Grave crisis institucional La profunda crisis institucional que carcome los cimientos de la República y que pretendía ser resuelta por las clases dominantes con las elecciones generales de mayo de 2004 y mediante las reformas constitucionales aprobadas por dos Asambleas Legislativas consecutivas como producto del pacto continuista de la “partidocracia” gobernante, ha vuelto a manifestarse con las intenciones del Ministerio Público de dar por cerrado el caso CEMIS y por los nuevos escándalos protagonizados por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como venimos advirtiendo, la crisis de orden moral, política, social y económica que padece el sistema capitalista dominante es de tal gravedad que no puede ser resuelta con nuevas comisiones de estudio, parches y reformas constitucionales cosméticas, elecciones antidemocráticas entre partidos políticos tradicionales donde los ciudadanos acuden pasivamente a depositar su voto cada cinco años ni por otras maniobras de la clase burguesa en el poder que, recurriendo al expediente del gatopardo, pretenda hacer algunos cambios para que nada cambie. Todo parece indicar que la crisis general empieza a profundizarse y a sacudir todos los cimientos de la sociedad que ya ni las clases dominantes podrán ignorarla metiendo la cabeza en la arena. Las reformas tributarias aprobadas a tambor batiente y que buscaban recuperar los ingresos dejados de percibir por el Estado gracias a la política neoliberal de privatización de empresas de servicios públicos, exoneraciones, desgravaciones fiscales, eliminación de aranceles y por la evasión fiscal de los empresarios, ha caído sobre los hombros del pueblo elevando la canasta básica familiar, al no existir ningún mecanismo de control contra los abusos que genera el “libre mercado”, creando mayor malestar popular; las reformas al Código de Trabajo y la “modernización” del Estado siguen incrementando la inestabilidad laboral y creando mayores índices de desempleo; el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos amenaza la existencia de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario e industrial y a los profesionales panameños; el pago de la deuda externa con el 25% del presupuesto nacional va profundizando la crisis económica y fiscal agravada por los privilegios de unos cuantos avivatos y explotadores. Los tres poderes del Estado siguen cuestionados: El nepotismo y otros vicios del anterior gobierno acremente criticados desde la oposición por el actual gobernante, hoy son vistos por el mismo como nimiedades, cosas sin importancia; el poder Legislativo carece de independencia al ser manejado por el poder Ejecutivo, pero eso sí, sigue disfrutando de privilegios y canonjías; el poder Judicial, transformado en “patio limoso” sigue asoleando con desparpajo sus trapos sucios, mientras crece la mora judicial, se archiva el caso CEMIS, se engaveta el caso Panamá Ports, y así todos los corruptos gozan de la impunidad reinante. A estos menesteres no serían ajenos –según los propios magistrados- empresarios, narcotraficantes y políticos corruptos que son los que pagarían por los fallos de la honorable Corte Suprema de Justicia. Ante la indignación ciudadana por los problemas de corrupción denunciados en los medios de comunicación, el Gobierno del PRD responde igual que Mireya Moscoso. Ella nombró una Comisión de Notables cuyas recomendaciones quedaron en nada. El actual mandatario, algo más creativo, hace un Pacto de Estado por la Justicia, precisamente con los jefes de los órganos del Estado cuestionados y con otros funcionarios salidos de las filas de su partido y algún que otro amigo del Team Martín. Vale la pena observar como ante la gravedad de un sistema judicial que ya ha colapsado y carece en absoluto de credibilidad, con la incidencia negativa que esto tiene para el país en términos económicos, políticos, de denegación de justicia a todos los panameños y que empuja al derrumbe moral de la nación, Martín Torrijos llama a la calma y dilata el problema por seis meses a ver si en ese lapso baja la presión y lo olvidamos. Sin embargo, en torno a los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS) que pueden ser resueltos con algunas medidas administrativas que procuren su eficiencia, garantizando su autonomía, combatiendo la corrupción y los abusos de la patronal y los gobiernos, cumpliendo con la responsabilidad social del Estado y con giros en la política económica que garanticen la generación de empleos, el Gobierno PRD apunta a desmantelar literalmente la CSS con la eliminación del programas y la privatización de cuentas y servicios. Asamblea Constituyente