro donde se pronunciaron contra el proyecto minero, argumentando la defensa del agua, la salud, la producción y la economía de las comunidades que se verían afectadas por la empresa Pacific Rim Mining Corporation que ha iniciado la explotación del oro en un área de 310 km2.

Honduras

En este país la tragedia se repite.  Muchos pobladores del Valle de Siria en Honduras se ilusionaron con la idea de que la explotación minera traería desarrollo y empleo a la zona.  Sin embargo las actividades de la empresa “Minerales Entre Mares de Honduras”, subsidiaria de la transnacional canadiense Gladis Gold, que extrae oro mediante una concesión de explotación firmado el 10 de enero del 2000, ha decepcionado a muchos.  El Comité Ambientalista del Valle de Siria presentó un estudio elaborado por el biólogo Flaviano Bianchini y el doctor Juan Almendariz Bonilla que indica que la sangre de varios pobladores del Valle de Siria contiene porcentajes de arsénico, plomo y cianuro superiores a los especificados por la Organización Mundial de la Salud.  (13)

Considerando la contaminación de las aguas de la Quebrada Guanijiquil, Agua Tibia y de los pozos domésticos, y el alarmante aumento de casos de mortalidad infantil, estrabismo y enfermedades como atrofia muscular espinal en niños y niñas, Bianchini recomendó el cierre de la empresa Entre Mares.  “Por tratarse de un rubro económico depredador, contaminante y enfermante, las empresas mineras que operan en Honduras deben cerrarse”, corroboró el científico Juan Almendares Bonilla.  Una recomendación que bien harían en seguir los gobernantes de varios países latinoamericanos donde la minería de cielo abierto está provocando muerte y desastres ambientales irreversibles.

Notas

(1) Gutiérrez Alberto, El desarrollo depende del tercer mundo, http://alainet.org/active/13512&lang=es

(2) Beinstein Jorge, El irresistible ascenso del oro,

 http://www.ceicom.net/mod-pagesetter-viewpub-tid-8-pid-52.html

(3) Fazio Hugo, Minera Escondida: Ejemplo de despojo al país, 8-09.2006 http://www.ircamericas.org/esp/3497)

(4) Impactos de la minería en la salud, Boletín de Acción Ecológica Nº 67, Quito, junio, 1999. 

http://www.ceicom.net/mod-pagesetter-viewpub-tid-8-pid-56.html

(5) Sosa Santiago Hugo, Los mineros salieron de la mina..  ¿rumbo al tajo o la vida?, http://alainet.org/active/12423

(6) Asociación Civil Colectivo Madre Selva et al, Expansión de concesiones y actividades mineras en territorios centroamericanos, demanda contra los diferentes gobiernos de la región Centroamericana presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

(7) Op.  cit.  Fazio

(8) http://www.decoin.org

(9) “¿Minería sustentable? ¿Para quién?”, Boletín de Acción Ecológica Nº 124, Quito, marzo, 2003. 

(10) Ibid

(11) Janowicz Verónica, “Catamarca, La pesadilla minera”, http://www.ceicom.net/mod-pagesetter-viewpub-tid-8-pid-51.html

 (12) Op.  cit.  Asociación Civil…

(13) Comunicación Comunitaria, Recomiendan cancelación de mina Entre Mares, http://alainet.org/active/12917&lang=es

-  Publicado en América Latina en Movimiento Nº 412, 27 de septiembre 2006, Quito, p. 22