Desde el 5 de diciembre de 2004, nosotros, representantes de más de 200 organizaciones de campesinos, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, organizaciones para los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas e instituciones públicas, de 70 países y cinco continentes nos hemos reunido en el Foro Mundial sobre la Reforma Agraria en Valencia, España. Tras tres días de intercambio y debates, hemos concluido que las comunidades rurales y el campo están siendo sistemáticamente destruidos en todo el mundo y que la persistente crisis agraria tiene graves consecuencias sobre toda la humanidad. Después de identificar las raíces históricas y contemporáneas de la crisis, hemos elaborado estrategias para la reforma agraria basadas en las luchas de los pueblos y los principios de derechos humanos, y en la soberanía alimentaria. A pesar de que la reforma agraria mantuvo un papel central en las agendas de organizaciones internacionales y en las políticas de desarrollo de numerosos países durante la mayor parte del siglo XX, su perfil y sus logros disminuyeron durante las dos últimas décadas, a pesar de las tensiones que surgieron de la creciente pobreza, hambre, y conflictos por la tierra y los recursos naturales. Hoy, personas de todo el mundo se encuentran confrontadas con dos modelos de agricultura, desarrollo rural y producción de alimentos. El dominante es el modelo agro-exportador, basado en la lógica neo- liberal y el libre comercio, la privatización y la transformación de la tierra, el agua, los bosques, la pesca, las semillas, el conocimiento, y la vida. Se guía por el objetivo de beneficios corporativos y la intensificación de la producción para la exportación, y es responsable de la creciente concentración de tierras, recursos, y cadenas de producción y distribución de alimentos y otros productos agrícolas en manos de un número reducido de corporaciones. El precio de los alimentos y otros productos agrícolas decrece constantemente por el “dumping” y otros factores; asimismo, disminuyen los ingresos de campesinos y trabajadores. Los precios para el consumidor, sin embargo, continúan incrementando. Este modelo es químico- intensivo y está causando daños incalculables al medio ambiente y a la salud tanto de productores como de trabajadores y de consumidores. El modelo basado en la agricultura campesina y familiar, y en la soberanía alimentaria, por contrario, prioriza la producción local para los mercados locales y nacionales, rechaza el “dumping”, y utiliza prácticas de producción basadas en el conocimiento local. La experiencia muestra que este modelo es potencialmente más productivo por unidad de superficie, más compatible con el medioambiente y mucho más capaz de proporcionar una vida digna a las familias rurales, al mismo tiempo que les proporciona a los consumidores rurales y urbanos alimentos sanos, asequibles y producidos localmente. Sin embargo, el modelo dominante neo-liberal agro-exportador está empujando la agricultura familiar y campesina hacia la extinción. Cerca de tres mil millones de personas viven en zonas rurales y muchos de ellas están siendo expulsadas violentamente de sus tierras y cada vez se ven más alienados de su sustento de vida. La raza, la exclusión social, la cultura, la religión, el género y la clase económica han sido y continúan siendo incluso hoy factores muy poderosos que determinan quién tiene acceso y control sobre estos recursos y quién queda sistemáticamente excluido de ellos. La expropiación de la tierra y de los recursos naturales de las poblaciones locales, y la acumulación y concentración de la riqueza en las manos de elites tradicionales y modernas ha sido un proceso violento. Las comunidades rurales, especialmente pueblos indígenas y grupos socialmente excluidos continúan estando sometidos a formas extremas de violencia física y económica por parte de actores estatales y no estatales como las corporaciones privadas y las elites terratenientes. Esta violencia ha aumentado hasta alcanzar niveles alarmantes que pasan por la persecución política, represión, encarcelación, asesinatos, masacres e incluso genocidios en el caso de algunos pueblos indígenas. Algunos mega-proyectos como grandes embalses, proyectos de infraestructuras, industria de extracción y el turismo han desplazado a las poblaciones locales y han destruido el tejido social y la base de los recursos de los que dependen sus vidas. Tanto en el Norte como en el Sur, la destrucción de sistemas de producción agrícola, el desplazamiento, las condiciones laborales deterioradas y la inmigración desesperada han tenido un impacto particularmente grave en las mujeres y los jóvenes. A los jóvenes se les niega la capacidad de trabajar en la tierra. En el caso de las mujeres la penuria creada por el desarrollo del modelo neoliberal agrava la discriminación tradicional que impide que las mujeres tengan acceso y control sobre los recursos