Entre los días 8 y 11 de noviembre tuvo lugar en Gijón (España) el Tribunal Internacional de Opinión para juzgar la Deuda Externa, organizado por la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias dentro del marco de la campaña ¿Quién debe a quién? El objetivo del mismo era enjuiciar la responsabilidad del Gobierno español, las empresas transnacionales españolas y las Instituciones Financieras Internacionales en relación con los daños causados por la llamada deuda externa en los pueblos del Sur.

Se trataba de analizar las consecuencias de la deuda externa, que empobrece a los pueblos al deteriorar el medio ambiente, causa un daño que se trasmite a las futuras generaciones, fractura la convivencia y la organización política, impide un desarrollo democrático de los pueblos, afecta especialmente a las mujeres profundizando así la brecha de género y propicia flujos migratorios masivos e incluso conflictos armados. Para ello, el tribunal se organizó en tres ejes de intervención: deuda externa y migraciones; deuda externa y género; deuda ecológica. En cada uno de los ejes se contó con la presencia de abogados defensores y acusadores particulares, así como de testigos y expertos/as sobre los asuntos en cuestión, provenientes del Estado español, Argentina, Uruguay, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia e Indonesia.

En cuanto a la relación de las migraciones con las políticas de generación y mantenimiento de la deuda externa, se pudo constatar que “las políticas impulsadas por las Instituciones Financieras Internacionales, así como los tratados de libre comercio, atentan contra el empleo estable de los países del Sur, provocan el empobrecimiento de los mismos y afectan directamente a la sociedad, que se ve forzada a la emigración tanto dentro del propio país como hacia otros países” [1]. Las intervenciones de los testigos y expertos incidieron en que “las migraciones suponen una evasión de recursos económicos y humanos de los países del Sur. Estos recursos generan una riqueza muy importante en los países de acogida que no es compensada en absoluto por las remesas, es decir, la emigración supone una fuga de capital desde el Sur al Norte”.

Por lo que respecta a la cuestión de género, la deuda externa “afecta a la vida de las mujeres en lo que se refiere a condiciones laborales miserables y no reconocimiento del trabajo no remunerado, discriminación sexual, pobreza, prostitución, esclavitud sexual, problemas de salud y falta de acceso al poder político”. En este apartado se hizo una mención especial a las políticas aplicadas por el Banco Mundial, el cual controla, mediante la financiación, a las organizaciones nacionales de mujeres vinculadas al poder político, con lo que consigue que éstas avalen su perspectiva acerca del género.
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Finalmente, en el eje de deuda ecológica se hizo hincapié en detallar cómo el Gobierno español impulsa, mediante organismos como ICO y CESCE, entre otros, las exportaciones e inversiones directas en el exterior que conculcan el derecho ambiental de las poblaciones del Sur. Además, “el Gobierno no tiene establecidos mecanismos adecuados de control y desatiende sus obligaciones referentes a los derechos ambientales de la ciudadanía, (...) e impulsa políticas económicas basadas en el consumo desproporcionado de recursos que acaban forzando altos niveles de importaciones que en ocasiones repercuten negativamente en la vida de la ciudadanía de los países del Sur”. Asimismo, hubo lugar para analizar cómo las empresas transnacionales españolas contribuyen a la generación de una gran deuda ecológica y social, lo que pudo comprobarse, por ejemplo, con las ponencias de dos testigos que explicaron los impactos que tiene la presencia de las multinacionales Repsol YPF y ENCE en Colombia y Uruguay, respectivamente.

En definitiva, se puede decir que el tribunal fue un éxito en cuanto a la participación de la gente en las actividades, así como muy fructífero en lo que respecta a los contenidos tratados en el Encuentro. Se ha podido avanzar un paso más en el largo camino de denuncia de las consecuencias que tiene la deuda externa y en la exigencia de la abolición de la misma. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que supone cultural, social y ambientalmente para los pueblos de los países deudores, ha servido para que la pregunta que da nombre a la campaña resuene con más fuerza que nunca: ¿quién debe a quién?

- Pedro Ramiro, Asociación Paz con Dignidad, Observatorio de Multinacionales en América Latina http://www.omal.info