Una poderosa corriente de voraces instituciones del sector privado, como nunca antes, se ha levantado, está movilizada, se lo ve muy activa, en el objetivo de servirse el pastel eléctrico dentro del menor tiempo posible y a como de lugar, atropellando, si es del caso la Ley y los más caros intereses nacionales, con la complicidad del señor Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y, a última hora, con la del señor Alcalde de Quito, General Paco Moncayo, respaldando las posiciones de las cámaras de la producción y de otros sectores que vienen trabajando con todo vigor, digno de mejor causa, por la privatización o la concesión de la industria eléctrica nacional en beneficio del sector privado, que también anda desesperado y no duerme tranquilo hasta no ver en sus manos, en su provecho, a su favor, en calidad de propietario la industria petrolera, las telecomunicaciones, las aduanas, la educación y la energía eléctrica primero que todo. Este es el fondo de la campaña que el sector privado viene haciendo en función de debilitar la producción, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en el Ecuador, cuyos alcances incluyen ataques y tergiversaciones en contra de los trabajadores de las empresas eléctricas del país, opuestos, como es natural y tal como aconseja el sentido común y el espíritu de defensa del patrimonio nacional, al atraco que significa la privatización de esta industria vital para el desarrollo socio-económico de nuestro país. Los insaciables y voraces apetitos de los privatizadores, sus planes y sus maniobras, ya han sido denunciados y se han desbaratado oportunamente. Sin embargo, vuelven a la carga, toman nuevas posiciones, se escudan y se enmascaran en otros maquillajes y es evidente que persisten en sus propósitos, tratando de hacer algunos cambios en su estrategia, esgrimiendo falsos argumentos, tales como: -. Que el Estado no paga la deuda de 200 millones de dólares a la Empresa Eléctrica “Quito” S.A., y 1100 millones de dólares a todas las Empresas Distribuidoras, por concepto de diferencial tarifario, argumentos del Alcalde de Quito, del Prefecto de Pichincha y de los Ejecutivos del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, tales como: - Que el sindicalismo es el factor predominante en la falta de generación, señalando que los trabajadores se benefician a través de grandes canonjías y salarios fuera de lo común; - Que el Gobierno Nacional y los gobiernos seccionales no han hecho nada por aumentar la generación hidroeléctrica; .- Que el Estado aún no se decide a garantizar la inversión, la utilidad y el retorno del capital y los beneficios que se proponen a realizar las empresas extranjeras de China, España, Argentina, Brasil y Estados Unidos. De esta manera la socialdemocracia ecuatoriana se ha puesto al desnudo, a través de sus principales representantes en funciones públicas, logradas también con nuestro esfuerzo y votos, cuando se cubrían con “piel de oveja”. En estas circunstancias la crisis del sector eléctrico se sigue complicando y produciendo deficiencias, inexorablemente el país se camina a afrontar, en el corto plazo, una crisis que puede volverse inmanejable, principalmente por su creciente dependencia de las centrales térmicas, ya que los proyectos hidroeléctricos de Mazar, San Francisco, Toachi Pilatón, Reventador, Quijos, etc., para citar los más importantes, entrarán a funcionar a partir del año 2008, Dios mediante, lo que nos está obligando a depender de la energía que produce Colombia y Perú y de las Barcazas. La crisis cada vez más acentuada del sector eléctrico ha sido incubada durante el ejercicio de los gobiernos de turno de los últimos años. Así, de esta manera, lo que se ha logrado es activar un espacio de manipulaciones y de negociaciones políticas que han hecho de éste sector un ente burocrático, ineficiente, con resultados financieros negativos, en perjuicio del desarrollo productivo del país, pero a favor de obscuros intereses privados que operan principalmente en la Costa, a lo que habría que añadir las “pérdidas negras” que se han incrementado en un 25%, por lo menos, en los últimos años. Si a esto se agrega el hecho de que en Guayaquil se festinan las deudas como la de la ex – EMELEC, hoy CATEG, por un monto mayor a 2000 millones de dólares, el panorama es aterrador y de ahí se desprende el riesgo de que la industria eléctrica nacional llegue a colapsar, de cuyos acontecimientos