Si hay algo que los militares que hoy están en actividad quieren resolver es la situación que viven las Fuerzas Armadas, como cuerpo, en razón de la falta de resolución de la problemática de los derechos humanos en que están envueltos una serie de personajes. Hoy todos retirados, pero que siguen reivindicando la “justicia” de lo hecho en el pasado, sin haber reconocido nunca, o en muy pocos casos (el de los generales García y Pereira), que ese período fue ominoso, lamentable y que durante la represión desatada durante la dictadura se violentaron no solo los derechos humanos sino que se cometieron, en algunos casos, delitos de lesa humanidad. ¡Por supuesto! El país mismo – es convencimiento de la mayoría de los uniformados en actividad – tiene que terminar con esa situación indeseada que se remonta a décadas, para que ellos pueda exhibir logros y fracasos, éxitos y caminos que emprenderían para darle a los cuerpos armados del país una organización acorde a las necesidades nacionales, aventado el actual anquilosado funcionamiento que hace que la mayoría de los ciudadanos se pregunten el sentido y la validez de una enorme erogación presupuestal. Fuerzas Armadas hoy que no están preparadas para la guerra (establecer hipótesis de conflicto con su estructura es casi ridículo), pero que en la paz, más allá de las discutibles misiones en el exterior – que, menos mal que se realizan, porque de lo contrario no tendrían ninguna función clara dentro de nuestra sociedad -, no tienen tareas concretas. La Ley les prohíbe el apoyo a la acción policial, no se organiza a sus efectivos en tareas de obra pública permanente, ni de apoyo comunitario. ¿Entonces? En todo ese proceso se visualiza la misma parálisis que se verifica en el Uruguay en muchos otros frentes. Para peor los llamados “nostálgicos” siguen actuando, ahora para tratar de apuntalar a los detenidos, pasibles de ser extraditados a la Argentina, desde donde han sido reclamados por la Justicia. Entre algunas avisados la expectativa por el anuncio de los retirados militares, agrupados en el Círculo, es prácticamente nula. Un club social militar que se caracterizó por el significativo silencio que ha mantenido durante los últimos 21 años que lleva de reimplantada la democracia que ahora, al parecer lo romperá para enfrentar con “información propia” el relato “realizado por la izquierda sobre algunos hechos del pasado”. El presidente de la institución, el general (r) Ricardo Galarza, ha dado a conocer la decisión de la institución de “cubrir el espacio dejado vacío institucionalmente por las Fuerzas Armadas”, desde el fin de la dictadura militar en 1985, tratando de contrarrestar la versión de lo ocurrido entre las décadas de 1960 y 1980, cuando gobernaban los militares que habían violentado la Constitución de la República asaltando el poder, atacando y destruyendo las bases mismas de la democracia uruguaya. ¿A que se refirió con estas declaraciones el general Galarza? No sabemos muy bien cual será la estrategia que emprenderán, si sus declaraciones son el producto de una decisión y no una bravuconada más de quienes quieren tapar el sol de la verdad, que cada día resplandece con mayor fuerza, con otra versión de los hechos del pasado que nos gustaría conocer. Sería muy tonto que simplemente se limitaran a reiterar las afirmaciones de la tremenda historia oficial que escribieron en la época tiránica los militares, con sus comunicados precedidos de marchas militares, reseñando sus persecuciones y sus detenciones y que luego compendiaron en algunos textos que son bochornosos, propio de mentes enfermas y, fundamentalmente, irresponsables, especialmente teniendo en cuenta su carácter de uniformados al servicio de las instituciones del país. Porque recordemos que esos señores, que escribieron aquella “historia oficial”, que hacían públicos los comunicados con las marchas militares, eran funcionarios del Estado, y sus sueldos salían – como hoy sus retiros militares – de las finanzas públicas. Por supuesto que desde esta página de Bitácora no podemos suscribir todas y cada una de las denuncias que se han hecho y que involucran a militares en actos de represión y salvajismo. Es evidente que resta mucho por saber, para lo qué se debe seguir investigando, pero el planteo del presidente del Círculo Militar no tiene un objetivo esclarecedor, sino simplemente el de tratar nuevamente de “salvar la ropa” de algunos tristes personajes, que deshonraron el uniforme cometiendo fechorías de todo tipo, reprimiendo a mansalva, persiguiendo a los ciudadanos por ideas y vulnerando libertades. ¡Todas ellas! Por supuesto que en la “lucha ideológica” que plantea Galarza, no está en juego la