“No necesitamos tantos buenos hombres, como buenas instituciones” Karl Popper

¿Basta con cambiar un articulito?

La tercera tentativa de volver a entronizar en Colombia la reelección presidencial, después de su repetido hundimiento el año anterior, ha alborotado el cotarro político. Primero fue el empecinamiento en hacer aprobar el Referendo el que provocó la polarización de las fuerzas políticas y sociales del país; ahora, es el afán del restablecimiento de la reelección, esta vez inmediata, el que ha enrarecido la atmósfera y enardecido los ánimos de sus voceros.

El asunto no es tan simple como lo planteó Fabio Echeverri Correa, asesor presidencial, al espetar que para ello sólo bastaba, sencillamente, con introducir en la Carta “…un articulito que diga: "a partir de la fecha, el Presidente que esté en el ejercicio del poder, podrá ser reelegido y que la gente vote”[1]. No señor, este mensaje lleva su carga de profundidad, máxime cuando se aduce, como argumento imbatible para su trámite y aprobación, que él no ha visto a ninguna empresa “…que eche a un gerente que ha dado buenos resultados”[2]. Por lo demás, a su leal saber y entender, los reparos de quienes se muestran renuentes a aceptar la reelección los atribuye, en un tono retador, al culillo de sus contradictores, quienes, según él, “…tienen pánico de competir con Uribe, con su excelente labor”[3]. Es tal el grado de intolerancia y pugnacidad que prima en este país, que para los turiferarios del gobierno quien no está con la canción está contra el coro también!

¿Cuatro años no son nada?

En Colombia se suele pasar de un extremo al otro, de la seca a la meca. Muchos de quienes hasta hace sólo un lustro defendían las bondades y la intangibilidad de la Constitución de 1991, son los que ahora prohíjan su descuartizamiento. Se ha perrateado tanto la Constitución, que ya hay quienes pretenden hacer de ella una Carta a la carta. Olvidan ellos que “La Constitución Nacional es y debe ser, el puente entre la legalidad y la legitimidad, entre el derecho y la justicia…”[4].. Siempre que este puente falla, tambalea la estabilidad institucional, que es el bien más preciado para el buen suceso de la economía y la sociedad de un país, que tienen en ella unos de sus pilares fundamentales. No olvidemos que, aquí y en Cafarnaum, la Constitución es un pacto de convivencia, que sirve a manera de contrato social russeauniano, de tierra de frontera y no como campo de Agramante. Este gobierno, particularmente, ha sido muy prolífico en iniciativas de actos legislativos y con la anuencia de un Congreso de la República sumiso y obsecuente, ha venido propiciando, a trochemoche, la reforma a retazos y a pedazos de la moribunda Constitución vigente, producto del “revolcón” gavirista.

De la noche a la mañana, se le antojó al Presidente de la República y a sus adláteres, que cuatro años no son suficientes para “redondear” la ímproba tarea que se impuso el primer mandatario. Como lo afirmara el hoy Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt De la Vega, “Cuatro años de mandato presidencial es un tiempo muy corto para resolver los profundos problemas estructurales que heredó el Presidente Uribe…”[5] y por ello era menester “…extender el mandato de Uribe por dos años”[6]. Así lo propuso Sabas Pretelt, para entonces Presidente de FENALCO, para congraciarse con él, alegando que “Una buena manera de hacerlo es que , si el Congreso decide aprobar la reelección esta no se pueda aplicar al actual mandatario y, en compensación, se le extienda su período. Si una persona con las condiciones de Alvaro Uribe no endereza el país en 6 años, apaga la luz y vámonos”[7]. Ello no ha sido óbice, para que Sabas, el Ministro, se las apañe para sostener ahora que “La nueva elección(¡!) del Presidente en ejercicio será un valioso instrumento de consolidación democrática, porque la democracia perfecta ofrece todas las opciones posibles al ciudadano y una de ellas es escoger entre continuidad y cambio. Por lo contrario, no poder hacerlo, reduce a la mitad el espacio de las preferencias y traduce un temor a la libertad plena de elegir”[8].

Las veletas en acción

Claro que él justificaría esta voltereta con el mismo desenfado con el que explicó a la plenaria de la Cámara de Representantes el cambio de postura entre el Uribe candidato, cuando manifestó su aversión por la reelección ya que, según él, esta no le convenía al país porque "el Gobierno podía ponerse a buscarla… Si yo como Presidente propongo que se amplíe el periodo presidencial a cinco años, debe ser para el siguiente, no para mí. Porque si yo gano la Presidencia, el pueblo va a votar para darme un mandato por cuatro años" y el Uribe Presidente, quien está “jugado” con la misma: “es que la política es dinámica”. Si bien, en el punto 98 del Manifiesto Democrático, como candidato, Uribe propuso “…una coalición de largo plazo…por que un Presidente de cuatro años no resuelve la totalidad de los…problemas nacionales”, sin embargo, también fue claro al advertir que el modo de lograrlo “…no necesariamente está vinculado a la reelección”[9]. De lo que se trataba, según el mismo Alvaro Uribe era de “…elegir varios presidentes para varios períodos, que mantengan el hilo conductor”[10]. Alega, ahora, el patidifuso Ministro, que la democracia colombiana es lo suficientemente “madura”[11], como para apostarle a la restauración de la reelección de sus mandatarios. A contrapelo de ello como lo acota Oscar Collazos: “Una democracia madura se atiene a las reglas de juego que le dicta la Carta política. No la modifica a conveniencia”[12]. De Sabas puede decirse con Montaigne que “es ondulante el hombre”, para no increparle su “sinuosidad”.

