El clamor de las víctimas es uno: Aplicar justicia pronta y cumplida y nada más.La sentencia a muerte para el ex gobernante de Irak, Saddam Hussein, atizará el divisionismo étnico, religioso y político de este convulsionado país. Festejan kurdos y chiítas la decisión del tribunal, mientras sunitas en duelo protestan. Tal efervescencia ha hecho pronosticar una posible guerra civil, aún cuando algunos opinan que ya se está en ella. El Alto Tribunal iraquí le declaró culpable de ordenar la matanza de 148 chiítas en el año 1982, y aunque sus abogados pueden apelar a la sentencia, una vez quede firme se le estaría ejecutando.

Si bien es cierto que el gobierno de Bush celebró el resultado del tribunal, no es menos cierto que los otros resultados, es decir los que está provocando la guerra en Irak, le pesan políticamente y empiezan a verse las facturas que deberá pagar, aunque no podemos ser optimistas y pensar que pagará conjuntamente, con su equipo más cercano, las muertes de tantos inocentes civiles iraquíes, como correspondería, incluido el resarcimiento moral, psicológico y económico a las familias de las víctimas. Los resultados de las votaciones legislativas son una muestra de ello.

No pretendo, en manera alguna, hacer aparecer a Hussein como la víctima de un proceso; él debe lo suyo. La historia documenta que tras una política fundamentalista, durante su mandato se provocaron acciones de limpieza étnica y se estimularon y profundizaron los odios político religiosos en ese país. Lo terrible de la situación es que el relevo de tales políticas por las actuales gringas, ha derivado en un fortalecimiento de tales odios.

Tan claros y temerosos están los propios líderes de Irak, sobre las posibles implicaciones que podría traer la condena de Hussein a la horca, que han pedido moderación en la celebración. Incluso algunos temen que la aplicación de la sentencia lo transforme en mártir, con lo cual se produciría un empoderamiento simbólico de su figura. Los desencuentros también se han dado entre Estados abolicionistas y los que no lo son. La Unión Europea es un buen ejemplo de la oposición a la pena de muerte, aún cuando ha habido un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el depuesto régimen de Hussein.

Pero ¿cuál es la situación de la pena de muerte a nivel mundial? Esta se encuentra vigente en al menos 90 países en el globo terráqueo, EEUU es el que más sale a relucir, tanto en cifras de ejecuciones como por sus profundas contradicciones. Por ejemplo, históricamente han invadido otros Estados en nombre de la instalación de la democracia, en nombre de la liberación de los pueblos, aún y a costa de la vida de multitudes civiles, incluidos niños y niñas.

Lo grave, en el caso de EEUU, es que, después de la República Popular China, es el país que impone más condenas a muerte; de sus 50 estados, 38 mantienen la pena capital en su constitución, Texas es el abanderado. Sólo en 2001 EEUU ejecutó 49 personas. En el caso de otros países, por ejemplo en Argentina durante el gobierno presidido por Carlos Menem, éste impulsó la aplicación de pena de muerte a delitos relacionados con el narcotráfico, lo cual no dio resultados. Alan García no ha querido quedarse atrás, provocando un relanzamiento de las posiciones favorables a la pena de muerte, las cuales fueron celebradas, oportunistamente, por el embajador guatemalteco en ese país, Luis Pedro Quezada Córdova.

Otros países la aplican para delitos comunes, tal los casos de China, Egipto y Cuba. Por su parte Arabia Saudita la aplica, incluso en casos de homosexualidad. Por ejemplo, en 1992 en las leyes vietnamitas se penalizó con la muerte el delito asociado a drogas, incluso para las mujeres.

Retomando el caso de Irak, diversos informes dan cuenta de denuncias de ejecuciones, las cuales, ni siquiera Amnistía Internacional ha podido comprobar, por no permitírsele acceso a la información. Durante el período de 1979-2003 en el que gobernó Saddam Hussein las ejecuciones no se hicieron esperar, cantidad de ciudadanos fueron ejecutados por diversos delitos incluso se llegó al extremo de ejecutarlos por oponerse al partido de gobierno.

Si bien es cierto que luego de la invasión a Irak, por parte de los Estados Unidos en 2003, se suspendió la aplicación de la pena de muerte, recién en 2004 se la restableció para delitos como: asesinato, violación, secuestro, tráfico de drogas y para actividades o actos terroristas; decisión que ha sido ampliamente criticada por grupos y sectores abolicionistas pro derechos humanos.

Ahora bien, ¿qué esperaba el gobierno de George Bush de cara a la decisión del tribunal Iraquí de condenar a la horca a Hussein?, el tiro le salió por la culata, es evidente el reposicionamiento de los demócratas y con ello mayores probabilidades de crítica a sus políticas guerreristas, lo cual en buena medida también va aparejado al cansancio ciudadano de la pérdida de soldados gringo-latinos en manos de las fuerzas de oposición iraquíes, según los medios de comunicación, desde el inicio de la guerra a la fecha han sido asesinados 2848 de los ocupantes gringos.

Si, tal como dice el primer ministro de Irak, Nuri al-Malikiel; Hussein "está recibiendo el castigo que merece", son obligadas otras preguntas, tales como: ¿Cuál es el castigo que merece Bush y todos sus colaboradores, por las masacres, torturas, violaciones y asesinatos cometidos por sus fuerzas de ocupación, en contra de la población civil? ¿Quién es responsable de la conducción y regulaciones de ese ejército? ¿Quién investigará las múltiples denuncias presentadas?

El clamor de las víctimas es uno: Aplicar justicia pronta y cumplida y nada más.

Margarita Castillo - Investigadora de Incidencia Democrática

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)
http://www.i-dem.org