Desde el momento en que se desató la brutal represión del régimen militar para imponer su dictadura sobre la voluntad de los panameños, los familiares de las víctimas hemos luchado por liberar a nuestros presos, curar a los torturados, encontrar a los desaparecidos y enterrar a nuestros muertos. Ya “en democracia”, el descubrimiento de tumbas clandestinas en el cuartel militar de los Pumas en Tocumén, propició nuestra organización en el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá – Héctor Gallego (COFADEPA-HG ) Luchando junto a otros panameños logramos que se creara la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes del régimen militar y esclarecer el destino de los desaparecidos. Pese a los altibajos y tropiezos de la Comisión de la Verdad, consideramos que logró importantes avances en la búsqueda de la verdad sobre estos crímenes de lesa humanidad y al poder presentar 110 casos (luego se agregarían otros 5 casos, y seguro hay más por desentrañar) ante las instancias de justicia panameñas y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy los familiares nos encontramos organizados mayoritariamente en COFADEPA-HG y en el Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI), mientras otros están como independientes. Por su parte, la Comisión de la Verdad ha concluido su vigencia como entidad creada mediante Decreto de Gabinete y funciona ahora como una organización no gubernamental (ONG). Desde diciembre de 2002 se han presentado ante el Ministerio Público 110 expedientes. La posición del Procurador Antonio Sosa fue la de declarar estos casos prescritos y archivarlos. Así, 48 casos han agotado las instancias internas al haber sido juzgados, sobreseídos definitivamente, declarados prescritos o indultados. Otros 62 casos reposan en fiscalías, juzgados, tribunales y la Corte Suprema. La nueva Procuradora debe hacer buenas sus palabras y reabrir los expedientes cerrados, investigar a fondo todos los casos y darles el impulso judicial necesario para garantizar que se haga justicia. Los restos de varios seres humanos han sido encontrados en tumbas clandestinas. De estos 7 han sido identificados positivamente y entregados a sus familiares. Otros 12 restos con claros signos de tortura aguardan en tumbas del cementerio de la isla de Coiba a ser identificados o a que su ADN sea cotejado con el de los familiares de desaparecidos. Y son todavía muchos los panameños detenidos-desaparecidos que no han sido encontrados. Durante 30 años, o más en algunos casos, el Estado panameño nos ha denegando justicia. Es bajo estas circunstancias que se decide presentar el caso de los crímenes de la dictadura militar panameña ante la CIDH. Funcionarios de la CIDH, al examinar el caso de las víctimas del régimen militar de Panamá (1968-1989), recomendaron acogernos al artículo N° 41 de la Convención de Derechos Humanos y presentar en conjunto, en un solo paquete, los casos con miras a llegar a un acuerdo amistoso con el Estado panameño –conforme a los procedimientos de este organismo- al ser muy claro que, efectivamente, se nos ha venido denegando justicia por más de 30 años. Nuestra demanda ante la CIDH contempla la reparación del Estado por los crímenes cometidos por sus agentes en tres aspectos. Moral: - Que el Estado panameño admita su responsabilidad por los crímenes, desapariciones forzadas, torturas y persecuciones sistemáticas practicadas por sus agentes durante el periodo del régimen militar (1968-1989). - Inclusión de estos crímenes de lesa humanidad en los planes de estudio del nivel medio y secundario. - Declarar el 9 de junio –día de desaparición de Héctor Gallego- como el Día del Desaparecido en Panamá. - Erigir un monumento en memoria de las víctimas del régimen militar. - Que el Estado pida perdón ante los familiares de las víctimas y ante la sociedad por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por sus agentes y se comprometa a que NUNCA MÁS se repitan este tipo de hechos. Judicial: - Que se abran o reabran todos los casos de asesinato y desaparición forzada durante el régimen militar para que sean investigados exhaustivamente y que quienes resulten responsables materiales e intelectuales de los hechos punibles, así como quienes obstruyeron la justicia, sean juzgados y sentenciados por sus crímenes. - Que todas las tumbas clandestinas sean localizadas, se identifiquen los restos humanos que en ellas se encuentran y sean entregados a sus familiares. - Que el delito de desaparición forzada sea tipificado como delito no prescriptible en la legislación panameña. - Que sea creada una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para atender este tipo de delitos. Económica: La Convención de Derechos Humanos establece que las víctimas de violación a los derechos humanos, o en su defecto sus familiares, deben ser compensados con una reparación económica que mitigue los daños causados a los afectados. Esta reparación tiene que ser objeto de un estudio económico. En respuesta a nuestras demandas el gobierno nacional, a través del canciller Samuel Lewis Navarro, se niega a admitir la responsabilidad del Estado por los crímenes de la dictadura y más bien busca fórmulas dilatorias que afirmarían aún más la impunidad, lo cual contribuiría a profundizar el dolor de los familiares de las víctimas al seguir denegándonos justicia. El gobierno plantea que la demanda sea retirada de la CIDH, que negociaría individualmente con los familiares cuyos casos han agotado las instancias internas y que los demás casos deben seguir sus procesos en las instancias internas. Posteriormente -en un patético alarde de cinismo- el canciller diría que esto lo hacían porque los familiares tenemos derecho a conocer el destino que corrieron nuestros seres queridos. Lo que busca el canciller es confundir a la opinión pública al tratar de ocultar que por más de 30 años se nos ha denegado justicia con un retardo injustificado y que si hoy se habla de estos casos y se encuentran en las instancias judiciales nacionales ha sido por nuestra lucha insistente en demanda de justicia. En su respuesta a la CIDH, el canciller solo hace referencia a 82 casos sosteniendo las versiones embusteras de los agentes responsables de estos crímenes. Por otro lado, su planteamiento busca fragmentar la causa común de los familiares proponiendo individualizar los casos de manera tal de poder dilatarlos y diluirlos en el tiempo para que nunca se haga justicia. COFADEPA-HG señala que la nueva situación que enfrentamos en estos momentos demanda la más estrecha unidad de los familiares para hacer valer nuestras demandas. Exhortamos a las personas solidarias, a las organizaciones gremiales y populares, así como a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos a que nos den su apoyo moral, profesional y material (informantes, testigos, colaboradores, antropólogos, abogados, mecenas) a fin de proseguir en nuestra lucha por la verdad y la justicia investigando los crímenes denunciados, buscando a los desaparecidos, identificando los restos encontrados, siguiendo los casos en las instancias internas y sosteniendo nuestras demandas ante los organismos internacionales correspondientes. ¡Por la verdad y la justicia, no a la impunidad! Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá – Héctor Gallego (COFADEPA-HG) Miembro de la Federación Latinoamericana de Comités de Familiares de Detenidos-Desaparecidos