Un país y sus contradicciones
Récord uruguayos: PBI e informalismo
14/04/2005
- Opinión
Los procesos económicos son altamente previsibles y sus
equilibrios, que pueden ser modificados positivamente con
un poco de sentido común y mucho sentido justiciero,
muestran - como indefectiblemente ocurre en el Uruguay- que
cuando las familias tienen más dinero para gastar, la
economía crece. En el año que pasó el fuerte crecimiento
de la actividad económica, récord a nivel nacional, (12.3%
respecto al año anterior), es una de las tasas de
mejoramiento de la economía más altas de la historia del
país y, por supuesto tiene ese origen.
Por lo tanto el PIB medido en dólares corrientes alcanzó a
13.240 millones, es decir 18% por encima del valor del año
2003, cifra que es prácticamente idéntica al volumen total
de nuestra deuda externa, cuyos servicios se siguen
negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La nueva información disponible, proveniente del Banco
Central, incluyó la corrección de los datos para 2003 y los
primeros trimestres de 2004, mostrando que el crecimiento
experimentado en 2003 fue menor al difundido con
anterioridad.
Durante ese año la actividad se habría expandido 2,2%
respecto al año anterior. Por otro lado, si se toma en
cuenta la variación interanual, en el último trimestre de
2004 la producción habría aumentado 10,9%. De acuerdo a la
desestacionalización (corrección por factores estacionales)
de los datos que realiza el BCU, el PIB habría crecido en
dicho trimestre 1,8% respecto al anterior, lo que mostraría
una tasa de crecimiento anualizada de 7,4%, guarismo menor
al observado con anterioridad.
De acuerdo a la opinión de los técnicos y de las
constataciones en el trabajo presentado por el BCU, el
crecimiento récord en el 2004 es consecuencia del mayor
gasto de las familias, lo que se llama, reactivación del
mercado interno.
Es que la riqueza ingresada al país como producto de las
buenas ventas al exterior de “comoditis” y carne, de alguna
manera ha comenzado a derramarse sobre algunos sectores
sociales que, como producto de la lógica del sistema,
multiplicaron su nivel de compra con lo cual, por diversas
razones, la actividad económica comenzó a acelerarse y, por
ende, el crecimiento del país tuvo un guarismo de esa
magnitud.
Sin embargo – como han reiterado los analistas y se refleja
en encuestas de diverso origen – el derrame de riqueza en
la sociedad no es para nada homogéneo. Fue interesante un
trabajo periodístico realizado por la cadena norteamericana
CNN, que reporteó a feriantes y propietarios de comercios
en los shopping. Los primeros – especialmente de las zonas
de perfil más popular – en sus declaraciones manifestaban
un estancamiento de las ventas, sin advertir en sus
negocios el crecimiento de la economía que se refleja en
los guarismos mostrados en los informes del BCU. La visión
en los shopping, a donde concurre una clase media que ha
comenzado a experimentar una mejoría en sus ingresos, fue
diametralmente opuesta a la de los comerciantes de las
ferias. En los shopping las ventas se han incrementado y,
por consiguiente, la velocidad del proceso económico
también se ha acelerado, provocando una multiplicación en
cadena tanto de la producción nacional – a lo que se debe
la caída de la desocupación – y de las importaciones, una
boca de salida de divisas que se mide en la llamada balanza
comercial y que puede provocar algunos desequilibrios
indeseables.
Un país distorsionado
Sin embargo los problemas persisten. De acuerdo a la
información proveniente de diversas fuentes oficiales, los
altísimos niveles de informalismo en las relaciones
laborales, determinan que un 40,7% de los trabajadores se
encuentren “en negro”. Ese es uno de los síntomas. A ello
se suman los guarismos de evasión fiscal, de enorme
magnitud (“un tercio paga, otro tercio evade y otro está
exento de la obligación”, afirmó el subsecretario de
Economía, Mario Bergara), plantean una distorsiva realidad
del país, mostrando un desorden generalizado y una cadena
de factores negativos que también tienen origen en la carga
tributaria que es demasiado pesada para el tercio que paga
sus obligaciones y que, por consiguiente, actúa a favor de
una informalidad que aparece como endémica.
