La presencia militar de los Estados Unidos en América Latina
19/01/2005
- Opinión
La consolidación del dominio económico y militar de América
Latina ha sido una de las prioridades del gobierno de Estados
Unidos. El creciente proceso de militarización en el
continente tiene como objetivo asegurar el control de los
recursos naturales y mantener la dependencia económica de los
países latinoamericanos.
Después de los atentados en Nueva York y Washington, el 11 de
septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush aceleró su
escalada militar en todo el mundo. En América Latina, la
estrategia de Estados Unidos incluye la instalación de nuevas
bases militares y el refuerzo de las bases ya existentes, el
entrenamiento de militares latinoamericanos, la venta de
armas, la instalación de sistemas de vigilancia y espionaje y
el apoyo a mega-proyectos energéticos y de infraestructura
para la explotación de los recursos naturales. Esta política
busca defender los intereses de las grandes empresas y
garantizar el control principalmente del petróleo, el agua y
la biodiversidad.
En América Latina, Estados Unidos intensifica la instalación
de bases militares como en el caso de Manta (Ecuador), Tres
Esquinas y Leticia (Colombia), Iquitos (Perú), Reina Beatriz
(Aruba), Hato (Curazao) y Comalapa (El Salvador). Estas bases
complementan el cerco de EE.UU. en el continente, que también
incluye bases militares en Puerto Rico (Vieques), Cuba
(Guantánamo) y Honduras (Soto de Cano). EE.UU. pretende
construir nuevas bases militares en Argentina (Tierra de
Fuego), así como controlar la base de Alcántara en Brasil.
El gobierno de Bush utiliza como pretexto la necesidad de
"combatir al terrorismo" para justificar sus acciones en el
continente. En abril de este año, el General James Hill,
responsable del Comando Sur (un sector del ejército
estadounidense que actúa en América Latina), solicitó al
Congreso que aumentara la partida presupuestaria de 800
millones de dólares para sus actividades en 19 países de
América del Sur y Central y doce países de El Caribe. El
General Hill clasifica como "terroristas tradicionales" a
grupos guerrilleros y traficantes de drogas en Colombia y como
"grupos emergentes" a aquellos que considera "populistas
radicales que se aprovechan de la profunda frustración con el
fracaso de las reformas democráticas". En esta categoría
estarían incluidos el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y
el diputado boliviano Evo Morales.
En 2003, el presupuesto militar de Estados Unidos llegó a 417
billones de dólares, lo que representa un 47% de los gastos
militares del mundo. Esta cifra indica un aumento del 11% en
relación a 2002.
La actuación de la administración de Bush en las instituciones
multilaterales refleja su política de escalada militar. El
gobierno de Bush rechazó la Convención de Armas Biológicas y,
al mismo tiempo, realizó pruebas ilegales con estas armas,
además de rechazar el acceso de inspectores a sus
laboratorios. Estados Unidos rechazó también el Tratado sobre
Mísiles Antibalísticos, la Convención de la ONU sobre la
Tortura (para evitar la investigación de torturas a
prisioneros en la Base de Guantánamo), y pretende violar el
Tratado contra las Pruebas Nucleares.
El proceso de militarización en el continente ha generado el
aumento de las violaciones a los derechos humanos y de la
represión a los movimientos sociales, el desplazamiento y la
migración forzada de millones de personas, la destrucción del
medio ambiente, la pérdida de la soberanía y de la
autodeterminación de los pueblos.
La Base de Alcántara
En 2003, el gobierno brasileño decidió suspender la votación
en la Cámara de Diputados sobre el acuerdo que permitía el uso
de la Base de Alcántara por los Estados Unidos. Durante la
administración de Fernando Henrique Cardoso, el proyecto había
sido aprobado en la Comisión de Ciencias y Tecnología, y
rechazado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Después de
la elección de Luiz Inácio Lula da Silva, el proyecto quedó
paralizado en la Comisión de Constitución y Justicia, lo que
significa la suspensión de su tramitación en el Congreso
Nacional.
Esa decisión fue resultado de una gran movilización a nivel
nacional y continental, impulsada por la Campaña contra el
ALCA, y de la resistencia de las comunidades de los quilombos
en Alcántara. El plebiscito popular sobre el ALCA incluyó una
pregunta sobre el control de la Base de Alcántara por los
Estados Unidos, obteniendo el rechazo de más de 10 millones de
electores.
El Acuerdo sobre la Base de Alcántara establecía diversas
obligaciones para Brasil y ninguna para Estados Unidos, además
de atentar a la soberanía nacional en diversos aspectos. Por
ejemplo, Estados Unidos podría delimitar áreas restringidas,
donde sólo habría libre acceso para los oficiales
norteamericanos; al gobierno brasileño le estaría prohibido
verificar el contenido de los materiales recibidos o enviados
por Estados Unidos, y, en caso de accidente, el gobierno
brasileño no podría inspeccionar el material recogido.
