Ante los nuevos hechos de violencia ocurridos en los centros penales del país, que cobraron la vida de más de 30 personas, las organizaciones que integramos el Movimiento pro justicia manifestamos nuestro más profundo rechazo por la pérdida de vidas humanas y el abandono en que se encuentra el Sistema Penitenciario, lo cual fomenta la violencia dentro de estas instituciones. Estamos ante una situación donde la violencia en los centros penales tiene ya un carácter recurrente; y pese a su gravedad las autoridades del Estado se han limitado a reaccionar ante las coyunturas, sin implementar una verdadera política pública en materia penitenciaria. Es importante señalar que las personas privadas de su libertad son indiscutiblemente seres humanos que, independientemente de los delitos que hayan cometido, tienen derecho a la vida y el Estado está obligado a resguardarla. Esto convierte al Estado en responsable y garante directo de su vida e integridad física. El ingreso a los centros penales de armas y municiones, drogas, licor y otros artículos prohibidos, es un hecho reconocido públicamente; y pese a que este trasiego se enmarca en la ilegalidad y ha sido fuente constante de motines y enfrentamientos violentos, hasta ahora las autoridades del sector no han tomado las disposiciones legales, administrativas y judiciales necesarias para prevenir y combatir esta situación. Esto incluye el ingreso y uso de teléfonos celulares, que son utilizados por criminales para planificar y dirigir, desde la cárcel, operaciones de secuestro, extorsión y otras actividades propias del crimen organizado. Ante estos hechos, solicitamos: 1. Que el Congreso de la República asuma la responsabilidad institucional y política que le corresponde, y agilice el proceso de aprobación de la Ley del Sistema Penitenciario, proyecto que está pendiente de su trámite final desde hace varios años. 2. Que el Ministerio de Finanzas y el Congreso de la República asignen al Sistema Penitenciario el presupuesto necesario para elevar sus índices de eficiencia institucional, mejorar su funcionamiento y proveer de seguridad a los privados de libertad, para evitar fugas, motines y demás hechos de violencia que han provocado la muerte de aproximadamente cien personas en los últimos cinco años. 3. Que el Sistema de Justicia, en especial el Ministerio Público, investiguen y sancionen estos hechos de violencia, a efecto de que los responsables intelectuales y materiales reciban el castigo que establece la ley. 4. Que el Organismo Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, instituciones integrantes del Sistema de Justicia, coordinen esfuerzos para racionalizar el combate de la delincuencia, a efecto de que no sigan enviando a las cárceles a personas implicadas en faltas o delitos menores que no ameritan prisión preventiva. Sólo de esa manera se reducirá el hacinamiento que existe en el Sistema Penitenciario, pues éste es un factor detonante de violencia en el interior de los penales y obliga al Estado invertir recursos en investigación, defensa pública y enjuiciamiento de este tipo de casos, mientras queda en el descuido la persecución de los crímenes de más alto impacto político y social. 5. Que el Ministro de Gobernación implemente las medidas necesarias para recuperar el control de los centros penales, cumpla con su deber de proteger la vida y la integridad física de los internos y ponga a disposición de la justicia a los funcionarios del Sistema Penitenciario que permiten la existencia de redes y actividades criminales en el interior de los recintos penales, incluida la extorsión, el trasiego de armas y municiones, drogas, licor y otras especies y artefactos prohibidos, así como el control de dichos recintos por los propios internos. Guatemala, 17 de agosto de 2005 Movimiento Pro Justicia Fundación Myrna Mack Madres Angustiadas Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG) Familiares y Amigos contra la delincuencia y el secuestro (FADS)