A pesar de las protestas, el Congreso de Guatemala aprobó el 10 de marzo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TLC. La aprobación se produjo en circunstancias negativas: con evidente desconocimiento por parte de los diputados del contenido y las implicaciones del TLC y en un momento en que el movimiento social y la Universidad de San Carlos solicitaban la realización de una Consulta Popular. En vez del debate, el gobierno optó por la represión. La manifestación del 14 de marzo, culminación de una jornada de paro nacional y de quince días de protestas continuas, fue disuelta violentamente. Según información de Mesa Global “la manifestación ocurría pacíficamente cuando la Policía Militar rodeó las cuatro entradas del Parque Central de la capital. Comenzaron a disparar bombas lacrimógenas y balas de goma a los manifestantes. Estos huyeron para donde podían. La Policía Militar los persiguió para dispersarlos, tratando de capturar a quienes pudieran acusándolos de daños a la propiedad pública”. El mismo día se dictaron órdenes de captura contra dirigentes sociales, pero la rapidez con la que el Procurador de los Derechos Humanos los albergó en las instalaciones de la Procuraduría, obligó al gobierno a dar marcha atrás. El 15 de marzo, militares y policías dispararon contra una concentración en el departamento de Huehuetenango, noroccidente del país, asesinando a Juan López. La celeridad con la que el Congreso aprobó el TLC y la represión desactivaron las protestas. La cercanía de la Semana Santa funcionó también como factor desmovilizador. Pronto, los penitentes y los “cucuruchos” (cofrades) fueron más numerosos y más bulliciosos en las calles que los manifestantes. Pero el éxito inmediato del gobierno implicó una debilidad a largo plazo y un grave daño al país. Primero, por las consecuencias negativas del TLC: pérdida de soberanía, amenaza de desaparición de cultivos agrícolas, competencia en condiciones asimétricas con empresas transnacionales... Segundo, porque la manera en que se aprobó el TLC debilitó la institucionalidad democrática. Los diputados votaron sin debate un Tratado de trascendencia y rechazaron la solicitud de consulta popular, por onerosa y porque de todas formas –afirmó el presidente del Congreso Jorge Méndez Herbruger- la población iba a decir sí. Sin embargo, lo importante de la consulta no era tanto el resultado como el proceso de reflexión y articulación que implicaría. Y en esto se volvía estratégica para la conformación de una cultura de diálogo, tan inexistente en este país. “Esa fue la mayor pantomima en todo ese proceso hacia la aprobación del TLC-USA. Un asunto negociado por elites empresariales y políticas desde hace años; siempre cerrado” afirmó la escritora Tania Palencia en el diario Siglo XXI. El Presidente Berger contribuyó a la cruzada antidemocrática al ridiculizar y minimizar las protestas (“son grupitos de 30, 70 personas”); atacó directamente y por su nombre a algunos de los dirigentes sociales y sancionó el Tratado mientras su Vicepresidente participaba en una comisión de diálogo. Berger actuó como vocero de sectores empresariales: un presidente de exclusión y no de consenso. La oposición al TLC Por su parte, el movimiento social llegó tarde a la cita del TLC. En los mercados paralizados, en las calles colapsadas de la capital, en los caminos bloqueados, muchos se preguntaban por qué si el TLC era tan importante no se habían hecho movilizaciones antes. El movimiento social tampoco fue capaz de mantener el nivel de las protestas; no ensayó nuevas formas de oposición más allá de los bloqueos y las marchas; careció de Plan B para enfrentar la represión del 14 de marzo y –aparentemente- no sumó nuevas fuerzas: fueron los mismos de siempre los que estuvieron presentes en todos los escenarios de conflicto. Palencia afirma que todavía el liderazgo social es reactivo y está a la defensiva: “A pesar de su valentía, la izquierda insiste en priorizar su acción de coyuntura. Es un liderazgo de días D”. Sin embargo, la aprobación del TL no implica el cierre de un capítulo de oposición. La represión abrió heridas y desnudó el carácter de un gobierno que llegó al poder con el apoyo implícito de parte del movimiento social (como la alternativa menos mala frente al ex dictador y genocida Ríos Montt) Ese apoyo ha finalizado y se esperan nuevas protestas, especialmente de campesinos, maestros y el Frente contra la Minería. En cierto sentido, la derrota del intento de detener la aprobación del Tratado, puede derivar en lecciones positivas: la más importante, la necesidad de fortalecer el incipiente esfuerzo de unidad representado por el Movimiento Indígena, Campesino, Sindical y Popular, MICSP. En segundo lugar, la urgencia de renovar formas de acción para reducir la vulnerabilidad del movimiento(1). En tercer lugar, la lucha por involucrar a más personas y nuevos sectores sociales (algunas manifestaciones, como la del primero de marzo, fueron masivas pero no suficientes), lo cual lleva implícito un debate sobre programas, métodos y líderes. Todo ello es vital para enfrentar políticas económicas y sociales que amenazan el destino de Guatemala como país, y políticas represivas que apuestan por la vía de la violencia y la exclusión en vez del diálogo y el consenso, es decir, en vez de intentar construir un país justo y democrático. * Publicado originalmente en Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica, n. 3, 31 de marzo a 13 de abril de 2005. Madrid, Estado español Nota: (1) El Concierto “Recuperar la belleza. Otra Guatemala es posible” de 6 de abril es un ejemplo –en el ámbito urbano- de esta renovación.