Pasaron más de 500 años. Continúa el genocidio y el silencio continúa. Un pueblo, muchos pueblos originarios, resisten la muerte silenciosa y el silencio mortal. Morir puede ser una forma de gritar, cuando no quedan maneras de defender la vida. Los presos políticos mapuche, en el penal chileno de Angol, están en huelga de hambre desde el 13 de marzo. En 48 días de huelga de hambre se ha deteriorado la salud, pero no la decisión de ser libres de Juan Huenulao, Patricio Marileo, Jaime Marileo y la estudiante Patricia Troncoso (detenidos desde agosto del 2004). Ellos demandan que el Chile que se dice progresista, -sobre todo a partir del triunfo de Michelle Bachelet, quien se ha embanderado con la defensa de los derechos humanos-, extienda este concepto hacia el de “derechos humanos para todos”, y termine con los siglos de olvido y negación del pueblo mapuche, con la indiferencia hacia su palabra y su cultura. En una carta dirigida a la Presidenta de Chile, la Asamblea Mapuche de Izquierda le escribe: “Presidenta, nuestro pueblo ha visto y sufrido en carne propia, como usted, las exaltaciones de una régimen dictatorial y autoritario como el que vivimos durante 17 años. En ese período se obraba y actuaba reprimiendo, castigando, silenciando a los más débiles y los que pensaban diferente. Por eso nuestra mente se cierra cuando se invoca la ley antiterrorista para condenar a nuestros hermanos, porque esa ley es herencia del régimen pinochetista, y aunque fue modificada por el primer gobierno democrático, sigue siendo un instrumento menoscabador de una democracia plena, y pensamos que eso usted lo sabe tan bien como nosotros. Este precedente, respetada Presidenta, nos confirma que históricamente nuestro pueblo ha sido discriminado, jamás incluido como sujeto de derecho dentro del Estado chileno. Por eso ahora más que nunca nos queda claro que jamás hemos sido parte de la Nación chilena. Decimos esto porque cuando ésta se constituyó en 1810 lo hizo sin nosotros, y hoy como entonces no existimos, pocos son los que se atreven a reconocernos constitucionalmente, poco son los que se atreven a ratificar el Convenio 169 de la O.I.T., pocos son los que acuerdan algún interés al informe del Relator Especial de la O.N.U. Sr. Rodolfo Stavenhagen, en definitiva, pocos son los que se acuerdan de sus promesas de campaña una vez que son elegidos”. Los presos mapuche, con su huelga de hambre demandan que se respeten los derechos y la dignidad de la “gente de la tierra” (que esto significa mapuche). Exigen que se revise el fallo que los condena a 10 años de prisión y -además- a pagar una indemnización de más de 425 millones de pesos (chilenos). Señalan las irregularidades de un juicio realizado con testigos sin rostro o anónimos, aplicando la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura. Ley que prolonga la conquista y la destrucción de las comunidades, afectadas por las trasnacionales forestales. Recuerdan que en el marco de ese proceso plagado de irregularidades, la jueza de garantía que rechazó el carácter terrorista que se le imputaba al delito, fue inhabilitada por la Corte de las Supremas Injusticias. El viernes 28 de abril, como parte de la jornada internacional por la libertad de los presos mapuche en Chile, cuando se movilizaban frente a la Moneda, para requerir respuesta a estas demandas por parte del Ministro del Interior, Andrés Zaldívar (demócrata cristiano), recibieron palos y nuevas detenciones por parte de carabineros. En esas circunstancias fue detenida, junto a 15 compañeros más, Moira Millán, una de las voceras del Frente Mapuche Campesino de Argentina, quien acompañaba solidariamente la resistencia de los hermanos chilenos, y había intentado junto a Verónica, otra hermana mapuche, encadenarse en La Moneda. Los 16 detenidos, que recuperaron luego la libertad, fueron golpeados, insultados con expresiones racistas y maltratados en las comisarías primera y tercera de Santiago de Chile. Unos días antes, el 26 de abril, en otra manifestación pacífica realizada en Temuco, habían sido detenidos seis estudiantes universitarios que se solidarizaron con los presos y presas mapuche. Esto habla del carácter de la respuesta que el Estado chileno viene dando a las demandas de los pueblos originarios de la tierra. Vale la pena analizar algunas características del conflicto y de los intereses en juego del nuevo reparto territorial. Los presos fueron acusados de “incendio terrorista” a un fundo de propiedad de la forestal MININCO S.A., perteneciente a la compañía maderera de papeles de cartón (CMPC), empresa que tiene más de un millón de hectáreas de plantaciones de pinos y eucaliptos. El dueño de esta empresa es Eugenio Matte Larrain, integrante del grupo Matte, uno de los principales grupos económicos de Chile. El otro millón de hectáreas lo tiene la Forestal Bosques Arauco S.A., perteneciente al grupo Angelline. Anacleto Angellini, el hombre más rico de Chile, tiene una fortuna personal que asciende a los 2.500 millones de dólares, informa la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco[1]. Las empresas forestales trasnacionales, estuvieron entre las principales beneficiarias del Decreto Ley 701 de la dictadura de Pinochet, que premitió redefinir estratégicamente el territorio mapuche como campo de acción para sus inversiones. Entre la Forestal Bosques Arauco y la Forestal Mininco, controlan actualmente en Chile el 100 % de la producción de celulosa, el 100% de la producción de papel de diarios y de la producción de paneles, y el 80% de la producción de madera aserrada del país[2]. Señala también en el informe la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco, que las empresas forestales Arauco S.A, Mininco S.A., y Volterra Ltda., utilizan la siguiente estrategia