A la opinión pública El día 2 de febrero de 2005, la Corte de Constitucionalidad (CC) notificó a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, resolución de fecha 04 de octubre del 2004 (Expediente 2235-2,004), en la que revoca la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en el caso de las Dos Erres, comunidad masacrada en 1982. Esta sentencia de la CC trae como consecuencia la anulación de todo lo actuado por el Juez de Primera Instancia de San Benito Petén a partir del 28 de diciembre de 1996, fecha en la que entró en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional. Entre las actuaciones anuladas se encuentran testimonios de 2 militares que declararon contra sus propios cómplices en el mismo hecho, algo inédito en la historia guatemalteca; además, deja sin efecto las órdenes de aprehensión contra 17 militares, emitidas en el año 2000. Con ello, esta masacre corre el riesgo de quedar en la impunidad. La mencionada resolución pone de manifiesto lo que las víctimas han denunciado desde tiempo atrás que es la complicidad entre la CC y la defensa de los militares implicados. Estos 17 militares, entre Oficiales, Instructores, Subinstructores y Kaibiles, son sindicados de haber asesinado y exterminado brutalmente a aproximadamente 360 personas, entre mujeres, niños, ancianos y hombres de esta población; el parcelamiento Las Dos Erres fue completamente borrado del mapa. Mediante esta decisión se resuelve el último de los 34 amparo interpuestos por la defensa con fines dilatorios, pretendiendo por parte de la CC la anulación completa del proceso. Esta aberración jurídica, sin disponer de ningún fundamento legal, confirma no sólo la existencia de los poderes ocultos en el Sistema de Justicia, sino manifiesta al mismo tiempo la amenaza que esta investigación representa para los militares implicados tanto como para la impunidad estructural en Guatemala. Esta sentencia además, contradice el actuar del propio Estado de Guatemala que ha reconocido su responsabilidad institucional de este acto delictivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comprometiéndose en esa oportunidad a investigar y procesar los responsables de este hecho. Una vez más los actuales magistrados de la CC perjudican la reputación de este órgano constitucional cuyo actuar imparcial y apego a la ley es indispensable y fundamental para la creación de un Estado de Derecho. A pesar de lo anterior manifestado, el clamor a la justicia sigue. La investigación por parte del MP debe reanudarse... no permitiremos que se entierre el proceso. Por ello exigimos A los órganos jurisdiccionales competentes, que rechacen la solicitud de la extinción de responsabilidad penal (amnistía) a través de la Ley de Reconciliación Nacional. Al Fiscal General de la República, que garantice la seguridad de los testigos y que nombre inmediatamente un fiscal permanente que garantice la imparcialidad debida de la investigación pendiente; además que impulse la investigación y - en su momento - solicite de nuevo las órdenes de aprehensión contra los 17 militare implicados en el caso. Al Juez Contralor de la investigación, que ejerza sus funciones con imparcialidad e independencia. A COPREDEH, que informe inmediatamente a la Comisión Interamericana de DDHH, indicando que esta decisión viola las obligaciones contraídas por parte del Estado en el acuerdo amistoso del año 2000 firmado ante la misma Comisión. Fundación Rigoberta Menchú TUM, FRMT Fundación Myrna Mack, FMM Centro de Análisis Forense y Ciencia Aplicadas, CAFCA Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala