En testimonio previo, la víctima responsabiliza de su muerte a las empresas de seguridad Delta Security Service y la de Seguridad Técnica de Honduras (SETECH)

Organizaciones defensoras de los derechos humanos demandaron ayer en conferencia de prensa, el esclarecimiento del asesinato de Dionisio Díaz García, quien se destacaba como abogado del Proyecto de Derechos Laborales para Grupos Vulnerables de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

Dionisio Díaz García fue acribillado a tiros el lunes en horas de la mañana, por dos pistoleros que se conducían en una motocicleta, en el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. Díaz García estaba casado con Lourdes Elvir y le sobrevive un hijo varón de apenas 4 años.

El abogado que perdió la vida a manos de sicarios, manejaba varios casos laborales en unas 13 empresas de seguridad, algunas de las cuales se mostraron anuentes a buscar una conciliación con los trabajadores demandantes, pero otras como Delta Security Service y la Seguridad Técnica de Honduras (SETECH) se resistieron a resolver las demandas de los trabajadores.

Revistazo.Com, una publicación digital de La Asociación Para una Sociedad Más Justa ASJ, hizo publicaciones sobre los atropellos a los derechos laborales en las compañías de seguridad. La divulgación de los hechos provocó que representantes de la empresa DELTA y SETECH, pretendieran ingresar por la fuerza a las instalaciones de este medio de comunicación el pasado 19 de septiembre.

Entre los visitantes de aquella oportunidad, figuró el señor Richard Swasey, gerente de Delta, junto a uno de sus apoderados legales Efrén Aguilar, el jefe de Recursos Humanos Roberto Fúnez, Roger Medina López, jefe de Operaciones de SETECH y 3 personas más que no quisieron identificarse.

Ese fue el inicio de una serie de hostigamientos, campos pagados por las empresas de seguridad para desprestigiar a los periodistas de Revistazo.com, vigilancia de las instalaciones de ASJ en vehículos polarizados, sin placas, llamadas anónimas a celulares y amenazas vertidas por ejecutivos y funcionarios de las empresas citadas y dirigidas al equipo periodístico que seguía de cerca, junto a los abogados las violaciones laborales de que eran objeto guardias de seguridad.

El abogado Dionisio Díaz García recibió numerosas amenazas por la vía telefónica y una de ellas a través de un mensaje dirigido a su celular, en el cual se advertía de un posible atentado contra su persona.

A raíz de las constantes amenazas, el personal de ASJ interpuso las denuncias en diferentes instituciones, como: la Fiscalía de Derechos Humanos, el COFADEH, el Ministerio de la Presidencia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), pero estas instancias recomendaron que mejor se avocaran ante la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Andrés Pavón dijo que los defensores de los derechos humanos "hemos estado insistiendo que en Honduras la seguridad de todos y todas está en riesgo con las actuales autoridades que tenemos".

Pavón sostuvo que hay una serie de funcionarios policiales, incluyendo a directores de policía que son delincuentes. "Al mismo ministro de Seguridad, se le debe seguir juicio porque también él es un delincuente".

Por su parte la Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva afirmó que en el testimonio brindado por el abogado Dionisio Díaz García, expresó que su vida corría peligro y además "deja claro que a quienes teme por su muerte es a la empresa de Seguridad Privada Delta Security Service y Seguridad Técnica de Honduras (SETECH).

Añadió que cuando el presidente Manuel Zelaya ordena en la "Operación Trueno" la participación de empresas de seguridad a actuar en el combate a la delincuencia "eso es un proyecto de muerte y es grave, porque ni el gobierno mismo tiene control sobre dichas empresas de seguridad, que están entonces con licencia para matar".

Delta Security Service y SETECH son a juicio de ASJ, una misma empresa. Se afirma que mantienen contratos con el gobierno de la República a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Hospital Mario Catarino Rivas y Secretaría de Educación. Los montos obtenidos por el servicio de seguridad les representan unos 63 millones de lempiras anuales.

En los próximos meses el Estado estaría llamando a una nueva licitación en la que estará participando la empresa VIP Corporation. Según ASJ dicha compañía pertenece también al mismo grupo de las ya denunciadas.

La vida de la periodista Dina Meza que ha investigado las denuncias de violaciones a los derechos laborales de los guardias de seguridad de Delta Security y SETECH, está en peligro junto a la de sus compañeros de Revistazo.com.

En un comunicado, la ASJ deja constancia que su personal (unas 22 personas) está interesado en un accionar para Dios a través de la búsqueda de la justicia social, pero que su equipo humano está en riesgo físico, porque los enemigos de la democracia y del bien común, ya comenzaron a atacar con violencia.

El asesinato de defensores de derechos humanos, como Díaz García, pone en precario el sistema democrático hondureño, sostiene el documento difundido por ASJ.

- Asociación Comunicación Comunitaria (COMUN)