Al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en 2005 y al menos otras 5.186 fueron condenadas a muerte. Estas cifras sólo reflejaban los casos de los que Amnistía Internacional tuvo conocimiento; las verdaderas eran sin duda más elevadas. Muchos de los condenados a muerte no tuvieron un juicio justo: «confesaron» bajo tortura, no contaron con asistencia letrada adecuada o no tuvieron una vista imparcial. El tráfico de drogas, la malversación de fondos y el fraude eran algunos de los delitos castigados con la pena capital. Algunas personas habían estado más de 20 años condenadas a muerte antes de ser ejecutadas, mientras que otras fueron ejecutadas casi inmediatamente. Se utilizaban diversos medios de ejecución, como la horca, el pelotón de fusilamiento, la inyección letal o la decapitación. Entre los ejecutados había menores y personas con discapacidad mental. Al igual que en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones tuvo lugar en tan sólo un número reducido de países: en 2005, el 94 por ciento se llevó a cabo en Arabia Saudí, China, Irán y Estados Unidos. En 2005, México y Liberia abolieron la pena de muerte para todos los delitos, con lo que el número de países abolicionistas para todos los delitos ascendió a 86. En 1977, año en que Estados Unidos reanudó la aplicación de la pena de muerte y Amnistía Internacional convocó una pionera conferencia internacional sobre la pena de muerte en Estocolmo, sólo 16 países eran abolicionistas. Al final de 2005 lo eran, en su legislación o en la práctica, 122. La campaña contra la pena de muerte cobró fuerza durante 2005. El 10 de octubre se celebró por tercer año el Día Mundial contra la Pena de Muerte en más de 50 países y territorios, como Alemania, Benín, China (Hong Kong), Francia, India, Japón, Malí, Puerto Rico, República del Congo, República Democrática del Congo, Sierra Leona y Togo. Se convocaron manifestaciones, se presentaron peticiones y se organizaron conciertos y debates televisados en todo el mundo para hacer campaña contra la pena de muerte. La membresía de Amnistía Internacional en 40 países participó en estos eventos. También se produjeron avances en el seno de la ONU. En la Resolución 2005/59 de la ONU sobre la cuestión de la pena capital, aprobada en abril de 2005, se llegó como nunca antes a condenar la pena de muerte en tanto que violación de los derechos humanos. Se reafirmó en ella el derecho a la vida y se hizo la significativa declaración de que la abolición era «esencial para la protección de ese derecho». La Resolución 2005/59 fue copatrocinada por 81 Estados miembros, el mayor número hasta entonces. En 2005, el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias hizo enérgicas declaraciones en contra de la aplicación obligatoria de la pena de muerte. Afirmó que la aplicación preceptiva eliminaba la libertad del tribunal para ejercer clemencia o tener en cuenta circunstancias modificativas o atenuantes y que era totalmente inapropiada cuando estaba en juego la vida de una persona. Uno de los argumentos más sólidos contra la pena capital es el riesgo inherente de ejecutar a un inocente. En 2005, tanto China como Estados Unidos excarcelaron a personas que habían sido condenadas a muerte por error, y China también reconoció que se había ejecutado a personas inocentes. Los juicios injustos desembocaron en ejecuciones en muchos países: en 2005 se ejecutó en Irán, Arabia Saudí y Uzbekistán a personas a las que, según informes, no se había garantizado el debido proceso judicial ni se les habían dado oportunidades suficientes, por tanto, de presentar pruebas de su inocencia. En todas las fases de los procesos que conducían a la pena capital se manifestaba discriminación basada en un amplio conjunto de aspectos, como el origen étnico, la religión o la pobreza. En un gran número de países, incluidos India, Uzbekistán y Vietnam, la información sobre la pena de muerte se mantenía en secreto. En ocasiones se ocultaba información no sólo al público, sino incluso a las víctimas. Japón seguía siendo uno de los países donde no se comunicaba a los reclusos cuándo iban a ser ejecutados hasta unas horas antes de su muerte. Tan sólo cinco horas antes de ser decapitados, seis ciudadanos somalíes condenados a muerte en Arabia Saudí en abril no sabían, según informes, que iban a ser ejecutados. En 2005 se ejecutó incluso a miembros de grupos protegidos de la pena capital por el derecho y las normas internacionales, como los menores y las personas con discapacidad mental. En Estados Unidos, donde más de 1.000 personas habían sido ejecutadas desde que se reinstauró la pena de muerte en 1977, la número 1.000 era un caso leve de discapacidad mental. En Irán, al menos ocho personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuanto tenían menos de 18 años y, como mínimo, dos eran menores de 18 años cuando fueron ahorcadas. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el 1 de marzo de 2005 en una sentencia acogida con beneplácito que la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años era inconstitucional, lo que hizo posible la conmutación de la pena de más de 70 menores condenados a muerte. Sin embargo, persistió la preocupación por el hecho de que el fallo de la Corte Suprema no se aplicara a las personas recluidas en Guantánamo que eran menores cuando fueron detenidas.