El trágico incendio del pasado 30 de marzo en un taller textil clandestino de un barrio de Buenos Aires puso en evidencia - una vez más la situación que atraviesan miles de inmigrantes sometidos a explotación laboral, en muchos casos en pésimas condiciones de alojamiento y subsistencia. Seis inmigrantes bolivianos - cuatro de ellos menores de edad - fueron las víctimas fatales del siniestro. Tras el suceso, los medios de comunicación y luego las autoridades de Buenos Aires, "descubrían" que estas circunstancias de trabajo ilegal no son excepcionales, sino, por el contrario, bastante habituales. Enrique Rodríguez, responsable de Producción del gobierno municipal porteño, calculaba que un diez por ciento de los 1.600 talleres que emplean a bolivianos son fábricas textiles clandestinas, y estimó que cuatro mil personas de esa nacionalidad trabajan "en condiciones de esclavitud". La ministra de Derechos Humanos y Sociales de la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Cerruti, hizo un cálculo similar, aunque elevó a "unos 200" los talleres que tienen a sus trabajadores "en condiciones de servidumbre". Ni sorpresa ni clandestinidad En realidad, el hacinamiento de inmigrantes trabajando en condiciones penosas no puede considerarse una sorpresa. Y quizás la palabra "clandestinidad" no es la más adecuada para definir una actividad que en muchos casos es pública y notoria. Tampoco es nueva en Buenos Aires, ciudad que en sus entrañas albergó en los últimos años inmigrantes de distintas procedencias -inclusive asiáticos - que tras la persiana metálica de un edificio, dormían, comían y trabajaban en un mismo espacio. Estos hechos "aberrantes" como los calificaron algunos periodistas locales, no constituyen fenómenos aislados, sino que son engranajes de unas políticas socio económicas capitalistas de "lucro sin fronteras". Y no nos referimos únicamente a las geográficas, sino a los límites éticos, a los que fijan las leyes laborales, a mínimos criterios de humanidad. De tanto convivir con la injusticia, con la impunidad, se produce una forma de acostumbramiento, donde sólo nos escandalizan los "picos" visibles de la arbitrariedad. Pero esta descripción -con ligeras variantes - podríamos hacerla en cualquier otra ciudad de cualquier país latinoamericano que haya sufrido los efectos de las políticas neoliberales. La ruptura del tejido social, la destrucción de las pequeñas industrias, la corrupción, la entrega de recursos naturales y servicios estratégicos a las transnacionales, la utilización de la función pública en provecho personal, han sido algunas de las formas y las consecuencias habituales de aquellas políticas. Y aún hoy, después del desastre, emergen los "vendedores" de aquellos procesos, promoviendo ahora los "TLC", Tratados de Libre Comercio bilaterales con Estados Unidos. Unos acuerdos que son los fragmentos de aquel fallido proyecto de control continental llamado ALCA, cuyo objetivo final es convertir Latinoamérica en una gigantesca maquila, sin derechos, sin reclamos, ni sindicatos, ni justicia. Por eso, quedarse en el suceso, sin analizar el contexto y sus antecedentes, es aislarlo y desconectarlo de una realidad que ahoga, discrimina y empobrece. Y si no la vemos, difícilmente podremos modificarla. La reacción de Evo Morales El nuevo gobierno boliviano, preocupado por la situación de sus connacionales emigrados en Buenos Aires, envió una delegación encabezada por el vicecanciller Mauricio Dorfler para interesarse del tema y acordar medidas urgentes en su favor. El rápido reflejo solidario de Evo Morales, contrasta con la pasividad habitual de muchos gobiernos del continente que suelen desentenderse de la suerte de sus emigrados y se limitan a recibir las importantes remesas de dinero que éstos envían a sus países de origen para ayudar a sus familiares. En este caso, los enviados del gobierno boliviano han realizado reuniones con funcionarios argentinos y del gobierno de Buenos Aires teniendo como prioridad facilitar la legalización de la residencia de los inmigrantes en el país. En tal sentido, asumen el compromiso de facilitar con la mayor diligencia posible la documentación boliviana necesaria (partidas de nacimiento, antecedentes penales, etc.). También dispusieron remover de su cargo al cónsul de Bolivia en Buenos Aires, denunciado como parte de la operación de tráfico de inmigrantes para ser explotados en los talleres ilegales. En su lugar, se desempeñará Roger Ortiz Mercado, un hombre de confianza del presidente Evo Morales. Según publicó el