para expulsar a las comunidades mapuches de sus tierras. “El primer paso comienza con la toma de lo que ellos llaman “medidas ligeras”. Esto consiste en anuncios verbales a las comunidades para que abandonen sus lugares de asentamiento, ya que estarían ocupando ilegalmente tierras que no les pertenecen. Este tipo de anuncio se convierte rápidamente en amenazas, donde se les señala las consecuencias que sufrirán si no dejan el lugar. Esta etapa generalmente se acompaña de algunas proposiciones, como por ejemplo, la cancelación por parte de la empresa de los gastos de traslado y la compra de terrenos en las ciudades más próximas. En todo caso, la única solución que les dejan a los mapuches es la partida, como producto de una reciente compra legal de una tierra que ellos ocupaban ilegalmente sin saberlo. El segundo paso es más agresivo y se sitúa al limite de la legalidad. Consiste en que la empresa procede a plantar todo el espacio libre que existe alrededor de las casas de los mapuches, para luego proceder a cerrarlo con cercos de alambres de púas, hecho presentado como una medida de “protección de los árboles”. Este acto se complementa instalando guardias forestales, quienes tienen órdenes de evitar el ingreso de personas a los terrenos forestales. Así, si alguna persona es encontrada en el interior de la plantación, es detenida temporalmente. En el caso de que sean sus animales, estos son simplemente robados o eliminados. A partir de este momento el argumento de la represión es aquel que invoca el derecho constitucional de la propiedad privada, más aun si dicha propiedad es un bien productivo generador de “desarrollo y progreso” para el país. El tercer paso consiste en hacer intervenir a la autoridad local o a los funcionarios del Estado, para que ellos busquen una solución al problema. Por lo general, dicha solución consiste en la relocalizacion de la comunidad en un sector periférico del pueblo mas cercano, en donde pasarán a engrosar -lejos de sus tierras originales- la población de las capas más bajas y explotadas de la sociedad chilena. Pero los problemas que acarrea la presencia de las empresas forestales en los territorios mapuches no están referidos solo a la usurpación de predios, sino que también al grave deterioro del medio ambiente, en especial la contaminación de suelos, ríos, mares y el aire. Cada planta de celulosa utiliza variados productos químicos en el proceso de transformación de la madera, entre los que destacan Sulfato de Soda, Cloro, Soda Cáustica, Clorato y Petróleo. A continuación enumeramos algunos casos de daño al medio ambiente provocados por las transnacionales forestales: - Contaminación de playas próximas a Concepción, Bahía de Concepción, río Bio Bio y Golfo de Arauco por descarga de residuos químicos líquidos y descargas de las plantas de celulosa. - Tala indiscriminada de bosque nativo, extinción de especies arbóreas y plantas medicinales utilizadas de tiempos ancestrales por el Pueblo Mapuche. - Intoxicación y enfermedades congénitas en las comunidades, producto de las fumigaciones con productos químicos sobre las plantaciones. -Reforestación con especies exóticas, pino radiata y eucaliptus, que provocan el secado de las napas subterráneas dejando a las comunidades sin agua para la subsistencia diaria”. Estas trasnacionales, controlan también la información, lo que explica el cerco de silencio que sigue a la cerca del territorio. A partir de las acciones y movilizaciones, y de las redes solidarias que fueron rompiendo aquel cerco, una delegación mapuche logró entrevistarse en el día de ayer con el Ministro del Interior, quien se comprometió que en otros procesos contra el pueblo mapuche no se vuelva a aplicar la Ley Antiterrorista. Sin embargo, no se consiguió una respuesta para las demandas de los presos que se encuentran en huelga de hambre, con señales fuertes de deterioro de su salud. “Cuántos tienen que morir/ para ver la libertad”, cantaba el poeta Víctor Jara... “es la sórdida pobreza/ que se pretende ignorar”... En el Chile actual, que se dice “socialista”, hay un pueblo que sigue batallando por el fin del saqueo de sus territorios. Por el derecho a vivir su cultura y su identidad, en comunidad con la tierra en la que nacieron. Por el derecho a la libertad. La de los presos por luchar, y la de todo su pueblo, que no pudo ser acallado a pesar del genocidio. La batalla ancestral de este pueblo, extendido a ambos lados de la cordillera, es parte fundamental en la creación de un nuevo proyecto histórico popular, latinoamericano, que no reconozca las fronteras creadas para dominarnos, dividirnos y negarnos. Asumirlo como propio, es una manera de ir rompiendo con la colonización cultural que nos impide reconocernos en nuestras identidades, y que ha transformado en actos de heroísmo y de civilización, las acciones de conquista salvaje y de destrucción de pueblos y territorios, que hoy continúan realizando las trasnacionales, con la complicidad de los gobiernos subordinados. El proyecto histórico popular, para que sea tal, tendrá que encontrar sus raíces y sus palabras, sus señales y gestos fundantes. Tal vez un gesto posible, inicial, sea asumir sin dilaciones, la lucha por la libertad y por la vida de los presos políticos mapuche en Chile. 29 de abril del 2006 [1] INFORME DE DERECHOS HUMANOS EN LAS COMUNIDADES MAPUCHES EN CONFLICTO DE ARAUCO Y MALLECO presentado ante Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U en el 55° Período de Sesiones. [2] En el año 1996 Angelini compró la empresa Alto Paraná en Argentina, lo que evidencia su propósito de transformarse en uno de los principales proveedores de celulosa a nivel mundial. El imperio económico se extiende también a los rubros energético, naviero, financiero, pesquero y minero.