El acuerdo permitiría el uso comercial de las instalaciones
del Centro de Lanzamiento de Alcántara, a ser explotado
prioritariamente por el sector privado, lo que contradice el
argumento utilizado originalmente para la desapropiación del
área –y el desalojo de decenas de comunidades de los
quilombos- que alegaba el desarrollo de la tecnología espacial
brasileña, o sea, que sería de interés público.
La región de Alcántara es considerada como una de las puertas
de entrada hacia la Amazonía brasileña, habitada por
quilombos, comunidades negras tradicionales, con culturas,
formas de producción y reglas internas propias. La importancia
histórica de esas comunidades hizo que la Constitución
brasileña reconociese el derecho a sus territorios. Sin
embargo, la instalación del Centro de Lanzamiento de Alcántara
en los años 70, por el régimen militar, causó la expulsión de
decenas de comunidades quilombolas de sus tierras. En caso de
que la Base de Alcántara vuelva a ser utilizada, está previsto
el desplazamiento de la mayoría de esas comunidades.
Entrenamiento militar
La estrategia del gobierno estadounidense incluye el
entrenamiento de militares latinoamericanos, como en el caso
de la Operación Cabañas, realizada en Argentina en 2001, con
la participación de 1500 oficiales de EE.UU., Chile, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.
Según documentos del gobierno argentino, el objetivo de este
entrenamiento sería crear un "comando militar unificado" para
combatir el "terrorismo en Colombia, además del campo de
batalla compuesto por civiles, organizaciones no
gubernamentales y agresores potenciales". La prensa
estadounidense colabora con este proceso. Por ejemplo, un
artículo del 23 de octubre de 2002, publicado en el periódico
Miami Herald, defiende la necesidad de la creación de una
Fuerza Militar Sudamericana para luchar contra la guerrilla en
Colombia y para "lidiar con semejantes amenazas internas en un
futuro".
La autorización para la entrada de tropas estadounidenses en
América Latina implica garantías de inmunidad diplomática, lo
que significa que soldados norteamericanos sospechosos de
crímenes y violaciones a los derechos humanos no podrían ser
juzgados en países latinoamericanos.
En 2003, una gran movilización en Argentina impidió otro
entrenamiento militar llamado "Águilas III". Sin embargo, esta
maniobra deberá ser realizada en Perú, bajo el comando de
Estados Unidos y con la participación de militares
latinoamericanos.
Una de las regiones prioritarias para la actuación de este
comando es la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y
Argentina. Según el periódico Misiones On Line, en diciembre
de 2002, el coordinador de la campaña antiterrorista del
Departamento de Estado, J. Cofer Black, organizó una reunión
en Puerto Iguazú con representantes de los gobiernos de
Brasil, Paraguay y Argentina, y anunció que "Estados Unidos
destinaría un millón de dólares para la Triple Frontera, para
investigar las relaciones con el terrorismo".
En una entrevista para la revista Carta Capital, el ex jefe
del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa, admitió que nunca se
comprobó la existencia de actividades terroristas en la Triple
Frontera. "Investigamos exhaustivamente, nosotros, la CIA, los
servicios secretos de los países, y no conseguimos comprobar
la existencia de células terroristas ahí". Sin embargo,
organizaciones locales denuncian la presencia de agentes
norteamericanos que patrullan áreas estratégicas como los ríos
de la región.
Esta debe ser la razón principal para la presencia
estadounidense, pues en la Triple Frontera está localizado el
Acuífero Guaraní, considerado la mayor reserva de agua dulce
del mundo, con 1.2 millones de kilómetros cuadrados.
Recientemente, el Banco Mundial y la Organización de Estados
Americanos (OEA) crearon el "Proyecto de protección ambiental
y manejo sustentable del Acuífero Guaraní" con un presupuesto
de 27 millones de dólares. El principal objetivo del proyecto,
que impide la participación de universidades y deberá ser
ejecutado por empresas extranjeras, es estudiar formas de
utilización del agua y el potencial energético de la región.
La presencia militar en esta área ha sido denunciada por
organizaciones sociales y de derechos humanos. Las recientes
intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y
Afganistán, así como sus intentos de influenciar políticamente
en Bolivia y Venezuela también tienen como objetivo el control
de recursos naturales, como el petróleo y el gas natural.
