Familiares de tres detenidos desaparecidos presentaron una millonaria demanda contra el Estado chileno por el daño moral que les causó errores del Servicio Médico Legal (SML) en la identificación de sus restos. El pedido de indemnizaciones compensatorias por una cifra cercana a los mil millones de pesos (cerca de dos millones de dólares) fue tramitado ayer ante los tribunales por la abogada Julia Urquieta en nombre de las familias de Luis Dávida, Javier Sobarzo y Enrique Toledo. Los tres, que formaban parte de un centenar de detenidos desaparecidos cuyos restos fueron encontrados en 1990 en el Patio 29 del Cementerio General, fueron mal identificados por autoridades del SML y sus cuerpos entregados a familias equivocadas. Aunque existían elementos sólidos sobre los errores cometidos desde mediados de la década de los 90, no fue hasta abril pasado que las autoridades reconocieron la equivocación en al menos 49 casos, cuyos restos debieron ser devueltos por los familiares para nuevos peritajes La abogada Urquieta explicó que se exigen al Estado como compensación montos variables para viudas e hijos de los detenidos desaparecidos, que total se acercan a los mil millones de pesos. "Son montos variables, pero en general van entre 200 ó 100 millones por cada uno de los familiares. Son tres familias, cuyos cuerpos fueron identificados y, posteriormente, a sus familiares se les notificó que no correspondían", dijo Urquieta. La abogada subrayó que los errores significaron en el caso de muchos de ellos un tremendo dolor ya que hay familiares que están tremendamente afectados por esta situación. "Por eso creemos que el Estado debe reparar el daño causado", puntualizó la abogada. Rosa Zúñiga, viuda de Javier Sobarzo, manifestó su esperanza de que la Justicia ordene al Estado que "nos recompense en algo lo que hemos pasado moralmente". "Primero -dijo- por la desaparición por más de 17 años, y luego por hacerlos desaparecer nuevamente", enfatizó. Carlos Toledo, hijo de Enrique Toledo, por su parte, justificó la acción judicial por el hecho de que ellos sepultaron a sus deudos a raíz de los informes errados del SML. "Además, se nos entregó en el Registro Civil un certificado de defunción que también está mal hecho, por lo tanto, aquí hay daño y tenemos fe en que la Justicia va a actuar conforme a las disposiciones legales que asegura la Constitución", aseveró. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
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