tendrían que responder los grupos empresariales privados y las autoridades seccionales que tratan de aparecer como salvavidas, así como los que manejan el modelo neoliberal que es el escenario alrededor del cual danzan los intereses privatizadores. Resulta, por otra parte, que en este cruce de intereses y de cuentas sospechosas, se debe tomar en consideración el hecho de que el Estado Ecuatoriano debe 504 millones de dólares a las distribuidoras y éstas tienen facturas impagas a las generadoras por 550 millones, hasta septiembre del 2003 debiendo aclararse que 221 millones corresponden a la ex – EMELEC y 350 millones a la CATEG, la que, de paso se ha dicho, excluye de sus cuentas el pago de las deudas a los Trabajadores Eléctricos de Guayaquil (Pasivo Laboral). La Corporación para la Administración Eléctrica de Guayaquil (CATEG) es la que más debe a la generadora de Paute, por lo que dejará de ser su cliente. Las últimas cifras de CONELEC, reveladas en enero del 2005, definieron que solo EMELEC y la CATEG absorbieron el 53.82% de la deuda total que mantienen las empresas distribuidoras por adquisición de energía no pagada al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La obligación sumaría unos 480.8 millones de dólares de una deuda total de 893.4 millones, en un periodo acumulado desde abril de 1999 hasta diciembre del 2004. Se recuerda que la CATEG es la que más debe a las generadoras del Estado y a las privadas y la que más pérdidas y robos comerciales registra. En este marco, verdaderamente insólito e intolerable, los trabajadores eléctricos agrupados en ENLACE, nos pronunciamos en el sentido de que lucharemos hasta las últimas consecuencias a favor de éste patrimonio nacional, contra la privatización o el manejo de operadoras internacionales; por un proyecto destinado a incrementar la generación hidráulica que aún no ha sido utilizada en todo su potencial, dejando constancia de que la solución no es por la vía del incremento tarifario; por la solución de las deficiencias en el servicio al usuario y por la participación directa en la solución de los problemas por parte de los trabajadores, técnicos y funcionarios de las empresas generadoras de energía eléctrica del país. Expresamos nuestra oposición frontal a las demandas y planteamientos del sector privado de Pichincha, encabezado por el Arq. Diego del Castillo Becdach, que exigen la participación del Estado y acuerdo contrarios a los intereses del pueblo y de la nación ecuatoriana. El País debe saber que las Cámaras de Industriales, piden que se aumenten las tarifas exclusivamente a los usuarios Residenciales y Comerciales, tamaña desvergüenza. Apropiarse de la CATEG, que hoy pertenece al Estado es un asalto, un robo a los bienes nacionales, de los usuarios, de los trabajadores. No puede ser que un grupo de oligarcas se reúnen para decidir por un Decreto que presionan expida el Gobierno, se apropien y entreguen a una Operadora Internacional, por ejemplo, Unión Fenosa de España, al decir de uno de los principales voceros de las Cámaras. Es importante conocer que el representante de esta empresa privatizadora, era o es el Ing. Iván Rodríguez, Ministro de Energía y el Representante Legal, el Dr. Hernán Sánchez, Subsecretario de Electrificación. Lo que está sucediendo en el sector eléctrico ecuatoriano es un bombardeo y destrucción del mismo, sino cómo se explica que hasta el momento no se haya firmado la interconexión con el Perú, no se reparan las centrales térmicas dañadas porque están en trámite los contratos, están llegando a niveles de peligro las reservas de combustible, no se asignan los fondos necesarios para la importación de diesel, no se prevé un sistema de transporte rápido, no se instalaron las barcazas, como es el caso de la Power-Barge II, que prohíbe su instalación el Municipio de Guayaquil, en resumen, se está creando un colapso para responsabilizar a los trabajadores y a los usuarios que están hartos de tamaña irresponsabilidad de los gobiernos impávidos, que se han sucedido, dejando los proyectos hidroeléctricos sin decisiones, para permitir el tráfico de concesiones, en donde se encuentran de socios a los principales funcionarios que fueron del INECEL, CONELEC, Empresas Eléctricas, Ministerio de Energía, etc. El país paga las consecuencias de la ineptitud y rapacidad. - Rither Delgado es presidente (e ) de la Red Nacional de Trabajadores de la Energía Eléctrica- ENLACE