verdad. Seguramente de las declaraciones que surjan de ese Círculo Militar, no sabremos los uruguayos donde están los restos de la nuera del poeta Juan Gelman, ni quienes fueron los responsables de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Tampoco se hablará de quienes fueron los responsables del campo de concentración Automotores Orletti, que objetivo tuvo la llamada base Valparaíso, en donde estuvo recluida María Claudia, ni quién asesinó a la maestra Elena Quinteros, ni sobre los dos o tres llamados “vuelos de la muerte”, etc. Tampoco, lo que es fundamental, quién fue el general del Ejército uruguayo, que le dio el “si” a los planes del Departamento de Estado, para que ocurriera lo que todos sabemos, potenciando la acción militar contra la democracia. Y menos quién, del gobierno de aquel entonces, fue el responsable de contratar al asesino argentino Aníbal Gordon, para que también cometiera tropelías por orden y cuenta de nuestros mandos. Lo que preocupa a los nostálgicos retirados, agrupados en los clubes sociales militares – recordemos que el coronel (r) Ernesto Rama y su hijo, el capitán Eduardo Rama, presentaron también renuncia al otro club militar, el Centro, protestando por su “tibieza” en la defensa de quienes, pedida la extradición desde la Argentina, se encuentran detenidos – es advertir que también en el marco de La Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado, se puede hacer justicia, porque existe un artículo, el número 4º, que le da facultades al Poder Ejecutivo, para determinar que hechos son pasibles de ser investigados por la Justicia y. también, establece que esa norma legal refrendada por la gente en un reñido plebiscito, no ampara a quienes cometieron delitos aberrantes o que fueran concretados en el exterior del país. Pero el Poder Ejecutivo ha llegado a más, resolviendo que previamente a considerar los expedientes estos pasen por la Justicia, sean investigados y esta, de acuerdo a sus atribuciones, sea la que determine si se amerita ahondar el camino hacia la verdad o que el mismo está bloqueado, eso si, por la otra parte de la normativa establecida en la Ley de Caducidad que, en los casos de acciones ordenadas por los mandos, los militares y/o policías, estarían amparados y mantendrían una enojosa impunidad, extremo incomprensible para muchos. Lo que es claro es que el Poder Ejecutivo, dentro del estrecho marco legal que ha dejado abierta esa norma, se está manejando con prudencia y decisión, cumpliendo a cabalidad con una de las decisiones de la fuerza política que impulsó a Tabaré Vázquez a ocupar la máxima magistratura del país. Es por ello que los militares nostálgicos, quienes de una manera u otra estuvieron comprometidos en aquel tremendo período de represión que vivió el país, presionan a sus organizaciones corporativas, como el Círculo y Centro militar, para que entablen una batalla supuestamente ideológica para cuestionar la versión, como ellos dicen, “impuesta por la izquierda” ¿Lo harán realmente? Puede ser que lo intenten, tratando de ensombrecer memorias, de justificar aberraciones y de mostrar una imagen idílica de lo que, ellos dicen, fue “la defensa de la Patria contra la agresión marxista” Pero, ¿qué argumento plausible, medianamente demostrable, tendrán para convencer a alguien de su versión? No vemos con claridad el rumbo que pueda adoptar esa acción de los clubes militares, cuál será “la verdad” a oponer a la manejada – como dijo el general Galarza – por “la izquierda” Eso sí, la respuesta la podríamos dar recordando algunas acciones de esos “salvadores de la Patria”, que asesinaron a mansalva a gente indefensa, sin importarles nada, sin tener el más mínimo atisbo de humanidad en sus aberrantes operativos. ¿Cómo hará el general Galarza para explicar, por ejemplo, el asesinato de la nuera de Juan Gelman? Una joven veinte añera que fue muerta después de haber dado a luz una niña. Ese fue un acto aberrante, de crueldad inaudita, sin explicación alguna que lo justifique y que es repudiado hasta por hombres, como el represor Gilberto Vázquez, que estimó que esa fue una acción incomprensible, fuera de toda lógica militar. Estamos, por lo tanto, esperando que comiencen a aparecer esos argumentos. Es hora que los militares que sepan de lo ocurrido comiencen a hablar, que digan algo por favor, que no se limiten a ese silencio medroso que han mantenido durante más de dos décadas. Sus camaradas, hoy en actividad, que quieren un futuro para ellos y sus familias, se los deberían reclamar. Es hora de que se conozca finalmente la verdad, aunque dudo que lo que dijo Galarza tenga algo que ver con ese concepto. - El autor es periodista. Secretario de redacción de Bitácora.