Abrir arcones y soltar demonios es una tarea relativamente sencilla. Sólo basta con levantar la tapa de la caja de Pandora y dejar que salgan a divertirse por ahí. Las consecuencias pueden resultar imprevisibles y también contraproducentes. Y especialmente “cuando se elige como compañero de cama a personajes tan peligrosos e irresponsables como Greenpeace, no se extrañe uno si se termina con la honra mancillada y la virginidad perdida”, dice una publicación argentina definiendo su visión sobre lo que está ocurriendo en Entre Ríos, donde la protesta ecologista ha devenido en una agresión de medibles consecuencias para la economía uruguaya y, lo que es más, un deterioro de la tradicional amistad entre dos pueblos hermanados desde el comienzo de la historia. Porque el asunto de las papeleras ha entrado en un callejón político sin salida elegante para Argentina, y mucho menos barata. Ya al país presidido por Néstor Kirchner no le queda el arbitrio de una huída hacia delante. Solo le queda retroceder lastimosamente y está viendo el gobierno, atribulado por la magnitud que han adquirido los acontecimientos que ahora han comenzado a perjudicar abiertamente a exportadores argentinos, como hace para desactivar los cortes de ruta sin recurrir al peor arbitrio que le queda, la represión lisa y llana. El gobernador entrerriano Jorge Busti, reprendido duramente en la Casa Rosada, le llama “tregua de 90 días” a la desactivación. Sin embargo la “manija” fue demasiada y la acción de los piquetes que cortan rutas ha llegado al despropósito de impedir todo tipo de tránsito menos (sic), el de “camiones que transportan oxigeno para los hospitales de Fray Bentos”. La prensa argentina ya lo menciona. Habrá costos que afrontar – dice-, tanto políticos como pecuniarios, especialmente cuando se ha impedido el tránsito de camiones de distinta procedencia cuyas empresas han iniciado demandas que, seguramente, prosperarán pese a que por el momento, hasta la propia justicia del país hermano, parece haberse trepado a la tribuna para aplaudir solo las jugadas, siempre prepotentes, de uno de los contrincantes. Valen más las opiniones de los militantes profesionales de Greenpeace que las leyes argentinas. En las zonas de cortes de ruta los gendarmes – otra institución nacional – al recibir la documentación de los camioneros detenidos, se la trasladan de inmediato a los integrantes de la organización ecologista, verdadero arbitro del tránsito en el lugar y, por consiguiente, factor fundamental en el reracionamiento de los dos países. “Y no hay que extrañarse si después de esta aventura al pueblo Argentino la payasada verde le terminará resultando costosa en divisas. Como siempre, el pueblo es el que paga los platos rotos”, afirma el matutino “Los Principios” de Córdoba. Parecía evidente que en el diferendo había que ser cuidadoso para que ni los gobiernos ni los pueblos se sintieran derrotados ante el fin de la confrontación, que en la escalada de acciones en la frontera. Cuidado que por la dinámica de los hechos fue acotándose. Las medidas de fuerza fueron de tal progresividad que impidieron toda negociación ya que las reivindicaciones siempre fueron de máxima. ¿Era razonable pensar que el gobierno uruguayo se sentara a discutir el tema en el marco de los cortes de ruta, la paralización de los camiones y los perjuicios al turismo? Los militantes que al rayo del sol siguen cortando rutas en la zona de Gualeguaychu y afirman que se intenta un encuentro entre presidentes, gracias a la firmeza de los costes de ruta, no parecen razonar con corrección. Han alejado la única posibilidad de solución que existía. Una visión globalizadora “Los habitantes de Gualeguaychú no querrían —aunque los pintara un Seurat— emular hoy a los bañistas de Asnières. Se resisten a que sus vecinos uruguayos instalen, en el área de Fray Bentos, fábricas de celulosa (mal llamadas “papeleras”) que escupirían compuestos organoclorados en el río y corromperían el aire con el pestilente dióxido de sulfuro”. El periodista y dirigente radical Rodolfo Terragno cuenta que todo comenzó cuando la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, recibió el pedido de financiar dos proyectos: 1) Orion, llevado adelante por Oy Metsä-Botnia Ab, de Finlandia. 