Analizando el rol de la militarización como aspecto integral del control del territorio, de los recursos y de los pueblos, este artículo pone en duda la supuesta lucha contra el narcotráfico en distritos mineros. Compara con el Plan Colombia en ese país sudamericano la situación actual en San Marcos, Guatemala, donde en el mismo departamento en el cual el Pueblo de Sipakapa se mantiene firme en su resistencia a la mina de oro Marlin de la transnacional canadiense-estadounidense Glamis Gold, recientemente se ha anunciado en el marco del Plan Maya Jaguar la participación del ejército estadounidense en allanamientos y fumigaciones de cultivos de amapola. Así como al parecer hay mucho terrorismo donde se ubican yacimientos petroleros, de repente se encuentran los peores focos del narcotráfico donde existen fuertes intereses mineros. Sea lo que sea el pretexto, las últimas noticias del altiplano marquense en Guatemala deben fomentar algunas reflexiones sobre el fondo de la militarización y de la así llamada integración regional, que no es más que la continuación del proyecto histórico de explotación y control en Mesoamérica: control del territorio, control de los recursos, y control de los Pueblos. La mina Marlin, imposición de un distrito minero en territorio indígena En el altiplano de San Marcos, en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa, está el infame proyecto Marlin, una mina de oro que desde finales del año pasado ya está siendo explotada por la empresa Montana Exploradora, S.A., una subsidiaria de la transnacional canadiense-estadounidense Glamis Gold Ltd. Este negocio, apoyado por el Banco Mundial y los gobiernos de Guatemala y Canadá, se ha desarrollado no obstante la fuerte oposición al nivel nacional, regional y local, cuya manifestación más clara fue el contundente rechazo de la actividad minera en su territorio expresado por el Pueblo de Sipakapa en la consulta comunitaria realizada el 18 de junio del 2005. Como bien apunta una declaración pública de Sipakapa del 4 de marzo que está siendo difundida y apoyada por varias organizaciones (‘Exigimos el cierre de la mina Marlin’), “esta explotación minera no afecta únicamente a los Pueblos Mayas Sipakapense y Mam de San Marcos, sino que afectará a todo el altiplano occidental de Guatemala, pues pretenden constituir toda esta región en un distrito minero.” Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) recopilados por Luis Solano y la revista Inforpress Centroamericana, solamente en el altiplano marquense existen 16 licencias mineras vigentes (una de reconocimiento, catorce de exploración y una de explotación), y tres licencias de exploración en trámite. Son once los municipios directamente afectados en San Marcos, entre ellos Tacaná, Ixchiguán y Tajumulco. Crónica de los allanamientos anunciados El 7 de marzo, el periódico Siglo Veintiuno publicó un artículo (‘En marco de Plan Maya Jaguar, EEUU se involucra en allanamientos’) en el cual el Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, anuncia el ‘apoyo’ de militares estadounidenses a los allanamientos que tenían planificados varias instituciones nacionales para Tajumulco, San Marcos. Los objetivos anunciados fueron desarmar a la población, erradicar la siembra de amapola y resolver tanto el problema de narcoactividad como el conflicto territorial entre Tajumulco e Ixchiguán. Según se informa, por la oposición de la población local, los militares guatemaltecos y estadounidenses no pudieron entrar al pueblo de Tajumulco, así que se quedaron afuera en la calle, revisando los vehículos en búsqueda inútil de armas. Pero siempre merece hacer la misma reflexión que hizo el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales en un comunicado reciente (‘Más cara la cura que la enfermedad’): “En primer lugar, aunque no vinieran tropas extranjeras, resulta francamente absurdo que se anuncie con anticipación en dónde se van a realizar los mentados allanamientos, porque con ello se alerta a los que tengan algo que ocultar para que lo oculten en otra parte.” También cabe destacar la mención de la resolución del conflicto territorial entre Tajumulco y el municipio vecino de Ixchiguán como un reto de la intervención militar. Según el mismo artículo del Siglo Veintiuno, a raíz de un desalojo este febrero en el caserío Once de Mayo, Ixchiguán, parte de un conflicto territorial casi centenario, en el mismo caserío “fue instalada una subestación temporal de las fuerzas combinadas (95 policías y 50 militares), con la directriz de proteger a las personas y velar por la conservación y custodia de los bienes que se encuentran