Se encuentra en etapa de otorgamiento a campesinos sin tierra varios millones de hectáreas de tierras fiscales en oriente y occidente, Ixiamas, Potosí, Oruro, Pando, Chaco, Guarayos, Chiquitanía y Beni. Es decir en casi los cuatro confines del territorio nacional. Son tierras remanentes de la reforma agraria de 1952 que ya fueron distribuidas en su momento en casi 95% de su extensión, principalmente dirigidas a campesinos andinos y agroindustriales. El problema actual es que existen más campesinos e indígenas sin tierra y el Estado tiene una cantidad apropiada para distribuirlas. Pero esta vez debe hacerlo debería hacerlo en forma planificada y competitiva. La paradoja agraria comienza con la reforma agraria de 1952 cuando los campesinos reciben tierras pero no créditos, asistencia técnica, infraestructura, riego, caminos vecinales, electricidad, agro-industrialización paralela y principalmente mercados tanto a nivel interno como de exportación, principalmente a Europa, Japón y CAN. En estas circunstancias la agro-industria y agro-pecuaria empresarial oriental se muestra como más productiva y eficiente frente a la producción andina, valluna, chaqueña y amazónica que camina empíricamente sin uso de tecnologías punta como son biotecnologías, genética, semillas mejoradas, gerencia agraria y exportación a países del vecindario y ultramar. Andinos, vallunos y amazónicos se han quedado sin vender la quinua, amaranto, quiwicha, habas, maíz, papas, cebada, trigo, castaña, goma, frutas, en cantidades de millones de toneladas como requiere ya mismo el mercado europeo y japonés por ejemplo. Esto significa que dicho modo de producción es criticado por ineficiente por los agro-empresarios, aunque el modelo oriental cruceño tampoco es un dechado de virtudes frente a la competitividad de la soya paraguaya, brasileña o argentina. Ellos producen a menos de cien dólares la tonelada. Lo mismo sucede con otros productos orientales como algodón, arroz, maíz, girasol, maní, palmito, frutas y palma aceitera. El Gobierno por tanto necesita encontrar un modelo de alta competitividad y gerencia moderna y se cree que ese modo de producción se encuentra en las granjas cooperativas altamente tecnificadas. Es un modelo que no existe en Sudamérica por ningún lado, ya que en ella prima la producción de grandes empresarios tanto en Brasil como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, como en la misma Bolivia, combinada con acopio de pequeños agricultores generalmente vinculados ala gran producción rescatadora o a los agro-industriales. Ningún gobierno ha tenido en Bolivia hasta ahora éxito con la producción campesina e indígena u originaria competitiva por dos razones. Una porque los campesinos e indígenas no han sido parte de la preocupación gubernamental por siglos y por otra debido a que no se ha empleado tecnologías de punta y gerencia tecnológica moderna, es decir planificada entre Gobierno, productores y municipios. Planificación que debería estar dirigida tanto para el consumo endógeno como para la exportación. Es hora por lo tanto de comenzar con el modelo propuesto u otro alternativo pero para cuyo objetivo se cuenta con algunos puntos a favor. Primero que existe experiencia exitosa en formación y manejo de cooperativas, aunque en forma deficitaria. No se debe olvidar que las naciones Unidas recomiendan a los gobiernos del mundo implantar modelos económicos basados en cooperativas de todo tipo: agrarias, agrícolas, agropecuarias, agroindustriales, transporte, bancarias, energía, ahorro y crédito, telecomunicaciones, mineras, investigación, etc.. En Bolivia son importantes las cooperativas agropecuarias de FENACOAB afiliadas como todas ellas a CONCOBOLa cuya cabeza se encuentra el Ing. Ricardo Pérez. Creemos que con estas instituciones y otras pero en forma sinérgica y planificada debería trabajar el Gobierno socializante y de origen campesino de don Evo Morales. Este accionar sería para romper la paroja agraria y establecer un pacto entre ciudad y campo. Los 327 municipios de Bolivia deberían impulsar mediante ordenanzas el consumo de alimentos nacionales en el mercado interno, pan de harinas integrales, leche de soya y amaranto, humintas de quinua y maíz, carnes de soya, quiwicha y llama. Este comportamiento del Gobierno y municipios sería parte de la planificación necesaria para complementar la seguridad alimenticia y exportar. Precios de alimentos tienden a incrementarse por el aumento de la población mundial y el consumo per cápita. Pero de ninguna manera debe suceder en Bolivia lo mismo que en Argentina, donde productores exportan alimentos para 300 millones de personas pero el país mismo muestra 20 millones que no comen lo necesario. El Gobierno debe garantizar al menos tres mil calorías por habitante, especialmente en niñez y juventud, escuelas, colegios, universidades, cuarteles, deportivos y barrios marginales. Al mismo tiempo que existe FENACOAB existen también miles de ONGs, fundaciones, iglesias, organismos de NN.UU como FAO, PNUD, ONUDI, PASA y otros como ALBA, TCP, CAF, GTZ, COSUDE, JICA, DANIDA, Prefecturas, TCOs y hasta USAID, preocupados en grados diversos por la seguridad alimenticia boliviana. Instituciones poseedoras de recursos humanos, tecnologías, créditos y gerencia deberían ser involucradas por el Gobierno en la planificación de asentamientos de campesinos e indígenas en granjas y cooperativas empresariales agro-tecnificadas. La violencia debería estar excluida de Bolivia y de la construcción del socialismo siglo XXI. Parte esencial son las cooperativas agro-tecnificadas establecidas planificada y pacíficamente en tierras fiscales. Es camino correcto hacia la producción y productividad de todos los sectores incluyendo a agro-empresarios nacionales pero que también deben comenzar justificando que no especulan con tierras ociosas.