2) Celulosa de M’Bopicuá (CMB), a cargo del Grupo Empresarial ENCE, de España. El gobierno de Entre Ríos (lease Jorge Busti), pobladores alarmados y Greenpeace pusieron el grito en el cielo: Orion y CMB matarían los peces del río Uruguay, enfermarían a los ribereños y acabarían con el turismo. “A la vez, conviene evitar la alucinación ecológica, que hace ver a la Parca rondando toda industria. Y huir del chauvinismo, para el cual las fábricas argentinas son inofensivas; y las uruguayas, letales. No hay producción inocua de celulosa. Lo importante es establecer, en cada caso, si una planta causará daños grandes o minúsculos. Serán grandes si la planta libera demasiadas dioxinas y furanos: elementos sospechados de producir cáncer, trastornos neurológicos y alteraciones endocrinas”. Dice más adelante Terragno, en un concepto que engloba su pensamiento: “Está claro: la industria del papel, contamina. Si no se quiere vivir en una sociedad pastoril -dependiente de naciones industriales, capaces de administrar los riesgos ambientales y no renunciar a las fábricas- se necesitan de reglas que recorten los riesgos”. El camino de Uruguay Por ello, el camino que recorría Uruguay para acordar una solución a las diferencias era, a ojos vista, idóneo, porque proponía la creación de un organismo de control binacional sobre todos los cauces comunes que estableciera niveles posibles de contaminación que fueran admitidos y, por supuesto, si las plantas a levantarse, hacían esfuerzos para asegurar que sus residuos no fueran nocivos para el medioambiente, todo estaba bien. Sin embargo en la Argentina las manifestaciones se sucedían. Se daba por sentado que los niveles de contaminación serían gigantescos, que desaparecería toda la riqueza itícola de los ríos Uruguay y de la Plata y que “lluvias acidas” se precipitarían sobre las ciudades, incluso Buenos Aires, provocando al igual que lo que ocurre en un filme catástrofe, la desaparición de poblaciones, el envenamiento colectivo. Era el Apocalipsis. Todo ello impulsado por la escalofriante posición chauvinista de quienes olvidaban, por supuesto, que las plantas a levantarse en Fray Bentos serán más modernas (y menos contaminantes) que la mayor parte de las argentinas. Uruguay —entusiasmado con ambos proyectos— no quiere ceder en otra cosa que en el control del proceso, lo que es realmente una concesión importante y suficiente. Donde Botnia fabricará pulpa, hoy existe una astilladora de pinos y eucaliptos: Uruguay exporta astillas baratas e importa papel caro. La inversión en Orion y CMB (US$1.800 millones; la mayor en la historia del país) ayudará a transformar una economía que, hasta ahora, cambió materias primas por manufacturas. Su única fábrica de celulosa (Fábrica Nacional de Papel, FONAPEL, instalada en Juan Lacaze, Colonia) produce 35.000 toneladas de pulpa en su planta procesadora instalada en la Argentina: apenas 2,33% de lo que se fabricará en Fray Bentos. En cuanto a tecnología, Orion y CMB emplearán la usual en Estados Unidos y Canadá. Es evidente que Uruguay si no se quiere vivir en una sociedad pastoril comercializando solo su carne y, eventualmente, su lana o coyunturalmente parte de su producción agrícola – siempre dependiente de naciones industriales, debe sentirse capaz de administrar los riesgos ambientales y no renunciar a las fábricas que dan trabajo a la gente- se necesitan reglas que recorten los riesgos. Lo otro son las posiciones reduccionistas, cerradas, profundamente conservadoras que quieren a un país paralizado, metido en el pasado, presuntamente “natural”, quebrado en su posibilidad de desarrollo y cerrado al progreso con consignas, tan fuera de época como alejadas de los modernos y competitivos medios de producción. Es necesario cuidar el medioambiente, pero imprescindible el desarrollo y la industrialización. ¡Cómo, entonces, el gobierno uruguayo se podía oponer a apuntalar la construcción e dos plantas de pulpa de celulosa, que además se levantan siguiendo las últimas estipulaciones de seguridad ambiental que se exigen en el primer mundo! ¡Cómo Greenpeace y los “ecologistas” de Entre Ríos, son capaces de oponerse a un paso como el uruguayo, a favor de la modernidad, sin mirar lo que ocurre en su país! Podían reclamar – eso era correcto y razonable - que se les asegurara compartir el control de las plantas para evitar toda posibilidad de contaminación, pero nunca detener su construcción, producto de la inversión extranjera mayor que recibe Uruguay en toda su historia. Esas posiciones tan abstrusas, las debieran haber dejado para algunos despistado de entrecasa, de muchos pelos que pululan por nuestro país, que parecen en este tema ser voceros del gobernador Busti, un hombre que tuvo la característica – durante el transcurso de toda la dictadura militar argentina que asesinó a 30 mil personas – de guardar el más ominoso silencio. Ahora se juntan, coincidiendo en que Uruguay no tiene que industrializarse, porque – lo deben creer firmemente – este país no está en condiciones de manejar los posibles riesgos ambientales. - Carlos Santiago es periodista.