en situación de peligro.” A lo mejor, ¿esa fue la verdadera directriz de la intervención de las fuerzas militares y policiales en Nueva Linda? ¿Protegerán también a las personas Sipakapenses y velarán por la conservación y custodia de los bienes que se encuentran en situación de peligro por la empresa minera? ¿Velan por todos los pueblos y comunidades indígenas cuyos territorios se encuentran en situación de peligro por los terratenientes y las transnacionales? Lo que sí es seguro es que en Guatemala las fuerzas combinadas han demostrado su compromiso de velar por la custodia de los bienes. Eso quedó claro el 11 de enero del 2005 cuando asesinaron a Raúl Castro Bocel, habitante local indígena Kaqchikel quien estaba protestando en Los Encuentros, Sololá, por el paso de un cilindro destinado para la mina Marlin. El cilindro fue custodiado por más de mil soldados y cientos de efectivos de la policía, mientras que en una conferencia de prensa en la capital, el presidente Berger declaró “tenemos que proteger a los inversionistas.” Glifosato ‘se recomienda usar con precaución’ Aparte de los allanamientos en Tajumulco, en los últimos meses en los medios de comunicación se ha venido anunciado el mal llamado ‘apoyo’ militar de los Estados Unidos, tanto de efectivos como de avionetas y otro equipo, para fumigar los cultivos de amapola en el altiplano marquense. Aunque los impactos negativos de las fumigaciones en el medio ambiente, los demás cultivos y la salud han sido documentados científicamente una y otra vez, no se han escuchado tantas reacciones a las noticias que han salido. El 16 de febrero del año en curso en El Periódico (‘Combatirán cultivos de amapola por la vía aérea en San Marcos’), el periodista Luis Ángel Sas citó declaraciones del Ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, sobre las fumigaciones inminentes. Avisó que sólo estaban esperando el arribo de avionetas de los Estados Unidos para iniciar las fumigaciones con Glifosato de unas 200 hectáreas de terrenos, declarando que el viernes anterior en un sobrevuelo identificaron los cultivos de amapola en los municipios de Tajumulco y Tacaná. Citó también al director de la Policía Nacional Civil, Erwin Sperisen, quien avisó que si los cultivos de verduras u otros “se encuentran en medio de las plantas de amapola, forzosamente se verán afectados.” En el mismo artículo, Gustavo Mendizábal, jefe de la unidad de Normas y Regulaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, señala que el uso del Glifosato es permitido, sólo que “se recomienda usarlo con precaución. Es un químico que actúa al contacto y ataca directamente el sistema de las plantas de hoja ancha. No ocasiona daño a las personas.” Sas explica también que en Colombia, donde se usa el mismo Glifosato y el mismo tipo de avionetas para fumigar a los cultivos de coca y amapola, se ha denunciado el impacto que produce en las personas, como vómitos, dolor de cabeza y estómago, diarrea y posibles efectos a largo plazo, como cáncer y malformaciones en recién nacidos. De hecho, el 13 de junio del 2003 el Tribunal Superior Administrativo de Cundinamarca, la segunda corte más importante en Colombia, declaró que las fumigaciones con Glifosato para la erradicación de cultivos de coca y amapola violan los derechos colectivos al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a la seguridad y salubridad pública. Tanto el Consejo del Estado como la Corte Constitucional ya habían emitido sentencias prohibiendo las fumigaciones en territorios indígenas y exigiendo el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental requerido por el Ministerio del Medio Ambiente. Esas decisiones sentaron precedentes importantes, reconociendo oficialmente los riesgos que presentan las fumigaciones con Glifosato a la salud, el ambiente y los derechos de los pueblos. No obstante, el 14 de junio del 2003, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de manera abusiva y hasta incurriendo en la ilegalidad, declaró que mientras sea presidente él, las fumigaciones continuarán. Añadió Uribe en otra ocasión que quien se oponga a las fumigaciones en cualquier parte del país será visto como simpatizante del terrorismo. De las pocas opiniones que han salido a luz pública en Guatemala, parece que incluso para organizaciones que en otros asuntos como lo de la minería no temen criticar la posición del gobierno, en este tema no se han oído pronunciamientos y mucho menos crítica. Sin negar el tremendo poder y control que tenga el narcotráfico, ni sin negar tampoco la probabilidad que el gobierno respondería con acusaciones de ser simpatizante del narcotráfico a quien critique las fumigaciones, ¿será que nadie dude de que pedir al ejército estadounidense su apoyo para echar una gran cantidad de Glifosato en los cultivos de las comunidades, con impactos negativos en el medio ambiente y en la salud, es la mejor forma de combatir al narcotráfico? El 19 de febrero de este año, en la Prensa Libre (‘Tajumulco e Ixchiguán, en la mira’) se retomó la noticia, anunciando las fumigaciones para los municipios de Tajumulco e Ixchiguán. Apareció otra vez el tema en la portada del mismo diario el 2 de marzo (‘Trasiego de anfetaminas’), cuando al lado de las declaraciones de Gobernación sobre la necesidad de un operativo antidrogas a gran escala en San Marcos, se citó al director del programa antinarcóticos para las Américas del Departamento de Estado de los EE.UU., Antonio Arias, sobre algún informe al respecto y su “temor” de que el narcotráfico “vulnere las fronteras de Guatemala mediante el tráfico de drogas químicas.” Aunque, según se informa en los medios, se compran y llevan las matas de amapola para procesarla en laboratorios en México, entonces es irresponsable reportar un temor sobre el tráfico de drogas químicas (narcotráfico) como justificación para la fumigación de los cultivos (producción). El Plan Maya Jaguar, ¿fumigaciones, armas y cianuro? Tanto los allanamientos en Tajumulco como las fumigaciones que se pretenden realizar en varios municipios de San Marcos forman parte del Plan Maya Jaguar, un programa de operaciones conjuntas de las fuerzas militares de Guatemala y los Estados Unidos con el supuesto fin de combatir el narcotráfico en el territorio de Guatemala. Establecido en Guatemala en el 1998, el Plan Maya Jaguar ha sido ampliado varias veces desde los primeros operativos conjuntos en el país, donde a veces simultáneamente el Comando Sur ha desarrollado el programa mal llamado “humanitario” Nuevos Horizontes, lo cual ha sido denunciado en varios países de América Latina por ser una forma de maquillaje del ejército estadounidense, para que las comunidades se acostumbren a la presencia de tropas extranjeras. De hecho, así describe Víctor Manuel Gutiérrez al Plan Maya Jaguar en su artículo ‘Guatemala: Estados Unidos y nuestra política’, explicando que el Plan “oficializa esta ocupación [militar de nuestro territorio] y permite el desplazamiento de aparatos militares y de inteligencia extranjeros por todo el territorio nacional sin control ninguno.” El 6 de diciembre del 2005 el Congreso de la República aprobó un decreto para ampliar el plazo de vigencia del Plan Maya Jaguar hasta el 2008, después de que ya había sido extendido el plazo hasta el 2005. Pero mientras que desde que entró en vigencia el Plan ha sido para todo el territorio guatemalteco, todas las últimas noticias sobre el mismo han sido sobre operativos específicamente en el altiplano marquense. En su comunicado, el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales pregunta sobre la ubicación de la intervención militar: “¿Por qué se hacen presentes precisamente en San Marcos, departamento en donde la población de uno de sus municipios, en ejercicio pleno y hermoso de su dignidad, rechazó, tras una amplia y participativa consulta, la exploración y la explotación minera? ¿Qué sigue en esta carrera intervensionista? ¿Destruir laboratorios de opio en Río Hondo, Zacapa?” A lo mejor habrá otro pretexto (quizás allí esté Osama) para Río Hondo, donde el año pasado en una consulta de vecinos al nivel municipal, la población, en otro ejercicio hermoso de la dignidad, rechazó una represa hidroeléctrica en su territorio. Lo cierto es que no es una coincidencia la militarización de la zona que se pretende constituir en distrito minero regional. Como resume Inforpress en su prólogo al nuevo libro ‘Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder’, de Luis Solano, “la industria extractiva ha sido un objetivo de inteligencia militar en el mundo, ya que las dos materias primas más apetecidas, el petróleo y el oro, son piezas claves del modelo de reproducción internacional del capitalismo.” Además, nota que “del capital invertido en estas industrias han salido flujos de financiamiento para sostener el terrorismo de Estado.” La regionalización del Plan Colombia Queda claro que la militarización de los distritos mineros no es un fenómeno únicamente de San Marcos, más bien en ese departamento sólo se está empezando de ver el inicio de un patrón ya muy conocido en Izabal, donde de los 1960s hasta los 80s la International Nickel Company (en esa época, socio principal de la EXMIBAL de Guatemala) junto a varias