A casi seis semanas del inicio del nuevo período presidencial, la agenda del gobierno entrante empieza a delinearse. La visita del Presidente Electo a Brasil y los compromisos acordados con el gobierno de Lula nos muestran claramente que la explotación petrolera continuará siendo una actividad económica prioritaria para el Estado ecuatoriano, hasta el punto de que a su ritmo marchen, como lo han hecho desde el inicio de la era petrolera en los setentas, los procesos de cambio en los patrones de ocupación del espacio en la amazonía ecuatoriana.

Correa ha anunciado el inicio, en su gobierno, de la operación del proyecto ITT, con el argumento incontrastable de los novecientos millones de barriles de su reserva. (Diario Hoy, 11 de diciembre de 2006). La explotación de un proyecto hidrocarburífero de esa envergadura provocará un segundo “boom petrolero”. Su desarrollo y producción se calcula costará 1.667 millones de dólares y su industrialización otro tanto (Reyes y Ajamil:2005). Una inversión de esa naturaleza provocará sin duda, una importante dinamización de la economía y los beneficios cuando lleguen, constituirán una oportunidad para el Estado de contar con los recursos necesarios para atender las enormes necesidades sociales. Sin embargo, la infraestructura que se requerirá instalar para extraer y transportar el crudo pesado cambiará para siempre una región de humedales frágiles y megadiversos, afectando áreas protegidas y el territorio ancestral de pueblos indígenas, algunos incluso en aislamiento voluntario.

Consecuente con la decisión de empujar el ITT, Correa se manifiesta entusiasta del Proyecto Multimodal Manta-Manaos (La Hora, 10 de diciembre de 2006) y parece ser que comprometió el apoyo de Lula da Silva para financiar los dos mil quinientos millones de dólares que costaría su construcción, bajo la modalidad “llave en mano” por la que la beneficiaria del contrato de construcción de las carreteras, puentes y viaductos sería la empresa brasileña Oderbretch (Ecuadorinmediato.com 10 de diciembre de 2006)

Hasta el momento parece que en los próximos años veremos surgir ante nuestros ojos una nueva amazonía norte, atravesada por una carretera que lleve a través de lo que hoy es la selva de las riveras del Napo, convoyes de traileres que conduzcan mercadería desde el puerto de Manta, hasta Nuevo Rocafuerte, (la próxima Ciudad Juárez amazónica) para embarcarla hasta Manaos y el Atlántico y viceversa.

Este panorama se complementará con una refinería en Jaramijó, obra imprescindible para romper la lógica perversa de ser un país exportador de crudo e importador de derivados, pero que requiere, a más de una inversión de tres mil millones para su construcción, otra parecida para el oleoducto de crudos pesados que permita llevar el crudo desde el ITT.

Grandes proyecto con grandes impactos. También, grandes oportunidades. La decisión de explotar el ITT ha sido una política de Estado, gestada por décadas por los gobiernos de turno. El eje multimodal es parte del IIRSA, programa financiado por el BID, la CAF y FonPlata para integrar las infraestructuras de transporte del continente a fin de facilitar el libre comercio.

Nada nuevo bajo el sol.

Si estos proyectos hubieran sido anunciados por un presidente electo abiertamente neoliberal, todos los sectores “progresistas” estaríamos poniendo el grito en el cielo. Como fueron anunciados por un presidente electo de izquierda, que ganó las elecciones con una propuesta nacionalista y antioligárquica, queremos creer que es posible ejecutarlos poniendo por delante de los intereses crematísticos del capital transnacional, los derechos humanos de la gente sencilla y la integridad de un medio natural privilegiado. Además, con un manejo inmaculado de los fondos públicos y pensando siempre en que primero es la Patria. Sin embargo, la experiencia histórica del Ecuador como país petrolero nos hace ser pensar que embarcarse nuevamente en el tren sin frenos del modelo extractivista petrolero terminará, muy probablemente, en un nuevo desastre ambiental y social.

Varios de los hombres y mujeres clave en el nuevo gobierno han hecho su carrera denunciado la política petrolera resuelta en el conventillo de los interesados en el negocio de los hidrocarburos y exigiendo transparencia y apertura para el debate franco y no excluyente de las opciones de desarrollo para el país. Ahora que serán gobierno, queremos verlos a la altura de sus trayectorias.

Las organizaciones sociales, el movimiento indígena, el movimiento ambiental, la academia y la ciudadanía progresista están llamados a apoyar al gobierno de Rafael Correa en la reforma política que ha ofrecido, de la mejor manera posible, esto es, exigiendo el cumplimiento de su plataforma de campaña; permaneciendo vigilantes de que el respeto a los derechos humanos sea el primer deber del Estado, como manda la Constitución y ayudándolo a encontrar las alternativas de desarrollo más compatibles con la dignidad humana y la integridad de la naturaleza.

Mientras tanto observamos y alertamos a las organizaciones amazónicas respecto a estas iniciativas del Presidente Correa a fin de que se preparen para el momento cuando, de acuerdo a la Constitución y los instrumentos internacionales vigentes, el Gobierno realice la respectiva consulta previa a fin de obtener el consentimiento de los directamente afectados.