diario "Página 12" de Buenos Aires, en los próximos días podrían comenzar a regularizar su situación aquellos inmigrantes bolivianos que no tengan residencia legal en Argentina. Añadía que la comisión enviada por el presidente Evo Morales llegó a un acuerdo con los gobiernos de Argentina y de la ciudad de Buenos Aires para "blanquear" la situación de los inmigrantes y regularizar los talleres textiles. El gobierno argentino aclaró que el proceso será acompañado por medidas de control para evitar que funcionen talleres textiles en los que las condiciones de trabajo sean de explotación. El diario precisaba que el gobierno argentino abrirá nueve oficinas en Buenos Aires para que los inmigrantes bolivianos puedan regularizar su situación. Por su parte, el gobierno boliviano se comprometió también a facilitarles a sus ciudadanos la documentación que necesiten para ese trámite. ( Certificados de nacimiento, antecedentes penales, etc ) . Los talleres tendrán un plazo para regularizar su situación, que exige blanquear el negocio y a sus trabajadores, de lo contrario serán clausurados. Eso es lo que indica el diario de Buenos Aires. Las delegaciones de Argentina y Bolivia que trataron el tema, tenían instrucciones de los presidentes Kirchner y Evo Morales de que debían encontrar una solución a la grave situación que tomó estado público a partir del incendio en Caballito. La solución, dijeron los presidentes, debía incluir ayuda a los inmigrantes bolivianos para que legalicen su situación, y evitar que esos "talleres" sean un lugar de explotación para falsos empresarios que intentan lucrar con la necesidad de los inmigrantes. Pero uno de los problemas paralelos que se presenta ahora, es tratar de evitar el desplazamiento de talleres ilegales hacia el Gran Buenos Aires, hecho que ya fue detectado por los inspectores. Las reparticiones de Derechos Humanos y de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires anunciaron que están diseñando planes que ayuden el "blanqueo" de la situación de los inmigrantes bolivianos. Dejaron trascender que entre otras medidas, podría establecerse una línea de créditos y asesoramiento para conformar cooperativas. El tiempo dirá si estos anuncios se convertirán en hechos o si son bálsamos para calmar el dolor por la tragedia. El viceministro boliviano de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, expresó el agradecimiento de su país "a la cooperación del gobierno argentino, al igual que el de la ciudad de Buenos Aires," destacando " la solidaridad, el apego, el respeto a los derechos humanos que han mostrado". El voto de los inmigrantes El gobierno boliviano también expresó su preocupación para que los bolivianos que residen en el exterior puedan recuperar sus derechos políticos. En tal sentido, el nuevo embajador de Bolivia en Buenos Aires, Roger Ortiz Mercado, afirmó que su gobierno tiene ese propósito como un objetivo a corto plazo. Más en el caso de Argentina, donde se estima que hay una comunidad muy numerosa. A falta de registros y censos fiables, la cifra oscila entre un 800.000 y 1.200.000 migrantes bolivianos, la mayoría de los cuales mantiene vínculos directos con su país de origen. Además, se conformará un Observatorio de Derechos Humanos para los ciudadanos bolivianos, constituido por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y por una veintena de organizaciones de la colectividad boliviana. "El objetivo es promover el acceso a los derechos sociales de nuestros ciudadanos y luchar contra el tráfico de personas y situaciones de impunidad", dijo el vicecanciller Dorfler. La Asociación Obrera Textil no sabe, no contesta Entre los significativos silencios que precedieron a la difusión pública de la situación marginal de miles de trabajadores bolivianos en Buenos Aires, se destaca el del otrora poderoso sindicato argentino del ramo, la Asociación Obrera Textil. La entidad gremial, como otras direcciones sindicales argentinas han abandonado hace tiempo la práctica real de la defensa de los derechos laborales, conformando entidades mediadoras y de gestión de obras sociales, que suelen ser también una fuente de recursos económicos para sus eternos dirigentes. Sin embargo, el presidente de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, que también lidera una Cooperativa de Trabajo en La Alameda, en Parque Avellaneda, Buenos Aires, recuerda que esa asociación había denunciado las irregularidades en la "contratación" de la mano de obra inmigrante. Al día siguiente del incendio del taller textil, publicaba un