naturales. El modelo de agro-exportación está anclado en los programas de ajustes estructurales del Banco Mundial y del FMI, y en el régimen de libre comercio impuesto por la OMC. Al mismo tiempo, el estado ha retrocedido en la redistribución de tierra y ha abdicado de su obligación de ofrecer servicios básicos como la sanidad, educación, seguridad social, protección para los trabajadores, sistemas de alimentación pública y apoyo comercial para los pequeños productores. La promoción de la propiedad privada individual a través de los catastros de la tierra y títulos inalienables ha acelerado la comercialización de la tierra. Las políticas territoriales basadas en el mercado que impulsan el Banco Mundial y los donantes bilaterales han conducido a un gran endeudamiento entre los productores a pequeña escala y han resultado en la reconcentración de la tierra en las manos de elites tradicionales y modernas. La crisis agraria creada por el modelo de agro-exportación bajo el neoliberalismo es muy desalentadora. Sin embargo, los movimientos de campesinos, pescadores, pueblos indígenas y trabajadores rurales están cada vez más vivos, mejor organizados y más sofisticados que nunca, y están activamente implicados en oponer resistencia al modelo destructivo y dominante. En el transcurso de la historia, los agricultores y campesinos, pescadores, trabajadores rurales y pueblos indígenas han desarrollado maneras de producir alimentos y de relacionarse con la naturaleza que se basan en el cuidado de la tierra, el agua, las semillas, los animales y la propia vida. A medida que el modelo de desarrollo dominante avanza a través del campo, los diferentes movimientos se preparan y capacitan para organizarse, luchar y construir las alianzas que se necesitan para conseguir una reforma agraria auténtica adaptada a las necesidades de cada pueblo y país. Frente al desastre que está generando el modelo dominante, proponemos un modelo alternativo de soberanía alimentaria para los pueblos basado en los derechos de mujeres y hombres agricultores, trabajadores rurales y pescadores para que puedan producir alimentos para sus propios mercados locales y nacionales, con acceso y control sobre sus propios territorios, incluida la tierra y los recursos naturales. La soberanía alimentaria de los pueblos garantiza el derecho de cada persona a alimentos a precios asequibles, sanos, seguros, apropiados a la cultura, nutritivos y producidos localmente, y a vivir en dignidad. Exigimos urgentemente la aplicación eficaz del Artículo 25 de la DUDH, de los Artículos 2 y 11 del Convenio Internacional de los Derechos Humanos Culturales, Económicos y Sociales, y de los Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas para que el derecho a los alimentos se convierta en una realidad y para proteger y garantizar el acceso a los recursos naturales. Una reforma agraria de redistribución guiada por el estado representa una clave esencial para el modelo de la soberanía alimentaria para los pueblos y debe dotarse de un papel primordial en la agenda de desarrollo por parte de los gobiernos y de la sociedad. Los programas de la reforma agraria actual deben garantizarles a los pueblos agricultores e indígenas igualdad de oportunidades para mujeres y jóvenes, el acceso y control sobre la tierra, el agua, las semillas, los bosques, la pesca y los medios de producción (financiación y formación), distribución y comercialización. Además, la reforma agraria debe garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra, apoyar el uso de la misma para fines productivos y evitar la reconcentración territorial. Hacemos un llamamiento a nuestras organizaciones, nuestras alianzas y nuestra sociedad para: 1. ¡Reconocer la tierra como un recurso común de las personas! 2. ¡Trabajar para sacar a la OMC y otros acuerdos de comercio e inversión fuera de la alimentación y la agricultura! 3. ¡Oponernos tajantemente a las políticas de desarrollo de la tierra y desarrollo rural del Banco Mundial! 4. ¡Rechazar y actuar urgentemente contra la violencia que está siendo perpetrada contra los pueblos rurales para silenciar su organización y su resistencia! 5. ¡Organizarnos contra las continuas guerras y ocupaciones militares que les roban a los pueblos su soberanía alimentaria y su auto-determinación! 6. ¡Oponernos a la privatización y la comercialización de la vida a través de las patentes y la ingeniería genética! 7. ¡Defender activamente los procesos persistentes de reforma agraria efectiva, incluidos los asentamientos creados en todo el mundo mediante la ocupación de la tierra y otras formas de desobediencia civil activa que defienden mantener los recursos naturales en manos de los pueblos! 8. ¡Trabajar juntos para construir ejemplos exitosos de soberanía alimentaria de los pueblos a nivel local y nacional! Por un Mundo sin Hambre Otra Agricultura ¡Reforma Agraria Ahora! Valencia, España, 8 de Diciembre de 2004 Firmado por: