Incluye penetración e infiltración de organizaciones sociales, vigilancia física y electrónica de dirigentes populares, allanamiento ilegal de sedes, robo de bases de información, asociación con tráfico de armas para las FARC, vinculación política y logística a gobiernos de Cuba y Venezuela, detenciones ilegales y asesinatos políticos. En suma ¡Terrorismo de Estado! El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, la ejecución de una política nacional de persecución y muerte por parte del Gobierno del Presidente Ricardo Maduro, en base a los hechos siguientes. Penetración e infiltración de agentes especiales de la policía en el movimiento magisterial durante sus jornadas de reclamo al Gobierno en los años 2003 y 2004, que fue debidamente documentado ante el Ministerio de Seguridad. Allanamiento ilegal por policías de investigación a la residencia de la profesora Elsa Marina González, ex esposa del dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Sergio Rivera, seguido de robo de información gremial, en mayo de 2003. Difusión pública a finales de 2002 y 2003 de una lista con nombres de dirigentes sociales que investiga la Secretaría de Seguridad por supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC) y con el gobierno de Hugo Chávez. La lista, que fue entregada por un agente de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) al periodista Eduardo Maldonado y al Comisionado de Derechos Humanos, es encabezada por Carlos H. Reyes y Juan Barahona, entre otros. En mayo de 2002, el agente Walter Jairo Zúñiga, haciéndose pasar como estudiante universitario, con instrucciones del Director de la DGIC, Napoleón Nazar Herrera, entrevistó a Juan Barahona en la presidencia de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), tratando de establecer sus enemistades personales y otros aspectos particulares, que sirvieran según el testimonio para alimentar confrontaciones públicas que justificaran su posterior desaparición y muerte. El agente fue asesinado en julio de 2002 en Tegucigalpa, dos meses después de haberse negado a participar del plan de Nazar en contra los dirigentes sociales. En julio de 2003, desconocidos allanaron las dependencias asignadas, por la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional al Bloque Popular durante el desarrollo del Cuarto Foro Mesoamericano. Los sujetos únicamente se llevaron una computadora. En septiembre de 2003, los hijos de Bertha Oliva de Nativí son sujetos de amenazas a muerte y ella es perseguida por individuos a bordo de carros con placas falsas y vidrios polarizados. De igual forma, una campaña de difamación y deslegitimación es impulsada desde el ejecutivo a través de los medios de comunicación. El 29 de octubre de 2003, el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, anuncia que el aparato de inteligencia policial investiga el apoyo del narcotráfico a las manifestaciones populares contra el Gobierno y afirma que miembros de las FARC se han reunido con dirigentes de las manifestaciones públicas; las acciones de protestas públicas estaban siendo convocadas por el Bloque Popular. En enero de 2004, Aída Romero, Fiscal Especial de los Derechos Humanos, es amenazada de muerte y sujetos desconocidos le dan seguimiento a su rutina diaria. En diciembre de este mismo año sufre un confuso accidente en el centro de la ciudad de Tegucigalpa. Un mes más tarde -en enero de 2005- es difamada por funcionarios del Ejecutivo que la acusa de evadir el fisco. En junio de 2005, el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, vierte declaraciones públicas deslegitimando su trabajo. En diciembre de 2004, cinco activistas ambientales del Norte de Olancho, fueron procesados criminalmente por el Ministerio Público, acusados de Asociación Ilícita, después de que los pobladores de las comunidades afectadas por el corte de madera en los acuíferos realizaron una manifestación pacifica. Los tres allanamientos ilegales entre octubre de 2004 y enero de 2005 a la sede principal del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT) en la colonia La Reforma de Tegucigalpa, que fue acompañado con robo de una computadora y daños a cerraduras de archivos y escritorios. En abril de 2005 se produce el robo de la computadora personal al dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Juan