Conozco colegios particulares subvencionados que verdaderamente cumplen una función social en nuestro país. Insertos en comunas pobres, la subvención escolar les permite contar con un presupuesto básico para desarrollar su misión, que complementan con otros recursos provenientes de donaciones y, en algunos casos, por medio del financiamiento compartido. Estos establecimientos que ejercen una misión social en Chile, gastan más dinero que el que reciben del Estado por su función de sostenedores. Y, en todos los casos, corresponden a escuelas administradas por instituciones sin fines de lucro, como congregaciones religiosas o fundaciones de asistencia social. Lamentablemente, estas excepciones son pocas. Demasiado pocas para juzgar a la gran mayoría de los colegios que se rigen bajo esta modalidad en nuestro país. El grito de los secundarios reveló una realidad de la que nadie hablaba con franqueza: ser sostenedor de un colegio particular subvencionado por lo general es administrar un negocio redondo, mal fiscalizado y donde la inversión se recupera rápidamente y de un modo seguro por medio de fondos públicos. Son conocidos los relatos de profesores que son obligados a falsificar la lista de asistencia diaria de los alumnos. Se pueden llenar libros con las triquiñuelas legales y contables que los sostenedores ocupan para obtener utilidades de recursos estatales destinados a la educación de los niños. Son demasiadas las denuncias de alumnos y apoderados que deben soportar las más disparatadas teorías pedagógicas de muchos dueños de colegios, que iluminados sólo por su experiencia u obsesiones, han impuesto a sus comunidades escolares las más irracionales "metodologías". Para qué hablar de las prácticas antisindicales y las deudas previsionales que arrastran estos colegios. Y todo esto en el nombre de la libertad de enseñanza. El vertiginoso crecimiento del sector particular subvencionado, que hoy corresponde a 42% de la matrícula subvencionada por el Estado, se suele argumentar como una respuesta a la mala calidad de la educación municipal. En parte este hecho es verdadero. Lo que no se argumenta es que la educación particular subvencionada ejerce una competencia desleal respecto de la escuela municipalizada, que no puede realizar selectividad de ingreso a sus establecimientos y debe sostenerse en base a los desiguales recursos del municipio en que está ubicada. Así, la escuela municipal se convirtió en el lugar donde van a parar los niños y niñas más pobres entre los pobres. Y mientras tanto, el Estado no puede invertir más recursos en sus propias escuelas, para no contravenir el principio de la libre competencia. En este contexto, es necesario que los representantes de la educación privada asuman sus responsabilidades. Las recientes declaraciones del hermano Jesús Triguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE), son especialmente lamentables. En vez de asumir un debate de fondo sobre la estructura administrativa que impuso la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), los colegios particulares culpan de toda la crisis a los colegios municipales. Y su propuesta de cambio consiste en reformar el Estatuto Docente para flexibilizar el empleo de los profesores y limitar aún más las funciones fiscalizadoras del Ministerio de Educación. Lo que FIDE debe asumir es la incompatibilidad entre la subvención estatal y el derecho a lucro. Este principio, que rige en todos los países en los que el Estado financia escuelas privadas, es la base ética para cualquier discusión futura. La libertad de enseñanza no puede amparar por más tiempo los abusos de sostenedores inescrupulosos. Es evidente que se deben fortalecer las competencias legales del Estado mediante una nueva legislación, que reemplace a la LOCE, para evitar que se siga subsidiando, con recursos de todos los chilenos, la enorme desigualdad que soportamos. - Alvaro Ramis, Centro Ecuménico Diego de Medellín. Fuente: Agencia de Noticias de Chile (ANCHI) http://www.anchi.cl