Originaria La profundización de la crisis general se viene dando por las medidas neoliberales en el plano económico y social, pero incidiendo en lo político y moral; el afán del empresario siempre será la búsqueda de su ganancia personal por encima del bien social; la ambición del poder político para servirse del Estado, no para servirle, por parte de la “clase política” y la venalidad de los encargados de administrar justicia. Todos estos elementos se manejan con los valores éticos y morales de la clase burguesa que se mueve en función del lucro y la acumulación de riqueza. La combinación de estos elementos nos ha conducido a tal situación en la que es cada vez más claro que la Constitución y las normas legales existentes son inoperantes para controlar el desenfreno de los integrantes de las esferas dominantes de la sociedad. Es público y notorio que los órganos del Estado no se manejan con independencia el uno del otro fiscalizándose entre sí. Más bien el Legislativo y Judicial son dominados por el Ejecutivo y existe un pacto de hacer y dejar hacer entre ellos cuando se trata del uso de los recursos del Estado, privilegios, sobornos, nepotismo y demás aberraciones. Esto ha conducido al estado de ingobernabilidad en el cual no hay forma de sentar en el banquillo de los acusados a los corruptos porque tienen a su favor todos los subterfugios posibles para escapar de la “justicia” o lograr el indulto si llegasen a ser castigados. Esta grave situación nos lleva a plantear la necesidad de que se llame a la brevedad a una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes en manos del pueblo soberano para darse una nueva Constitución que garantice los derechos políticos y sociales de la población, permita el castigo de los actos de corrupción, penalice el saqueo del erario público y establezca mecanismos de participación democrática del pueblo para elegir a sus gobernantes y para revocarles el mandato en el momento que dejen de representar sus intereses. La forma de elección de esta Asamblea Constituyente Originaria debe hacerse con nuevas reglas electorales pues las actuales limitan la participación ciudadana y favorece exclusivamente a la partidocracia que controla los resortes de poder. Deben estar representados los sectores excluidos y debe ser el reflejo de la prularidad política, ideológica y social del país. Concebimos una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes para adecentar la vida pública sancionando ejemplarmente a los funcionarios corruptos y a sus corruptores sentando nuevas bases de funcionamiento del Estado con probidad absoluta. La Constitución que emane de la Asamblea Constituyente Originaria debe acabar con la partidocracia y garantizar una vida democrática en la cual puedan participar ampliamente todos los ciudadanos sin que existan fueros o privilegios en el acceso a los medios de comunicación u otras limitaciones de carácter económico, social o político en los procesos electorales como ocurre en la actualidad. Bajo estas premisas debe convocarse a elecciones de todos los cargos públicos elegibles. La gravedad del momento que vivimos nos lleva a plantear la necesidad de la Asamblea Constituyente Originaria como única forma posible de conducir el adecentamiento del país y encaminarnos hacia la refundación de la República. Esta es una tarea en la cual el gran protagonista tiene que ser el pueblo trabajador. No enfrentar esta tarea hoy significaría caer en el caos social mañana, cuando se cierren las puertas de una salida cívica como la que estamos planteando. Además de generar una Constitución democrática que permita la refundación de la Republica, la Asamblea Constituyente Originaria debe garantizar la participación directa del pueblo mediante referéndum en toda decisión trascendental del Estado como son su política económica y social, el plan nacional de desarrollo, el manejo de la deuda externa, los TLC, las reformas a la CSS, la definición de una política canalera, marítima y de puertos, entre otros. Exhortamos al pueblo panameño a hacer prevalecer sus intereses y derechos mediante esta Asamblea Constituyente Originaria y redoblar en las calles la lucha contra la corrupción y las nefastas medidas neoliberales, incluida las reformas a la seguridad social, e impulsar un Plan de Desarrollo Nacional en contraposición al fracasado modelo neoliberal. ¡Sin luchas no hay victorias!
Por una asamblea constituyente originaria
Renovación de poderes y cárcel para los corruptos
¡La pelea es peleando! Alternativa Patriótica Popular (APP) Sindicato Unico Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) Panamá, 14 de marzo de 2005.