comunicado donde expresaban: " La Unión de Trabajadores Costureros y la Alameda denunciamos que el trágico incendio es el fruto del trabajo esclavo vigente en los talleres clandestinos que venimos denunciando desde hace varios meses junto a la Defensoría del Pueblo. En el taller de Luis Viale ( el que se incendió ) trabajan 25 personas que junto con sus familias conformaban un grupo humano de cincuenta personas. La jornada de trabajo era de 16 a 18 horas sin descanso. Confeccionaban Jeans para la firma JD que tiene locales en la Avenida Avellaneda por el mísero precio de 0,80 centavos por jeans. Los niños estaban encerrados y literalmente enrejados en la planta alta por orden de los talleristas a fin de no «obstaculizar» la producción, aspirando polvillo, expuestos a tuberculosis y anemia. Victimas de trata, traídos mediante engaños desde Bolivia con la promesa de un trabajo digno son esclavizados ni bien pisan la Argentina. Más de cien talleres han sido detectados y denunciados por la Unión de Trabajadores Costureros desde octubre del año pasado junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Organización Internacional de Migraciones y Procuración General de la Nación, únicos organismos del estado que tomaron seria y responsablemente el tema desde entonces." Eso explica que algunas de las manifestaciones contrarias a la continuidad de las inspecciones y clausuras, fueran alentadas por los patrones de esos talleres ilegales y orientadas contra la Cooperativa de La Alameda, que llegó a ser atacada con piedras y huevos. Pero Gustavo Vera también se movilizó para erradicar el problema de raíz. Presentó una denuncia penal contra la persona que venía ejerciendo como cónsul de Bolivia en Buenos Aires, Albaro González Quint reclamando que sea investigado "en torno a la red internacional de explotación que reduce a la servidumbre a miles de bolivianos" y le acusa por "incitación a la violencia contra personas físicas y contra el centro comunitario de La Alameda". La situación del cónsul es un tanto contradictoria. Mientras en La Paz, se asegura que sus días en el cargo "están contados", el vicecanciller boliviano dijo en Buenos Aires que no conocía que hubiera una denuncia formal en su contra. La inmigración, un engranaje más del capitalismo Estos acontecimientos en Buenos Aires, de los cuales es protagonista la comunidad boliviana, nos remite nuevamente a la cuestión migratoria. Y por tanto es necesario recordar las causas de los desplazamientos de millones de personas que dejan atrás su tierra, sus gentes, sus formas de vida. La miseria, la marginación, la falta de acceso a la educación y a la sanidad, o la desocupación, son algunos de los flagelos constantes que castigan grandes sectores de población. Y no constituyen una fatalidad irremediable. Suelen ser consecuencia de sistemas socio económicos asentados sobre una injusticia estructural. Esa es la cuestión fundamental, de la que nadie, o casi nadie quiere hacerse cargo en los países "desarrollados". El proceso de "globalización" o el "nuevo orden" ha evolucionado dentro de las líneas y conveniencias de quienes detentan el poder económico y político en el planeta. Eso significa una permanente transferencia de riqueza hacia las metrópolis y un creciente empobrecimiento de gran parte de la población mundial. El diferencial de precio entre las materias primas y los productos elaborados a partir de ellas; el pago de la deuda externa ( generalmente contraída ilegalmente y por amanuenses de los acreedores ) ; la venta dolosa (entrega) de recursos básicos; los expolios apoyados por la fuerza ( como el caso del petróleo iraquí) o las fugas de capital, son algunos de los elementos de la interminable sangría que deja sin recursos para educación, sanidad e infraestructuras básicas a casi dos tercios de la población del planeta. Mientras la injusticia sea la forma dominante de la globalización, solo cabe esperar más miseria y más violencia. Y en la medida que aumenta la pobreza y disminuyen las posibilidades de trabajo y de una vida digna, hombres y mujeres seguirán emigrando buscando en otras tierras el futuro que no tienen en la suya. Nuestra América es un ejemplo claro de lo que afirmamos. Y esa emigración, suele convertirse en un engranaje más de la maquinaria perversa del capitalismo, que encuentra mano de obra barata y sumisa allí donde la necesita. Es imposible revertir esta situación en términos inmediatos, pero es imprescindible definir estrategias ya y ponerlas en marcha cuanto antes. Cuanto más tiempo pase, más