dictaduras represivas intentó seguir con su negocio minero a toda costa. Aunque la militarización acompaña la minería en todo el mundo, vale la pena examinar el ejemplo de Colombia por los paralelos en el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Aparte de esa semejanza, es de hacer notar también que en los últimos dos años ha habido muchas señales de estrechamiento entre países de Mesoamérica y Colombia, más ahora que nunca con el nombramiento de ese último como país observador en el Plan Puebla Panamá. Además, son varias las operaciones militares conjuntas entre Colombia, los Estados Unidos y países de Centroamérica en temas de ‘seguridad’ y por supuesto para combatir el narcotráfico y el terrorismo. De hecho, durante la visita del presidente colombiano Uribe a Guatemala en enero del presente año, los dos gobiernos firmaron un Convenio de Seguridad y acordaron crear una comisión mixta binacional para intercambiar información y coordinar acciones en el marco de la lucha mundial contra el narcotráfico. Según el boletín de CERIGUA, durante su visita al país, Uribe declaró que “en caso de que Guatemala gestione su inclusión en el ‘Plan Colombia’ de asistencia estadounidense para el combate al narcotráfico y otros problemas de seguridad, las autoridades gubernamentales guatemaltecas pueden contar con la colaboración colombiana.” “En los acuerdos de cooperación militar, por ejemplo Plan Colombia, ellos priorizan zonas de explotación minera y petrolera para supuestamente combatir el narcotráfico,” explicó Francisco Ramírez, del Sindicato de Trabajadores de la empresa estatal Minera de Colombia (SINTRAMINERCOL) en una presentación a la organización CENSAT. “Se supone que el Plan Colombia combate la droga pero realmente lo que hace es posicionar militar y paramilitarmente a grupos que van a proteger la infraestructura petrolera y minera de compañías norteamericanas y europeas”. “Una cosa para destacar es que como parte del Plan Colombia dijeron que iban a construir tres bases antinarcóticos. La primera está en el Sur de Bolívar, esta base supuestamente antinarcóticos protege un pozo petrolero de la familia Bush, la mina que están disputando los pequeños mineros con la Anglogold y la Conquistador Gold Mines y el oleoducto Caño Limón Coveñas de la Oxy. En el Norte de Santander y en Tolima pasa igual.” En su libro ‘La Gran Minería en Colombia’, Ramírez detalla algunas de las atroces violaciones a los derechos humanos en los distritos mineros hasta el 2002, como por ejemplo los 535 homicidios registrados y las más de 35 mil personas desalojadas forzosamente por las operaciones paramilitares colombianas y estadounidenses en el Sur de Bolívar, donde está una de las bases antinarcóticos. Señala que desde que asumió el poder el gobierno de Álvaro Uribe, cada cinco días es asesinada una persona indígena, la mayoría en áreas de explotación de recursos naturales. “En los distritos mineros, entre 1995 y el 2002, cada año ha habido un promedio de 828 homicidios, 142 desapariciones forzosas, 117 lesionados, 71 personas torturadas, 355 amenazas de muerte y 150 detenciones arbitrarias. Además, han habido 433 masacres,” sigue Ramírez. Una guerra, mil caras Aunque por estar en un conflicto abierto, esos detalles de Colombia puedan parecer más a la Guatemala de los años 80s que a la Guatemala de hoy, pero no se puede descartar los efectos psicológicos y sociales que puedan tener la intervención militar o incluso tan sólo la presencia militar en el contexto actual, ni tampoco la eficaz de la guerra de baja intensidad. “Ellos han programado nuestra muerte, estudiándonos, estudiando cuándo tenemos oro, cuándo tenemos minerales, estudiando la psicología de nosotros, cómo vamos a reaccionar,” enfatizó el Dr. Juan Almendares, del Movimiento Madre Tierra, en su ponencia en la Mesa de Resistencia a la Minería de la V Semana para la Diversidad Biológica y Cultural, evento mesoamericano realizado en Colotenango, Huehuetenango, Guatemala, del 6-9 de marzo del presente año. En las últimas semanas, ha habido reacciones de gran preocupación en Guatemala por una noticia que salió en la revista Inforpress Centroamericana el 3 de marzo (‘Empresas canadienses inician exploraciones de uranio’) sobre dos licencias de exploración minera otorgadas por el MEM el 16 de enero a la Gold-Ore Resources, una transnacional canadiense que ha estado explorando en Centroamérica por años. Además, según el consorcio de las mismas empresas, la Gold-Ore, junto con la Pathfinder Resources Ltd. y la Santoy Resources Ltd., dos otras empresas también basadas en Vancouver, han estado explorando