Tras los disturbios del pasado 11 de septiembre, el pueblo chileno enfrenta un nuevo período marcado por el fortalecimiento de los movimientos sociales que luchan por el retorno a una verdadera democracia. El gobierno chileno conducido por Michelle Bachelet no dio tregua a los manifestantes y anunció la inauguración de un nuevo plan para combatir la violencia. El objetivo es tener mayor control sobre las protestas callejeras y un conocimiento detallado de los diferentes actores. Así lo manifestó el Subsecretario del Interior, Felipe Harboe quien aseguró que además de elaborarse una ficha con los antecedentes de los detenidos en manifestaciones violentas, se presentarán querellas contra los arrestados y se aumentarán las exigencias para autorizar protestas públicas. “No podemos permitir que un grupo minoritario intente crear estas imágenes que, sin duda, dañan al país”, sentenció el subsecretario respecto a los hechos de violencia registrados durante la marcha en conmemoración de los 33 años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) el pasado lunes en Santiago de Chile, capital del país andino. En la misma línea, la actual mandataria Michelle Bachelet, manifestó que: “Esto es intolerable, hay que tomar medidas muy serias y firmes” tras lo cual agregó que es indispensable saber qué piensan y discuten los jóvenes “para mirar cuáles son las raíces de este tipo de problemas”. Parece que ni la flamante presidenta ni sus rigurosos seguidores están atentos a los reclamos del pueblo chileno ¿O será que no quieren escuchar? Entre los manifestantes del 11 de septiembre, en su mayoría autodeclarados anarquistas, un joven explicó ante los medios locales: “Esta es una guerra de todos los días. El sistema capitalista nos violenta con hambre y marginación”. Por su parte, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier se refirió en particular “a la cesantía -que afecta a más de medio millón de personas-, los bajos salarios, abusos laborales por los que nadie responde, falta de oportunidades en la educación, para los niños, para los jóvenes”. Mientras que el senador socialista, Alejandro Navarro, aconsejó al gobierno que la violencia no se combate con más violencia “sino con menos exclusión, más democracia y más justicia social”. Tanto el Subsecretario del interior como el intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto, expresaron su indignación ante los hechos de violencia y los ataques, con piedras y bombas molotov, propagados contra el edificio de La Moneda. Ambos acusaron a la justicia de garantista y de incumplir la legislación vigente por dejar en libertad a Rodrigo Camargo Igor, quien portara una bomba molotov el pasado domingo. Nada dijeron los funcionarios respecto de los más de 40 detenidos, entre ellos varios menores. Tampoco hablaron de los reclamos de equidad y justicia social que esgrimieron cientos de jóvenes en el centro de la capital y en diferentes ciudades chilenas. Lo que si resaltaron fue la represión ejercida por los carabineros (policía chilena), aunque no en estos términos: “han actuado de una manera justa, correcta y proporcional, tratando de evitar, además, que las cosas pasen a mayores”, sentenció el intendente. Este nuevo plan para frenar a los “encapuchados” que se cuelan en marchas y reclamos llevará, necesariamente, a un mayor control y restricción de las manifestaciones populares, derecho que corresponde a todos los ciudadanos en una democracia. Ese derecho que desde abril están ejerciendo las organizaciones estudiantiles junto con profesores e intelectuales para conseguir la derogación de una ley impuesta por la dictadura militar, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Quizás el por qué de esos problemas, a los cuales la mandataria chilena no les encuentra raíz, esté en la falta de equidad e igualdad de oportunidades entre los habitantes chilenos. Quizás se encuentre en la perpetuación de una ley de educación elitista y antinacional que hace de la educación una mercancía y lleva a la extinción de la escuela pública. Esta lucha estudiantil no se amedrenta ni con carros lanza agua ni con bombas de gases, ni siquiera con planes “pantalla” para frenar la violencia. Desde el lunes pasado se vienen registrado enfrentamientos en Valparaíso, el martes en Maipú, el miércoles en el cordón Macul, el jueves en la Usach y el viernes en la Academia de Humanismo Cristiano. Esta semana el Colegio Nacional de Profesores, gremio docente más importante del país, y diferentes organizaciones estudiantiles llamaron a un paro de advertencia a través del cuál exigen mayores salarios, defensa de la educación pública y una nueva ley de educación. Estudiantes y activistas se sumaron a la medida de fuerza y organizaron, además, La Marcha Estudiantil Sur Oriente en Metropolitana para exigir al gobierno el cumplimiento de la agenda corta. En la que se pauta la solución a las problemáticas de: infraestructura escolar, alimentación y prueba de selección universitaria entre otras. Lejos está el gobierno de la Concertación, de ver en estas acciones una explicación de los conflictos sociales que enfrenta la república chilena. Así lo demuestran las declaraciones del vicepresidente, Belisario Velasco, quien afirmó que la medida tomada por los docentes “está de más” puesto que la semana pasada se anunció una inversión de 330 millones de dólares en materia educativa. Muchos recordaron en el trigésimo tercer aniversario de la muerte del ex presidente Salvador Allende, las palabras de su último discurso: “Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre digno para construir una sociedad mejor”. Sin lugar a dudas la alianza política de centro izquierda que devolvió la democracia a Chile en 1990 atraviesa hoy una etapa de transformación en la que, lamentablemente, el mercado, la cooptación y el control social son la prioridad. Fuente: Agencia Periodística del MERCOSUR (APM), Mar del Plata / Argentina
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