Los procesos económicos son altamente previsibles y sus equilibrios, que pueden ser modificados positivamente con un poco de sentido común y mucho sentido justiciero, muestran - como indefectiblemente ocurre en el Uruguay- que cuando las familias tienen más dinero para gastar, la economía crece. En el año que pasó el fuerte crecimiento de la actividad económica, récord a nivel nacional, (12.3% respecto al año anterior), es una de las tasas de mejoramiento de la economía más altas de la historia del país y, por supuesto tiene ese origen. Por lo tanto el PIB medido en dólares corrientes alcanzó a 13.240 millones, es decir 18% por encima del valor del año 2003, cifra que es prácticamente idéntica al volumen total de nuestra deuda externa, cuyos servicios se siguen negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La nueva información disponible, proveniente del Banco Central, incluyó la corrección de los datos para 2003 y los primeros trimestres de 2004, mostrando que el crecimiento experimentado en 2003 fue menor al difundido con anterioridad. Durante ese año la actividad se habría expandido 2,2% respecto al año anterior. Por otro lado, si se toma en cuenta la variación interanual, en el último trimestre de 2004 la producción habría aumentado 10,9%. De acuerdo a la desestacionalización (corrección por factores estacionales) de los datos que realiza el BCU, el PIB habría crecido en dicho trimestre 1,8% respecto al anterior, lo que mostraría una tasa de crecimiento anualizada de 7,4%, guarismo menor al observado con anterioridad. De acuerdo a la opinión de los técnicos y de las constataciones en el trabajo presentado por el BCU, el crecimiento récord en el 2004 es consecuencia del mayor gasto de las familias, lo que se llama, reactivación del mercado interno. Es que la riqueza ingresada al país como producto de las buenas ventas al exterior de “comoditis” y carne, de alguna manera ha comenzado a derramarse sobre algunos sectores sociales que, como producto de la lógica del sistema, multiplicaron su nivel de compra con lo cual, por diversas razones, la actividad económica comenzó a acelerarse y, por ende, el crecimiento del país tuvo un guarismo de esa magnitud. Sin embargo – como han reiterado los analistas y se refleja en encuestas de diverso origen – el derrame de riqueza en la sociedad no es para nada homogéneo. Fue interesante un trabajo periodístico realizado por la cadena norteamericana CNN, que reporteó a feriantes y propietarios de comercios en los shopping. Los primeros – especialmente de las zonas de perfil más popular – en sus declaraciones manifestaban un estancamiento de las ventas, sin advertir en sus negocios el crecimiento de la economía que se refleja en los guarismos mostrados en los informes del BCU. La visión en los shopping, a donde concurre una clase media que ha comenzado a experimentar una mejoría en sus ingresos, fue diametralmente opuesta a la de los comerciantes de las ferias. En los shopping las ventas se han incrementado y, por consiguiente, la velocidad del proceso económico también se ha acelerado, provocando una multiplicación en cadena tanto de la producción nacional – a lo que se debe la caída de la desocupación – y de las importaciones, una boca de salida de divisas que se mide en la llamada balanza comercial y que puede provocar algunos desequilibrios indeseables. Un país distorsionado Sin embargo los problemas persisten. De acuerdo a la información proveniente de diversas fuentes oficiales, los altísimos niveles de informalismo en las relaciones laborales, determinan que un 40,7% de los trabajadores se encuentren “en negro”. Ese es uno de los síntomas. A ello se suman los guarismos de evasión fiscal, de enorme magnitud (“un tercio paga, otro tercio evade y otro está exento de la obligación”, afirmó el subsecretario de Economía, Mario Bergara), plantean una distorsiva realidad del país, mostrando un desorden generalizado y una cadena de factores negativos que también tienen origen en la carga tributaria que es demasiado pesada para el tercio que paga sus obligaciones y que, por consiguiente, actúa a favor de una informalidad que aparece como endémica. Y ello más allá de