Otra forma de control por parte de Estados Unidos es la
instalación de mecanismos como el SIVAN (Sistema de Vigilancia
de la Amazonía), un proyecto de 1.4 billones de dólares,
realizado por la empresa norteamericana Raytheon, con
capacidad de monitorear 5.5 millones de km2. El SIVA todavía
prevé la compra de aviones de guerra, como el Tucano A-29. En
Argentina, el Pentágono también planea crear el Plan Nacional
de Radarización, como parte de un Sistema Internacional de
Vigilancia.
Esta escalada militar fortalece la industria bélica
norteamericana. Por ejemplo, la estructura de la Base de
Manta, con capacidad para controlar el espacio aéreo en un
radio de 400 km2, está bajo la responsabilidad de la empresa
DynCorp, acusada de estar involucrada con la CIA. La base de
Manta será equipada con grandes Jatos E-3 Awacs, con cazas F-
16 y F-15 Eagle, para controlar la región Amazónica, el Canal
de Panamá y América Central. Otras empresas bélicas y de
tecnología militar, como Raytheon y Northop, aumentaron sus
ganancias en un 50% el año pasado.
Por otra parte, Estados Unidos continúa entrenando militares
latinoamericanos en la Escuela de las Américas y pretender
crear la Academia Internacional para el Cumplimiento de la
Ley, en Costa Rica, con el objetivo de influir en la
legislación y las fuerzas policiales de los países de la
región.
En 2003, el ex jefe del FBI en Brasil, Carlos Alberto Costa,
reveló la influencia de los servicios secretos de Estados
Unidos en el país. "Nuestras agencias donan millones de
dólares por año a la Policía Federal, desde hace años, para
operaciones vitales. El año pasado, la DEA donó unos 5
millones de dólares a NAS (división de narcóticos del
departamento de Estado) y donó unos 3 millones a otras
agencias. Estados Unidos compró la policía federal. La verdad
es esta: su policía federal es nuestra, trabaja para
nosotros".
Plan Colombia y Plan Puebla-Panamá
Estados Unidos refuerza también el Plan Colombia, un proyecto
bélico de 1.3 mil millones de dólares, una vez que el
secretario de Estados de EEUU, Colin Powell, garantizó más de
731 millones de dólares para financiar la participación de
Ecuador, Bolivia y Perú en las operaciones militares. Los
principales focos de violencia en Colombia, que causan la
expulsión de la población indígena y campesina de sus tierras,
coinciden con las regiones más ricas en petróleo y
biodiversidad.
El Plan Colombia facilita la implementación de mega-proyectos
hidroeléctricos, petrolíferos y de minería, patrocinados por
el Banco Mundial y por empresas multinacionales. Más de un
millón de hectáreas de bosques colombianos ya fueron
contaminados por las fumigaciones con agentes químicos, y el
número de refugiados internos llega a los tres millones de
personas. En los últimos 20 años, el número de muertos llegó a
200.000—incluyendo 5.000 líderes de sindicatos y movimientos
sociales.
La estrategia estadounidense en América Latina incluye
proyectos de infraestructura, como el Plan Puebla-Panamá, que
prevé la construcción de un canal terrestre, que uniría el sur
de México hasta América Central, pasando por Guatemala,
Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Esta región es rica en biodiversidad y recursos naturales, más
allá del proyecto de posibilitar la utilización de mano de
obra barata y no sindicalizada.
El Pan Puebla-Panamá prevé la construcción de un complejo de
maquiladoras, o líneas de montaje, controlado por empresas
multinacionales. Las maquiladoras también son conocidas como
"procesadoras para la exportación", localizadas en las
llamadas "áreas de libre comercio". Este tipo de empresa
comenzó a implantarse en el norte de México en 1965, a través
de un programa de industrialización en la frontera con Estados
Unidos. Estas empresas se multiplicaron a partir de 1994, con
el inicio del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá). La mayor parte del capital, de la
materia prima y de la gerencia de estas empresas es
extranjera, y casi toda la producción es exportada sin pagar
tributos.
Diversas organizaciones han denunciado violaciones a los
derechos humanos en las maquiladoras, como la represión a la
organización de sindicatos, horas extras forzadas y maltratos.
Alrededor del 60% de la mano de obra está conformada por
mujeres, frecuentemente se registran casos de abuso sexual.
Además de esto, las mujeres son obligadas a hacerse pruebas de
embarazo como una condición del contrato. Aquellas que se
embarazan y continúan trabajando corren el riesgo de engendran
niños con deficiencias físicas, causadas por la exposición a
agentes químicos. Según estadísticas del Comité de Apoyo
Fronterizo Obrero Regional (CAFOR), el 76% de las trabajadoras
presentan problemas pulmonares y el 62% desarrollan alergias y
dolencias en la piel, a consecuencia del constante contacto
con los productos químicos.
