La reforma agraria nicaragüense comienza tímidamente durante los últimos años del régimen somocista (1964-1979). Alcanza su apogeo durante los diez años de la revolución sandinista (1979-1989), y se prolonga en los últimos quince años de los gobiernos neoliberales (1990-2005).

La reforma agraria somocista

En 1964 se funda el Instituto Agrario de Nicaragua (IAN). En la década del 60 y del 70, arrecian los conflictos guerrilleros en el norte y los conflictos de tierra en la zona del Pacífico. El auge algodonero encarece las tierras del pacífico y la presión de terratenientes y empresarios sobre el campesinado amenaza con desestabilizar al régimen en el campo.

Las invasiones de tierra eran cada vez más frecuentes y el precarismo o posesión ilegal de tierras por parte del campesinado alimentaba los conflictos de tierra. En 1972 y aprovechando el terremoto de Managua, el gobierno comienza a desplazar familias campesinas hacia el interior del país, particularmente a la Costa Caribe.

En uno de los folletos del IAN en aquella época (1975) se decía: “El traslado masivo de 1,631 familias al proyecto Rigoberto Cabezas, damnificados por el terremoto y la sequía, conjuró a tiempo el desempleo en el campo, por lo tanto, los actos de invasiones y desalojos de las fincas ocupadas en precario, evitando así posibles conflictos de graves consecuencias para la paz del agro nicaragüense y para la producción nacional”.

El programa de tierras del IAN benefició a 2,500 familias y afectó un área de alrededor de 40,000 manzanas.

La reforma agraria sandinista

La revolución sandinista que triunfa en 1979 recorre durante diez años el proceso más profundo de la reforma agraria en toda la historia de Nicaragua.

Dos fenómenos van a caracterizar la naturaleza de la reforma agraria sandinista. El mismo día de la victoria los campesinos precaristas pasaron a ser dueños de hecho -aunque sin títulos- de las parcelas que ocupaban anteriormente, siendo quizás el primer y mayor acto de cesión de tierras durante el período revolucionario, a juzgar por la titulación posterior que se les hizo en su carácter de precaristas. En segundo lugar, el criterio político con el cual se realiza la confiscación, lo que permite tomar en posesión las fincas de la familia Somoza y de sus allegados, tratándose en su mayoría de las empresas más desarrolladas del país.

El primer fenómeno pasó desapercibido, pues la visibilidad de la distribución de la tierra se mostraba hasta el momento de la titulación, proceso bastante lento. El segundo fenómeno, en cambio, fue el más visible, por la envergadura y atención de las fincas confiscadas por parte del estado, y por ser este hecho el blanco de ataques de la derecha y de algunos campesinistas; los primeros porque pensaban ser los legítimos herederos de las tierras del somocismo, los segundos porque proponían el parcelamiento de las empresas estatales.

La revolución consideraba como sujetos de reforma agraria, tanto a los campesinos, como a los semiproletarios organizados en cooperativas, y a los obreros organizados en sindicatos de las empresas de reforma agraria. La reforma agraria sandinista afectó un área de alrededor de 3 millones y medio de manzanas, es decir, cerca del 40% de un total de 8 millones de superficie en fincas que existía al inicio de la revolución. Como puede verse en el Cuadro No. 1, esta área se desglosa de la siguiente manera: 625,000 mzs. a cooperativas, 2,125,000 mzs. a campesinos individuales (de las cuales 1,460,000 mzs. a precaristas), 170,000 mzs. a comunidades indígenas, y 750,000 mzs. a las empresas estatales).

En general, el número de beneficiarios por la reforma agraria sandinista superó las 90,000 familias, de las cuales el 41% bajo modalidad cooperativa y el 59% a individuales (34% de ellas en carácter de precaristas). Las familias beneficiarias de la reforma agraria representan alrededor de 75% de las 120,000 familias que podían considerarse como reclamantes o solicitantes de tierra, sin tomar en cuenta los entonces obreros de las empresas estatales.

Cuadro No. 1

REFORMA AGRARIA 1981-1996

La reforma agraria neoliberal

La reforma agraria no se detiene después de que el gobierno sandinista hubo perdido las elecciones. Dos fenómenos van a caracterizar este período. En primer lugar el reclamo de tierras por parte de los desmovilizados de las fuerzas armadas sandinistas, de los desmovilizados de la Resistencia, de los gremios rurales, de los obreros de las empresas de reforma agraria. En segundo lugar, el reclamo de tierras por parte de los antiguos dueños, lo que produjo un nivel de enfrentamiento sin precedentes en la historia agraria del país.

La reforma agraria sandinista había legado un nivel de organización social tan grande y tan fuerte que superaba incluso la organización del gobierno y de la burguesía. Las invasiones, las tomas de tierras y de fincas, el enfrentamiento entre todos los desmovilizados, incluyendo los llamados revueltos (sandinistas y Contras) obligó al gobierno a una concertación entre todos los reclamantes, nuevos y viejos, ampliando el período de reforma agraria y beneficiando a miles de campesinos adicionales a los de las reformas agrarias anteriores. Entre el año 1990 y el año 1996 se benefició a 47,000 familias y se distribuyeron más de un millón de manzanas. En este período se inicia la recuperación de más de un millón de manzanas por parte de los grandes productores.

La situación actual de la tenencia de la tierra

Se habla y con razón de un proceso de contrarreforma agraria, pero esta afirmación habría que matizarla, a la luz de las cifras del III Censo Nacional Agropecuario (III CENAGRO) del año 2000 (véase cuadro No 2).

El estrato de los propietarios mayores de 500 mzs. tenía 36% del área en fincas al final del somocismo (1978), fue reducido al 6.5% durante la revolución sandinista (1979-1990), y se ha venido recuperando hasta alcanzar el 20% en el año 2000; es decir, que tiene más tierra que en 1990, pero siempre menos que durante el somocismo. El incremento del área en fincas de este estrato en el período 1990 a 2000, se debe principalmente a la privatización de las empresas estatales que favoreció mayoritariamente a los grandes productores, así como a la compra de propiedades (del sector privado y reformado) en el mercado de tierras.

Los estratos menores de 200 mzs. aumentaron su área en fincas en el período que va del año 1978 al año 2000, tanto en números absolutos como relativos. El incremento del área en fincas de este estrato se debe en parte a la disminución del área de los estratos mayores de 500 mzs y en parte a la disminución del área de cooperativas.

A pesar de que todos los estratos aumentaron su área gracias a la ampliación de la frontera agrícola en la década de 1990 al 2000 (correspondiente a unas 830,000 mzs.), fueron los estratos menores de 200 mzs. quienes más aumentaron en área por esta razón. Un estudio reciente del CIPRES muestra que los pequeños y medianos productores, medidos por su capacidad económica y no solamente por estrato de tenencia al que pertenecen, controlan el 70% del área en fincas registrada por el III Censo Agropecuario (CENAGRO).

En síntesis puede observarse un buen nivel de democratización de la tenencia de la tierra en Nicaragua, con un balance de 138,500 productores beneficiados con más de 4 millones de manzanas (cuadro No.1), situación que, a pesar de la ociosidad observada en las áreas, el empobrecimiento y la descapitalización de los productores, ofrece excelentes posibilidades para un desarrollo agroindustrial que nos permita despegar económicamente.