Este artículo fue escrito el 29 de febrero de 2004 y dedicado a la memoria de quien fue asesinado en Venezuela ese día por denunciar el asesinato de su hijo, Pedro Doria, padre de un médico y dirigente socialista, organizador de los campesinos venezolanos del Zulia en la zona del Perijá, fronteriza con Colombia. Hoy, cuando se ha descubierto el plan para atacar Venezuela con paramilitares colombianos y han sido detenidos 88 de esos paramilitares, cobra vigencia la denuncia de la marcha de los orcos El resultado más palpable del paramilitarismo en Colombia es el proceso de desarraigo de tres millones de campesinos desplazados por la violencia y la subordinación a los grandes propietarios de regiones. Pero también lo son el exterminio de la dirigencia sindical más luchadora, liquidada en cuotas anuales de decenas y el final escenario de desaparición de las conquistas laborales y las empresas y entidades del Estado que los sindicatos defienden. Es un proceso exitoso desde el punto de vista del poder económico. Ahora, los resultados de la violencia ilegal son institucionalizados mediante reformas constitucionales que eliminan derechos fundamentales o las vías para defenderlos. A la vez, el aparato paramilitar quiere ser legalizado mediante acuerdos con el gobierno, cuyo efecto más real será ocultar a los responsables intelectuales y a los beneficiarios económicos del paramilitarismo. Si se consolidara el proyecto de acuerdo Uribe-paramilitares, un nuevo modelo resolvería los problemas generados por la impunidad en el Cono Sur y por las leyes de olvido para las dictaduras militares chilena y argentina y la dictadura civil uruguaya, impunidad en crisis y cuestionada internacionalmente. El modelo colombiano sí garantizaría, de ser apoyado internacionalmente, una impunidad de los crímenes contra los movimientos sociales, bajo el manto de un acuerdo con supuestos "rebeldes". La sola posibilidad de que este acuerdo se concrete ha desatado una ola de acciones paramilitares y sicariales en el continente. El intento de asesinato del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Leonidas Iza, el 1 de febrero, expresa los métodos e instrumentos que se quieren enseñorear de América Latina para detener la lucha masiva contra el neoliberalismo y los tratados de "libre comercio". No ha sido un hecho aislado ni en Ecuador ni en el conjunto del continente. En Ecuador siguió a los asesinatos del activista campesino ecologista Angel Shingre y del investigador petrolero Patricio Campana y estuvo precedido cinco años antes por el asesinato, por los paramilitares colombianos, del dirigente izquierdista Jaime Hurtado. Mucho más grave es la situación de Venezuela, donde han sido asesinados más de 80 líderes campesinos que luchaban por la aplicación de la ley de reforma agraria, el médico socialista Pedro Doria, asesor de los campesinos, y durante este año tres sindicalistas y un cooperativista bolivariano. En junio de 2002 se había anunciado la creación de las Autodefensas Unidas de Venezuela AUV, apoyadas por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia AUC. El 27 de febrero quedó claro que la oposición venezolana quiere sustituir la pérdida de las masas con armas de fuego y fuego: un pequeño grupo quemó una sede del partido MVR, otro atacó la emisora alternativa Radio Perola. Varios opositores accionaron pistolas y revólveres. En Brasil, el estudio "Los crímenes del latifundio" documentó el asesinato de 44 líderes de los trabajadores rurales sin tierra. Las bandas armadas de los latifundistas se expresan ahora virulentas contra la demarcación de tierras indígenas. Amenazas de muerte han caído sobre el obispo Pedro Casaldáliga por apoyar a los indios Xavante, cuyas tierras son apetecidas por los plantadores de soya. En Roraima, los hacendados y empresarios del arroz lograron apoyarse en una masa de colonos que el 6 de enero no vacilaron en secuestrar y tomar como rehenes a tres sacerdotes que apoyaban la titulación colectiva para los indígenas. Lo ocurrido muestra que las bandas armadas de derecha además de aumentar su actividad, cobran una creciente confianza. Lo mismo se pudo apreciar el pasado diciembre en Mojos, Beni, Bolivia: bandas armadas de los hacendados amenazaron de muerte a indígenas y campesinos y a las monjas y organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las comunidades a la tierra. Aprovechando el incidente aislado en el cual un empleado furioso y actuando individualmente, mató a un alcalde porque no le pagaba el sueldo, las bandas derechistas sembraron el terror en la región y se posicionaron para impedir las reclamaciones de tierras. Los campesinos cocaleros denuncian que en el Chapare se entrenan grupos paramilitares para tratar de quebrar al movimiento social. El paramilitarismo golpea incesantemente en Honduras y renace en Argentina con amenazas y asesinatos como el de Sandra Cabrera, secretaria de la asociación de mujeres meretrices y la reaparición de paramilitares atacando a los campesinos en Santiago del Estero. Hasta los ton ton macoutes y el ejército caníbal son estrellas, que de autores de crímenes atroces pasan a honorables rebeldes triunfantes como parte de la "oposición democrática" haitiana. Las bandas armadas de derecha toman un papel protagónico en momentos en que es evidente que grandes masas latinoamericanas se hacen sentir en las más diversas formas, con grandes movilizaciones o en las elecciones. Las bandas derechistas no pueden argüir el pretexto de que combaten la guerrilla, como en Colombia o como en Guatemala de los 80 o Argentina de los 70. Sin embargo, el objetivo de su acción es exactamente el mismo que el obtenido en Colombia, donde muy lejos de destruir la guerrilla, sí han hecho la sangrienta contribución decisiva para destruir las conquistas legales de los movimientos sociales e imponer la legislación que conviene a transnacionales y latifundistas y claro, los tratados de libre comercio; y a garantizar que no se culpe al Estado ni a los financiadores de la violencia. La dificultades para el éxito de este modelo se manifestaron en el fracaso del viaje del presidente Uribe a Europa; en las acusaciones de la fiscalía italiana contra los paramilitares colombianos por su ligazón con la mafia calabresa `Ndrangheta; en las ordenes de extradición a Estados Unidos contra algunos jefes de las AUC y en el escándalo ocasionado por los descubrimientos de sus cargamentos de cocaína y el intento de encubrir los mismos por autoridades colombianas. Pero desde el gobierno de Estados Unidos no se cuestiona la impunidad para las masacres, el aniquilamiento del liderazgo sindical y el despojo de tierras campesinas, sino las actividades de narcotráfico, que surgen como la prueba reina que permitirá deshacerse de estos orcos una vez cumplan su tarea. Los orcos siempre han sido carne de cañón del verdadero poder.