El intercambio humanitario de prisioneros entre las FARC y el gobierno colombiano parece hoy más cercano que nunca, si es que algún acontecimiento desgraciado no viene a frustrarlo, como ha acontecido en otras ocasiones. El asunto tiene trascendencia pues es la primera vez que el Estado colombiano parece dispuesto a tal intercambio. Y resulta paradójico que sea precisamente ahora, con el gobierno más autoritario de los últimos años cuando un presidente tan duro como Uribe da el brazo a torcer. Seguramente que este cambio de política oficial tiene que ver con la debilidad del segundo mandato de Uribe que empieza en medio de un caos institucional sin precedentes y con pocas perspectivas de mejora en el inmediato futuro. También juega su papel la presión nacional (e internacional) que no entiende los motivos reales para no acceder al intercambio de prisioneros, como no sea precisamente la necesidad gubernamental de negar a la guerrilla todo carácter político y presentarla a la opinión como un simple grupo de bandidos con el cual no es dado negociar más que su rendición. Pero si Uribe empieza débil su segundo mandato, bien podría sacar fuerzas de flaqueza presentando el intercambio como una muestra de la generosidad de su gobierno. El asunto sin embargo no se ha estancado por años en razón de simples caprichos personales; tampoco los cambios que hoy se registran se pueden explicar como fruto de un mejoramiento del talante presidencial. Sentarse a negociar con las FARC (en las condiciones que la habilidad de los delegados y la correlación de fuerzas determinen) significa reconocer que carece de toda realidad uno de los presupuestos básicos de la política gubernamental de “seguridad democrática” (eje de la administración Uribe), esto es, que en Colombia no existe conflicto armado sino una guerra del Estado y la población contra grupos de delincuentes comunes que se financian con el comercio de psicotrópicos. En efecto, si el Estado está en disposición de intercambiar prisioneros con la guerrilla, ¿por qué no podría estar igualmente dispuesto a entablar con ella un proceso de paz?. En este sentido el último comunicado de las FARC resulta especialmente significativo porque propone que el intercambio de prisioneros sirva para iniciar conversaciones de paz que lleven al abandono de la vía armada y la conversión de esta guerrilla en un movimiento político legal, en un proceso de cambios y reformas que erradiquen los males sociales que han generado el conflicto. Las condiciones para el intercambio por ambas partes pueden parecer inicialmente irreconciliables; pero como ya se sabe, esto es lo normal en este tipo de procesos. En realidad, ninguna de las condiciones parece insuperable. Además, si el intercambio se vincula seriamente con un posible proceso de paz, muchas de las objeciones del gobierno estarían resueltas en la práctica. El destino futuro de los guerrilleros liberados, por ejemplo, quedaría como un asunto mucho menos traumático si a este intercambio sigue un proceso de distensión militar que reduzca o elimine la necesidad de operaciones militares ofensivas. Nadie de buena fe entendería que el gobierno no accediera a cambiar su estrategia de guerra a muerte contra los alzados en armas por otra de distensión y acercamiento si la guerrilla propone sentarse a la mesa del diálogo y hacer callar las armas, ojalá para siempre. El comunicado de las FARC tiene sin duda muchas lecturas; tantas como las tienen las declaraciones del gobierno (a veces contradictorias). El cambio de actitud de Uribe Vélez podría ser el resultado del convencimiento tardío de la imposibilidad de un triunfo militar sobre los insurrectos. Además, el programa de reformas que los guerrilleros proponen como temas a debatir para alcanzar la paz poco tiene que ver con un programa comunista, aunque las FARC lo sean. En realidad muchas de sus propuestas podrían ser suscritas por conservadores y liberales amigos del cambio y practicantes de la sensatez. La guerrilla ha puesto sobre la mesa un programa de reformas que para algunos puede ser irreal, desmesurado o fantástico pero al cual es preciso darle una respuesta política. Reconocer de hecho que la insurgencia armada tiene naturaleza política impone darle una respuesta política sobre todo cuando la respuesta militar ha fracasado. En efecto, ¿Existe algún inconveniente para debatir el TLC que ya tiene detractores –así sea parciales- inclusive entre las filas de neoliberales tan destacables como el Dr. Gaviria Trujillo ex presidente del país y ex secretario general de la OEA? ¿Resulta imposible que el Estado meta en cintura al sector más lumpen de la burguesía colombiana, responsable de buena parte del problema paramilitar? ¿Por qué no es necesaria ni conveniente una reforma agraria integral? ¿Quién se opone a la erradicación efectiva del paramilitarismo y a la depuración a fondo de las fuerzas armadas y de policía? ¿Acaso es imposible que el Estado responda por los desplazados y garantice su retorno? ¿No es impostergable una reforma urbana en el país? ¿Por qué Colombia tiene que someter su política antinarcóticos y antimafias a las necesidades de una potencia extrajera? ¿Realmente sobra el ejercicio de la soberanía nacional? ¿No se están regalando el petróleo, los bosques y demás recursos? ¿Es que alguien sostiene por ventura que las multinacionales actúan de buena fe y solo buscan favorecer el país donde se asientan? Uribe mismo ha respondido al comunicado de las FARC mencionando la posibilidad de una asamblea constituyente o al menos la necesidad de introducir cambios significativos en el ordenamiento jurídico del país, dando a entender que existe un amplio espacio para la negociación y la reforma. Ahora bien y de momento, si los retenidos o encarcelados en ambos bandos pueden regresar pronto a sus hogares la inmensa mayoría de la población sentirá como propia esa liberación y hará suya la felicidad de tantos hogares hoy entristecidos. Mejor aún si este acontecimiento da paso a una negociación para la solución política del conflicto armado. Si termina la actual política de extradiciones y hasta los guerrilleros presos en Estados Unidos pueden regresar a su patria se pondrá fin a una práctica muy curiosa de extradiciones que parecen dar como un hecho el enanismo y la inferioridad de los nacionales para aplicar las leyes mientras se reverencia una supuesta superioridad de la justicia gringa. Un orden jurídico este último, puesto hoy en evidencia por propios y extraños después de los ominosos acontecimientos de Abu Ghraib, las cárceles secretas, los secuestros, la masiva violación de derechos civiles a sus propios ciudadanos y, más recientemente, la aprobación de la tortura y la eliminación del habeas corpus, precisamente para los extranjeros. Solo una visión muy estrecha de los acontecimientos podría a estas alturas alentar conspiraciones contra el intercambio humanitario de prisioneros e incitar al sabotaje del proceso de negociación del conflicto armado; solo quienes abrigan aviesas intenciones y defienden espurios intereses se opondrían a un proceso de paz que permita realizar las muchas reformas pendientes sin las cuales Colombia no pasa de ser una nación premoderna. Fuente: www.defensahumanidad.cult.cu/artic.php?item=1033