La Red Sinti Techan y diversas organizaciones sociales salvadoreñas hacemos público nuestro posicionamiento frente a la iniciativa de instalar la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en El Salvador, y hacemos un llamado a respaldar con su adhesión nuestro pronunciamiento Pronunciamiento ante la iniciativa de instalar la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en El Salvador El día 5 de junio de 2005, en el marco de la XXXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Condoleezza Rice, anunció de manera sorpresiva, la futura instalación de una Academia internacional para la aplicación de la ley (International Law Enforcement Academy, ILEA) en El Salvador, la cual realizaría tareas de formación de fuerzas de seguridad y operadores judiciales de América Latina. Las organizaciones y personas abajo firmantes creemos necesario plantear nuestras preocupaciones sobre esta iniciativa y sus implicaciones para El Salvador y otros países, las cuales presentamos para consideración y conocimiento de las autoridades vinculadas a la firma y aprobación del convenio bilateral que daría vida a este proyecto, así como para los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador y del mundo: Una negociación de espaldas a la sociedad. La secretividad con que se dio el proceso de selección de El Salvador como sede para el establecimiento de la ILEA no es coherente con la dimensión de la propuesta. Resulta contradictorio que una iniciativa de tal magnitud, que implica convertir a El Salvador en la base de una Academia de seguridad de alcance regional, haya sido manejada de espaldas a la sociedad. Tampoco es comprensible el hermetismo y falta de información pública sobre las condiciones y términos del convenio entre los países involucrados. Antecedentes negativos en materia de derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos lidera una agenda de seguridad global que da prioridad a sus intereses y que, en materia de lucha contra el terrorismo, ha sido seriamente cuestionada por sus implicaciones en la devaluación y afectación de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho humanitario, en casos como los de las cárceles de Guantánamo y Abu Girab. Estados Unidos no ha ratificado múltiples instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y se ha opuesto a la existencia de una Corte Penal Internacional, por el contrario, ha firmado convenios bilaterales con diferentes países -entre ellos, El Salvador-, para excluirse de los alcances de dicho tribunal. Por su parte, el gobierno de El Salvador, tiene en sus antecedentes una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento ha dilatado en ejecutar, así como recomendaciones pendientes de cumplir de diferentes organismos de los sistemas universal y regional de derechos humanos. Las políticas de seguridad pública y muchas acciones de funcionarios de la PNC han tenido serios cuestionamientos en materia de derechos humanos que van desde la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, hasta señalamientos de tortura. Rechazo previo de la ILEA en Costa Rica. La ILEA fue objeto de rechazo popular cuando se intentó instalar en Costa Rica; la Asamblea Legislativa de ese país solicitó que el convenio bilateral incluyera garantías de no-participación de militares en la Academia, así como estándares en materia de derechos humanos y participación del país anfitrión con protagonismo en la gestión de la ILEA. Estas condiciones mínimas no fueron aceptadas y el proyecto fue abortado por el gobierno de los Estados Unidos en 2003. Peligroso retorno del militarismo. La ILEA se instalaría en El Salvador cuando las tendencias actuales del proceso de integración centroamericana, en conjugación con una visión distorsionada de la doctrina de la seguridad hemisférica, está conduciendo a nuestros países a una neomilitarización y a la generación de nuevos enemigos internos, ahora denominados nuevas amenazas, lo que funciona como estigma de diferentes manifestaciones de conflictividad social que van desde las pandillas juveniles, pasando por la criminalización de la protesta social, y por esta vía, se pretenden dar falsas justificaciones para la participación de los ejércitos en tareas de seguridad interior. La creación de una fuerza centroamericana de respuesta rápida militar-policial al terrorismo es un ejemplo de estas distorsiones. La ILEA podría fortalecer este esquema distorsionante que es contrario al espíritu de los Acuerdos de Paz, de la Constitución y del Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que separa las funciones de seguridad interna a cargo de las policías -bajo el mando de autoridades civiles-, de las tareas de defensa nacional, a cargo de los ejércitos. Connivencia de la agenda económica con la agenda de seguridad. La iniciativa de instalación de la ILEA se enmarca en un proyecto de expansión económica como el Plan Puebla-Panamá, y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, para el cual, la unificación de una estrategia de seguridad es un presupuesto de su viabilidad. Es decir, la ILEA respondería a intereses diferentes a las necesidades de las mayorías de El Salvador y de los países latinoamericanos. Incremento de riesgos para la seguridad del país. La ILEA es una iniciativa impulsada por Estados Unidos, un país en conflicto internacional por iniciar acciones bélicas en contra de Irak al margen del derecho internacional. El gobierno del El Salvador, a través del ejército colabora en tareas de ocupación en ese conflicto, por lo que nuestro país ha sido objeto de supuestas amenazas terroristas por esta complicidad, como lo fueron en su momento España e Inglaterra. Esta academia podría ser un objetivo para ataques terroristas, poniendo en peligro a la población salvadoreña. Por las razones anteriores, expresamos: Nuestro más enérgico rechazo a este proceso inconsulto de establecimiento de la Academia internacional para la aplicación de la ley en El Salvador. Una decisión delicada que compromete el territorio y la institucionalidad salvadoreña no puede ser manejada de espaldas a la ciudadanía. Los antecedentes expuestos, particularmente los relativos en materia de derechos humanos, nos indican que no existen garantías sobre los contenidos y metodologías que serían impartidas en la mencionada Academia, ni sobre los estándares profesionales y éticos de los participantes, en consecuencia, la iniciativa ILEA, en estos términos, resulta inconveniente e inaceptable para nuestro país. Pedimos al Órgano Legislativo, a revisar y controlar los actos del Órgano Ejecutivo para que estos estén dotados de transparencia y que respondan a los intereses de las mayorías salvadoreñas y no a una agenda foránea ajena a esas necesidades. Instamos al pueblo salvadoreño y latinoamericano, a estar atento ante estos acontecimientos y procurar la defensa de sus intereses haciendo oír su voz. San Salvador, 18 de julio 2005 Filiaciones a este comunicado: enviar un correo aceptando su adhesión al correo investigacioncepes@fespad.org.sv - Red De Acción Ciudadana Frente Al Comercio E Inversión, Sinti Techan