Carlos Cálix, en el Instituto Polivalente de Marcala, La Paz, donde además desconocidos le dañaron en el año 2002 los frenos de su vehículo y detuvieron a un sobrino suyo para interrogarlo sobre sus actividades gremiales en mayo de 2005. En este mismo mes de abril, -el 14 a las 5:00 de la mañana-, un grupo de agentes policiales allanaron ilegalmente la residencia del dirigente de Unificación Democrática, Mauricio Aguilar Silva, en la colonia San Miguel de Tegucigalpa. El 20 de mayo de 2005 es asesinado el candidato a diputado por la UD en San Pedro Sula, Marco Tulio Rodríguez, en las inmediaciones de Expocentro. El 24 de mayo de 2005, es asesinado por sicarios en El Progreso, Yoro, el dirigente regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Edicksson Roberto Lemus, cuya organización formaba parte de la lista secreta de la policía, revelada por el agente de la DGIC en el 2003. El 30 de mayo 2005, Gregoria Flores, dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH, fue herida con arma de fuego en un confuso incidente en el Barrio El Imán en el Puerto de La Ceiba. Semanas anteriores, el domicilio de Miriam Miranda -también dirigente de esta organización- fue allanado. El 9 de julio de 2005 una agente especial de policía rinde testimonio ante el COFADEH, para revelar que existe un grupo de agentes policiales dedicados a misiones de guerra sucia desde las postas policiales a nivel nacional, incluida la ejecución arbitraria de personas en distintos puntos del país. El 10 de julio de 2005 la sede de la organización internacional Vía Campesina, en la colonia Alameda de Tegucigalpa, es allanada por hombres encapuchados quienes robaron tres discos duros de computadoras, el módem para conexión a Internet y un VHS. El 14 de julio a las 4:00 p.m. fue rota a patadas por hombres desconocidos la puerta de la casa del dirigente Campesino Daniel Yánez, en El Progreso, Yoro. El 15 de julio recién pasado, en horas de la tarde agentes de la Policía de Investigación Criminal allanaron ilegalmente la residencia del Coordinador del Bloque Popular, Juan Barahona, en la colonia Cerro Grande de esta Capital. Los agentes destruyeron el techo de la casa, enseres domésticos y mobiliario en busca de armas, según justificaron a la esposa del dirigente. El 18 de julio de 2005, fuentes allegadas al nuevo Fiscal General, Rosa Bautista, anuncian a los medios de Tegucigalpa que la próxima contratación como Jefe de Seguridad de esa institución será el último director de la tenebrosa Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y ex miembro del Batallón de la Muerte 3-16, coronel Marco Tulio Ayala Vindel, para complementar la misión de espionaje, persecución y muerte practicada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad. Ante estos hechos, el COFADEH solicita de inmediato al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos una investigación que incluya la suspensión previa de sus cargos del director de la DGIC, Napoleón Nazar y del Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, por su implicación indiscutible en los hechos reseñados. A la cooperación internacional solicitamos mayor prudencia al respaldar a un Gobierno violador de derechos humanos que carga como expediente mortal un promedio mensual de 40 personas asesinadas con impunidad, y que persigue a la oposición social y política con las mismas técnicas de la Doctrina de Seguridad Nacional ejecutada por Gustavo Álvarez entre 1980 y 1984. A la sociedad hondureña prevenimos que quizás la próxima estación de los encapuchados de la DGIC sea nuestra sede ubicada en la avenida Cervantes de Tegucigalpa, por lo que pedimos a nuestros vecinos incluidos el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez y el nuevo Obispo Auxiliar, Monseñor Juan José Pineda, que mantengamos ¡los ojos bien abiertos!, porque quizás estemos incluidos entre las próximas víctimas. Conocemos a los jefes de los responsables disfrazados de policías y no vacilaremos en ponerlos ante los ojos del mundo como la nueva célula de la SS, versión nacional de una Secretaría de Seguridad que practica el Terrorismo de Estado, para imitar la nueva política hegemónica del gobierno del Presidente Bush. De los hechos y de los hechotes, Ni olvido ni perdón. COFADEH Tegucigalpa 19 de Julio de 2005.