que se encuentren evasores contumaciales, que no pagan sus obligaciones como mecanismo consuetudinario de rebaja de costos, lo que objetiviza también deficiencias del propio Estado que, por un lado está “saqueando” a los que pagan, mientras los que no lo hacen pueden subsistir por ello mismo: por haber sido impulsados, en parte por la propia carga tributaria, al informalismo. Ello nos lleva a poner el acento en la rigidez que existe y que cuestiona el funcionamiento de la economía. Los altos niveles de tributación exigidos (recordemos que el IVA que se paga en Uruguay (23%) es uno de los mayores del mundo), conspiran en contra la recaudación y, de alguna manera también profundizan la distorsión que existe en el país. La voracidad del Estado para quienes pagan se vuelve insoportable, porque – recordemos- solamente una tercera parte de los agentes económicos cumplen con esas pesadas obligaciones. Por supuesto que esa gigantesca carga impositiva es, también, el resultado de la propia evasión, pues el Estado para poder seguir adelante debe recaudar, presionando de manera insoportable a ese tercio de uruguayos que cumplen con sus obligaciones. Un punto final Por supuesto que nadie quiere sacrificar a los deudores que han llegado a una situación límite como consecuencia de distintos factores distorsivos. Un productor, con tierras insuficientes, que no puede lograr adecuados estándares de producción o un industrial, que por la caída en picada del mercado interno que se produjo desde la devaluación brasileña y, luego se profundizó, durante el ministerio de Alberto Bensión, ha debido primero reducir su producción para luego – como ha ocurrido en muchos casos – cerrar las puertas de su emprendimiento. Proceso parecido al del comercio que debió ir reduciendo su actividad y luego haciéndola caducar. Como – obviamente – no aceptar que los acreedores tanto públicos como privados negocien caso a caso, para que las distintas situaciones sean las que determinen las acciones a seguir. Si se puede probar la voluntad de pago, se les deben abrir a los deudores otras alternativas. Pero, por supuesto, no es adecuado seguir adelante con nuevas suspensiones, alargando plazos y desordenando de nuevo el basamento jurídico sobre el que de debe asentar la relación entre distintos actores en la vida económica. ¿Es viable algún otro camino? ¿Es posible otorgar nuevos plazos a los que nunca hicieron un sacrificio para pagar o rematar a quienes se fundieron como consecuencia de un deterioro económico del que no son responsables? Por supuesto que paralelamente habría que enfrentar otro problema, que es el de las enormes tasas de interés que cobra el sistema financiero que nada tienen que ver con la rentabilidad estimada de los emprendimientos. ¿No se debería analizar que razón desencadenante de la morosidad? Cuando se habla de respetar la vigencia de los contratos entre los particulares, hay que tener en cuenta y considerar las obligaciones de las dos partes y, en cuento al propio Banco de la República, determinar si la morosidad no es – en algunos casos, producto del clientelismo altamente politizado aplicado a mansalva por los directorios anteriores, que hasta actuaban con criterios partidarios en las acciones que se debían emprender para la recuperación de activos. Claro, de aquellos barros a estos lodos. El Banco de la República debió, a través de un fideicomiso, despotizar la recuperación de los activos, ya que la situación anterior lo estaba llevando a la ruina. Ninguna entidad financiera, por más que sea estatal y tienda a fomentar la producción, puede olvidarse de las reglas que rigen su actividad. Un automóvil, por más maravilloso que sea, no puede transitar sin cubiertas, o utilizar agua en lugar de combustible. Y un banco no puede prestar dinero a tasas absurdas e impagables, ni tampoco, sin analizar las garantías – como ocurriera en el BROU – destinara parte de su patrimonio a morosos en potencia – por actitud o inviabilidad económica – para luego aplicar un “perdona tutti” clietelístico y politizado, mecanismo que determinó siempre que esas deudas fueran socializadas. ¡Que las paguemos entre todos! * Carlos Santiago es periodista.