Amnistía Internacional, el 18 de octubre de 2006, denunció que una nueva ola de amenazas y ataques contra abogados, jueces y familiares puede poner en peligro las causas judiciales contra los presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar en Argentina (1976-1983). Según denuncias recibidas por Amnistía Internacional, la ola de ataques se incrementó a finales de septiembre desde la presunta desaparición de Julio López, testigo en el caso del ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz - recientemente condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos perpetrados durante el último gobierno militar. Entre las personas amenazadas se encuentran aquellas que han actuado públicamente en acciones judiciales en contra de ex miembros de las fuerzas de seguridad argentina en causas de crímenes cometidos durante el gobierno militar o han participado en actos públicos pidiendo justicia. El 12 de Octubre, Claudia Allegrini -- querellante en la causa por la desaparición de su compañero Lorenzo Ismael Viñas, víctima del "Operativo Cóndor" -- recibió en su lugar de trabajo un mensaje que indicaba: "Sra. Claudia Allegrini le estamos comunicando que le reservamos un lugar en la Ley 24411, para que su familia pueda cobrar la indemnización por su desaparición o asesinato (...) Acordate bien que podes ser en cualquier momento uno más. Sabemos todos tus movimientos ¡Pensalo!" El 8 de Octubre Maria Cristina Saborido -- quien estuvo detenida en el centro secreto de detención conocido como "el Pozo de Banfield" en Julio de 1977 -- recibió un mensaje de correo electrónico anónimo que decía "zurda de mierda cuidate porque te vamos a meter picana hasta en el orto, y cuida a tus hermanos porque también se la tenemos jurada y al zurdito del novio de tu hermana lo tenemos enlistado también ya vas a ver lo que le hacemos". Al día siguiente, el novio de su hermana fue atacado a pocas cuadras de su casa por dos hombres que lo tajaron en el brazo llamándolo zurdo de mierda. Jueces y fiscales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Tucumán también han sido blanco de amenazas. "Las autoridades Argentinas tienen el deber de impedir que las amenazas y ataques cumplan con el propósito de evitar que más personas testifiquen en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar," dijo Virginia Shoppee, investigadora de Amnistía Internacional sobre Argentina. Amnistía Internacional llamó a las autoridades Argentinas a ofrecer la protección necesaria a los testigos y miembros del poder judicial que se puedan ver afectados por su justa labor. La organización también urgió al gobierno Argentino a que investigue exhaustivamente las denuncias de ataques y que sus responsables sean llevados a la justicia. "Si las autoridades Argentinas fallan en tomar acciones concretas y desmantelar las estructuras que hacen posibles estos ataques, seria equivalente a renunciar al progreso alcanzado en relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo más oscuro del país," dijo Virginia Shoppee.