serán los perjuicios para nuestras patrias, que están enajenando sus recursos humanos, su potencial de futuro por remesas de dinero. Y el único camino para cambiar ese rumbo suicida es promover formas de desarrollo independiente, obtener regalías justas y razonables de la explotación de los recursos propios, tener el control y la soberanía de los servicios estratégicos, crear condiciones dignas de vida con acceso a la educación y a la sanidad. Intentarlo es un gran desafío, pero también lo es la encrucijada de nuestra América. Propuestas Esa urgente definición de estrategias de cambio, requiere ideas y propuestas viables. Con referencia al tema migratorio, recientemente publicaba un artículo en la agencia Bolpress un analista de temas económicos latinoamericanos, Christian Inchausti Sandoval. Tras recordar que en los últimos años, Bolivia ha "exportado" más de un millón de ciudadanos, cita a Marcelo Quiroga Santa Cruz para recordar que con la migración Bolivia pierde tres cuartas partes de su "materia gris", es decir intelectuales, cuadros altos y medios y mano de obra cualificada. Pierde inversión y pierde ahorro interno, y pierde capacidad de producción y de consumo, reduciendo el mercado interno. "Mientras que los bolivianos trabajan 14 horas al día en los talleres de Buenos Aires y Sao Paulo, o ejercen labores domésticas o de trabajadores rurales en España, el país va perdiendo una gran parte de su mano de obra agrícola, valiosa porque puebla los campos y provee la base de los alimentos del país." Tras esa introducción, el articulista se pregunta ¿Que hacer ? Y reflexiona que si al menos un cuarto de la población boliviana estará en los próximos años trabajando en otros países, es importante que el gobierno actual y los venideros, tomen acciones para que la diáspora no pierda su nexo con Bolivia y asegurar un vínculo de mutuo beneficio, para los inmigrantes y para el país. Sugiere que esas acciones formen parte de un plan similar al programa "Paisano" que tiene México con sus expatriados. Y enumera algunos pasos: primero, censar a todos los bolivianos; segundo agilizar la entrega de pasaportes a todos ellos; tercero, otorgar el derecho al voto de los bolivianos en el extranjero; cuarto, dar ventajas fiscales y legales a los bolivianos que decidan reinvertir parte de sus ahorros en Bolivia a pesar de que sigan en el exterior; quinto, brindar asesoría legal y económica. El costo de regularizar a los "sin papeles" bolivianos es de 460 pesos argentinos, (1,000 bolivianos ). Esta inversión por parte del estado boliviano, ayudaría a que los inmigrantes no cayeran en las redes de explotación laboral; sexto, controlar en territorio boliviano a todos los traficantes, pillos y seudo-agencias de viaje que sacan a los compatriotas del país al margen de las leyes. Apunta también que a largo plazo, es de desear que los inmigrantes se organicen en empresas (¿ cooperativas ? ) donde los grandes réditos de la industria textil se queden entre los trabajadores. Afirma también que para atacar la raíz del éxodo, será necesario crear empleos dignos en las ciudades y en el campo de Bolivia, para lo cual habrá que aplicar recursos ( por ejemplo los de la explotación gasífera ) en generar trabajo. Inchausti Sandoval hace también un llamado a las entidades que agrupan a los inmigrantes. "Las asociaciones de residentes deben trascender de una buena vez los ámbitos de fiestas y organización de bailes y concentrarse más en la parte económica, social y política del inmigrante y acercarse más a las embajadas e instituciones del Estado." Es posible que sea el actual gobierno de Bolivia, el que muestra más conciencia de la magnitud de la cuestión migratoria, y el que por su origen, tiene el doloroso conocimiento propio sobre las causas de la migración. Puede que sea el primero que reúne condiciones reales para no "acomodarse" a la recepción de las remesas que mandan los expatriados e intentar un cambio profundo. Hay algunos indicios alentadores en ese sentido. El presidente Evo Morales acaba de anunciar que el primero de mayo arranca un nuevo programa de empleo de emergencia. El plan "Propaís" generará 100 mil empleos en los siguientes dos años con una inversión de 47 millones de dólares. Es un buen comienzo, pero no todo habrá que esperarlo de los gobernantes. Se necesitará la implicación activa de todos los bolivianos, dentro y fuera de las fronteras. Ese nuevo rumbo puede ser un ejemplo para el resto de los países del continente. - Redacción del Servicio de Prensa Alternativa, SERPAL