para uranio en Centroamérica desde por lo menos el 27 de enero del 2005. No se sabía dónde exactamente lo estaban buscando hasta el 16 de febrero del 2006, cuando el consorcio anunció en otro comunicado de prensa que estaba explorando en busca de uranio en el municipio de Esquipulas, Chiquimula, municipio cuyo territorio está cubierto ahora en un 32% (169 kilómetros cuadrados) por las dos licencias. Según el artículo de Inforpress, el Viceministro de Energía y Minas, Jorge García, dijo “que no tenía conocimiento de los proyectos de exploración de uranio en el país, [aunque] al ver las copias de las licencias, expresó su preocupación por el asunto.” No es el único que debe preocuparse, ya que según los datos recopilados por Luis Solano e Inforpress, no se trata solamente de la exploración en busca de uranio en Esquipulas, sino también de las licencias otorgadas por los derechos a explorar en busca de minerales del grupo platino y/o tierras raras en unos diez departamentos. Entre éstos, está una gran parte de San Marcos, incluyendo a los municipios de Tacaná, Ixchiguán y Tajumulco. “Estas empresas investigan el oro, pero también investigan los minerales estratégicos, sólo que no tienen porqué decirnos, hasta ahora que lo hacen públicamente en Guatemala. Somos países, desde Chiapas hasta Costa Rica, con recursos estratégicos,” explica el Dr. Almendares. “Somos importantes para la guerra.” La diabólica trinidad TLC, PPP y Plan Maya Jaguar Aunque es cierto que la militarización y la minería andan juntas, cabe señalar que tienen que ver con otras iniciativas regionales, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio (TLC) y el Plan Puebla Panamá (PPP). Siempre usando la industria minera como ejemplo, se puede ver cómo se complementan estos aspectos de la integración regional de las estrategias del control. “El Plan Maya Jaguar, junto con el Plan Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio, constituyen una diabólica trinidad,” se considera en el comunicado del Frente Nacional de Lucha. “Son, los tres juntos, una articulación maligna y bien urdida: El TLC en lo económico, el Plan Puebla Panamá en cuanto a infraestructura y el Plan Maya Jaguar en el terreno de lo militar.” En la realidad, el TLC no sólo representa lo económico, sino que más bien representa el consenso internacional de los poderes neo-coloniales que establecen a favor de las empresas transnacionales las políticas y leyes tanto al nivel nacional como internacional. En casi todo el mundo, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos e instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, junto con las transnacionales mismas, han impulsado reformas de la legislación y políticas mineras, definiendo los lineamientos. “El tráfico de influencias para la aprobación de leyes ha sido la forma de impunidad más común de las transnacionales involucradas,” denuncia la Inforpress en su prólogo al libro ‘Guatemala, petróleo y minería en las entrañas del poder’. Los Tratados de Libre Comercio consolidan esa impunidad y aseguran, a través de los capítulos que tratan de los ‘derechos’ de las inversiones y las respectivas tribunales supernacionales, que hayan graves consecuencias para cualquier instancia gubernamental que intente cambiar algo que podría afectar a las inversiones. El Plan Puebla Panamá se trata de la construcción e integración de la infraestructura necesaria para las transnacionales. En cuanto a la minería, ocupa grandes cantidades de agua y energía, y ocupa buenas carreteras que vayan directamente a buenos puertos. Todos estos aspectos son ejes claves del PPP, que consiste en el financiamiento de la infraestructura según la lógica del comercio y de los negocios transnacionales por las Instituciones Financieras Internacionales, que al final son préstamos que las generaciones venideras de Mesoamérica terminarán pagando. “El PPP es un plan estratégico de circulación de comercio, pero también de recursos (agua, genes, etc). Y eso siempre conlleva la estrategia militar,” expuso el Dr. Almendares en Colotenango. “La lucha contra la minería está en el marco de la estrategia militar y geopolítica.” De nada le sirven a las empresas las leyes, la infraestructura, ni el control del territorio y de los recursos, si no controlan a los Pueblos. Por eso, en el caso de Colombia, Francisco Ramírez describe a la parte militar como la tercera fase, “para dar una respuesta militar a quien se opone a la explotación minera.” Y en el caso del altiplano marquense, aquí se concluye que el objetivo del Plan Maya Jaguar es exactamente eso. - Sandra Cuffe, Derechos en Acción,