Y ello más allá de que se encuentren evasores
contumaciales, que no pagan sus obligaciones como mecanismo
consuetudinario de rebaja de costos, lo que objetiviza
también deficiencias del propio Estado que, por un lado
está “saqueando” a los que pagan, mientras los que no lo
hacen pueden subsistir por ello mismo: por haber sido
impulsados, en parte por la propia carga tributaria, al
informalismo.
Ello nos lleva a poner el acento en la rigidez que existe y
que cuestiona el funcionamiento de la economía. Los altos
niveles de tributación exigidos (recordemos que el IVA que
se paga en Uruguay (23%) es uno de los mayores del mundo),
conspiran en contra la recaudación y, de alguna manera
también profundizan la distorsión que existe en el país.
La voracidad del Estado para quienes pagan se vuelve
insoportable, porque – recordemos- solamente una tercera
parte de los agentes económicos cumplen con esas pesadas
obligaciones. Por supuesto que esa gigantesca carga
impositiva es, también, el resultado de la propia evasión,
pues el Estado para poder seguir adelante debe recaudar,
presionando de manera insoportable a ese tercio de
uruguayos que cumplen con sus obligaciones.
Un punto final
Por supuesto que nadie quiere sacrificar a los deudores que
han llegado a una situación límite como consecuencia de
distintos factores distorsivos. Un productor, con tierras
insuficientes, que no puede lograr adecuados estándares de
producción o un industrial, que por la caída en picada del
mercado interno que se produjo desde la devaluación
brasileña y, luego se profundizó, durante el ministerio de
Alberto Bensión, ha debido primero reducir su producción
para luego – como ha ocurrido en muchos casos – cerrar las
puertas de su emprendimiento. Proceso parecido al del
comercio que debió ir reduciendo su actividad y luego
haciéndola caducar.
Como – obviamente – no aceptar que los acreedores tanto
públicos como privados negocien caso a caso, para que las
distintas situaciones sean las que determinen las acciones
a seguir. Si se puede probar la voluntad de pago, se les
deben abrir a los deudores otras alternativas. Pero, por
supuesto, no es adecuado seguir adelante con nuevas
suspensiones, alargando plazos y desordenando de nuevo el
basamento jurídico sobre el que de debe asentar la relación
entre distintos actores en la vida económica. ¿Es viable
algún otro camino? ¿Es posible otorgar nuevos plazos a los
que nunca hicieron un sacrificio para pagar o rematar a
quienes se fundieron como consecuencia de un deterioro
económico del que no son responsables?
Por supuesto que paralelamente habría que enfrentar otro
problema, que es el de las enormes tasas de interés que
cobra el sistema financiero que nada tienen que ver con la
rentabilidad estimada de los emprendimientos.
¿No se debería analizar que razón desencadenante de la
morosidad?
Cuando se habla de respetar la vigencia de los contratos
entre los particulares, hay que tener en cuenta y
considerar las obligaciones de las dos partes y, en cuento
al propio Banco de la República, determinar si la morosidad
no es – en algunos casos, producto del clientelismo
altamente politizado aplicado a mansalva por los
directorios anteriores, que hasta actuaban con criterios
partidarios en las acciones que se debían emprender para la
recuperación de activos.
Claro, de aquellos barros a estos lodos. El Banco de la
República debió, a través de un fideicomiso, despotizar la
recuperación de los activos, ya que la situación anterior
lo estaba llevando a la ruina. Ninguna entidad financiera,
por más que sea estatal y tienda a fomentar la producción,
puede olvidarse de las reglas que rigen su actividad. Un
automóvil, por más maravilloso que sea, no puede transitar
sin cubiertas, o utilizar agua en lugar de combustible.
Y un banco no puede prestar dinero a tasas absurdas e
impagables, ni tampoco, sin analizar las garantías – como
ocurriera en el BROU – destinara parte de su patrimonio a
morosos en potencia – por actitud o inviabilidad económica
– para luego aplicar un “perdona tutti” clietelístico y
politizado, mecanismo que determinó siempre que esas deudas
fueran socializadas.
¡Que las paguemos entre todos!
* Carlos Santiago es periodista.
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