Más allá de las precarias condiciones de trabajo, el promedio
salarial en las maquiladoras es de solamente tres dólares al
día. Normalmente los trabajadores viven en las llamadas
"colonias" o en las favelas, sin saneamiento básico,
electricidad o agua potable. La destrucción ambiental es común
en estas áreas, como en el caso de la ciudad de Matamoros, en
la frontera con Tejas, donde se encuentra empresas como la
General Motors y AT&T. Después de la llegada de las
maquiladoras a esta región, se comprobó que el nivel de
agentes químicos en las fuentes de agua potable era 50.000
veces más alto. De acuerdo con la organización Texas Center
for Policy Studies, las maquiladoras fueron responsables por
el depósito de aproximadamente 8.000 toneladas de agentes
contaminantes en la frontera de México con Estados Unidos,
solamente en 1996.
La inestabilidad de los empleos en las maquiladoras, sumada a
las políticas de privatización de empresas estatales y a la
falta de apoyo a los pequeños agricultores, continúa incitando
la migración masiva de trabajadores mexicanos a Estados
Unidos. Al mismo tiempo, el aumento de la represión en la
frontera, iniciada en 1994 con la creación de la operación
Gatekeeper (que coincidió con la implementación del NAFTA), ha
generado cada vez más violaciones a los derechos humanos.
Todos los años son registradas centenares de muertes al
intentar cruzar la frontera.
La intención de ampliar el número de maquiladoras en México y
en América Central, a través del Plan Puebla-Panamá, es parte
de una estrategia económica neoliberal, que busca desmantelar
a los sectores públicos y a la pequeña agricultura. Además de
la explotación de mano de obra barata en las maquiladoras, el
Plan Puebla-Panamá prevé la implementación de grandes
latifundios agrícolas para la producción de alimentos
transgénicos. Otro objetivo del Plan Puebla-Panamá es el
control de recursos hídricos y biológicos. Solamente en
Chiapas, las hidroeléctricas producen el 55% de la energía del
país. La región también cuenta con importantes reservas de gas
natural, petróleo, uranio, aluminio y cobre.
*** Propuestas de la Campaña por la Desmilitarización de las
Américas (CADA) ***
En oposición al proceso de militarización en el continente,
decenas de organizaciones sociales crearon la Campaña por la
Desmilitarización de las Américas (CADA). Diversas
movilizaciones de la sociedad hicieron que Estados Unidos
interrumpiera sus operaciones en Vieques, además de impedir el
control de la base de Alcántara en Brasil y la construcción de
una nueva instalación militar en Ecuador.
Estas victorias se suman a la oposición de la sociedad
argentina que impidieron la realización de la operación
Águilas III en su territorio, que preveía el entrenamiento de
militares latinoamericanos por Estados Unidos, del 27 de
octubre al 7 de noviembre de 2003. Estos entrenamientos tenían
el objetivo de involucrar a países latinoamericanos en el Plan
Colombia y aumentar la represión contra los movimientos
sociales.
En 2003, el pueblo colombiano rechazó la propuesta de
plebiscito del presidente Álvaro Uribe, que buscaba eliminar
una serie de garantías constitucionales, permitiendo inclusive
la prisión sin autorización judicial. En Bolivia, la fuerte
oposición a la política de privatización del agua y del gas
natural provocó la renuncia del presidente Sánchez de Lozada.
Estas movilizaciones reflejan el repudio popular contra las
políticas de dominación económica y militar de Estados Unidos
y de sus aliados en el continente. La CADA tiene el objetivo
de articular estas acciones y establecer el intercambio de
información y experiencias entre los movimientos sociales.
Las principales recomendaciones y propuestas de CADA son:
- Denunciar la dominación militar de EE.UU. en América Latina
y sus consecuencias, como la violación de los derechos
humanos, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía
y de la autodeterminación de los pueblos.
- Coordinar acciones solidarias y simultáneas, realizar
movilizaciones, investigaciones y acciones jurídicas contra el
aparato militar de EE.UU. y en defensa de los derechos
humanos.
- Apoyar los movimientos sociales en cada país, que luchan por
su tierra, su cultura, su trabajo y su dignidad.
- La construcción de un modelo económico basado en la justicia
social y en la solidaridad entre los pueblos.
- La construcción de una alternativa igualitaria y sustentable
para la integración latinoamericana.
* María Luisa Mendonça, periodista brasileña, es directora de
la Red Social de Justicia y Derechos Humanos y miembro de la
coordinación del Grito de los Excluidos Continental.
Publicado en América Latina en Movimiento, No. 385-386, edición especial, Foro Social de las Américas, ALAI, 20 julio 2004
https://www.alainet.org/es/articulo/111215?language=es
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