Los hechos son tozudos

La misma “dinámica” a que hizo referencia el Ministro Sabas ha determinado que la derrota fulminante de la guerrilla a las primeras de cambio del gobierno entrante, que sirvió de señuelo electoral, no se ha dado aún, que la guerra “relámpago” que se anunció para doblegarla está aún muy distante de lograr su cometido. Si bien se advierten avances importantes en la política de seguridad democrática, esta no ha estado exenta de fracasos estruendosos como los de las “zonas de rehabilitación y consolidación”, de traspiés, como los de Guatarilla y Cajamarca, amén de reveses que no se pueden disimular, echando mano de la mediática. Al triunfalismo de enantes le ha seguido la cautela con la que ahora se empieza a reconocer por parte del propio Presidente de la República que la guerrilla no está derrotada sino replegada, tal y como lo señaló acertadamente el experto en el tema, Alfredo Rangel, en un artículo por el que recibió una dura reprimenda, tanto de parte de los altos mandos de las fuerzas armadas como de labios del energúmeno ex ministro Londoño, para quien la derrota de la guerrilla era inminente, así como estaban a punto de erradicarse totalmente los cultivos ilícitos en Colombia. Según el Presidente, dicho repliegue obedece a que la guerrilla está a la espera de que el país vuelva a caer en manos “blandengues”, pero que él está dispuesto a jugarse “…hasta el último gramo de energía”[13] para evitarlo. El Presidente de la República clama, a grito herido, que “Ya que le dieron 40 años a ‘don Manuel’, porque no le dan un tiempito más largo a la seguridad democrática”[14] para poder mostrar los resultados contundentes que hasta ahora no se han visto.

Con tal frase, le dio un giro a lo dicho por el embajador de los E.U en Colombia en el mismo sentido, al tiempo de dar su espaldarazo a la reelección presidencial, en un gesto de flagrante intromisión en la política interna de nuestro país, al mejor estilo de Frechet, de tan ingrata recordación. Esto dijo Mr. William Word: “Las Farc tienen casi 40 años, mientras el período presidencial es de 4 años, o sea un 10 por ciento. Eso para las Farc es como una semana. .Ese grupo siempre ha tenido la táctica de que cuando ha habido presidentes firmes y populares, como el presidente Uribe, ha buscado la manera de esperar a que llegue el próximo".

El intermitente proceso con las AUC

Aquí cabe advertir que tampoco le está yendo bien al gobierno con el proceso de “desmovilización y reinserción de las autodefensas”. Este proceso está herido de muerte, sobre todo después del confuso incidente con Carlos Castaño y amenaza con salírsele de las manos al gobierno. Este es uno de los flancos más vulnerables de la política de seguridad democrática; de allí el empantanamiento del proyecto de ley de “Alternatividad penal”, que ahora llaman de “Justicia y reparación”, como para hacerla más digerible a la comunidad internacional. La amenaza de extradición que pende sobre sus principales líderes ha puesto en peligro la continuidad del proceso, que se encuentra en este momento en un punto muerto, pues como lo afirmara el Cardenal Pedro Rubiano, ellos no se van a entregar para que los extraditen, después de que han sostenido categóricamente que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel. La Serranía de San Lucas amenaza con convertirse en el Caguán del Presidente Uribe. Como todos los reflectores están puestos sobre el carnaval de la reelección, nadie le está parando bolas a lo que se nos viene pierna arriba por este costado. Este proceso está pasando de castaño a oscuro.

Mucho se habla de la necesidad de la continuidad, para asegurar el logro de los objetivos de esta administración, como razón primordial para defender el alboroto de la reelección presidencial. Pero, quien ha dicho que la única forma de garantizar dicha continuidad sea la reelección inmediata de quien ejerza la presidencia? Lo esencial en una democracia no son las personas sino las instituciones y entre estas resultan imprescindibles los partidos políticos, que son los que sirven de torrenteras para encauzar los anhelos ciudadanos, por encima de los personalismos. La clave de la continuidad de los programas, siempre y cuando estos sean de conveniencia y de beneficio para el país, es contar con unas instituciones robustas, fuertes, vigorosas y creíbles. Todo aquello que conspire contra la institucionalidad, todo aquello que la socave, atenta contra la gobernabilidad y cuando esta se pierde la legitimidad queda en grave predicamento. En lugar de irnos por el atajo del mesianismo y del estéril caudillismo, debemos, más bien, propender por el fortalecimiento de los partidos políticos. Colombia debe cuidarse de caer en el dislate en que incurrió, a ciencia y paciencia, la clase dirigente de Venezuela, que dio en la flor de acabar con los partidos políticos y hoy se lamentan(tarde piache!) de haber caído en esa trampa mortal.

El mesianismo delirante

Como lo afirmamos, premonitoriamente, en 1999: “Las tentaciones y las tentativas no faltarán, pues, a juicio del politólogo argentino Guillermo O´Donnell, estamos asistiendo en América Latina al nacimiento de un nuevo modelo “democrático”, que en nada se parece al arquetipo de las democracias liberales de occidente. El lo denomina ´democracia delegativa´ y su característica fundamental es que los ciudadanos, exasperados y desencantados, por los repetidos fracasos de los gobiernos, están dispuestos a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder carismático y mesiánico…Cháves, Menen y Fujimory, podrían ser sólo el comienzo de esta perversa tendencia a caricaturizar y a escarnecer la democracia…”[15]. Sí, por que siempre se hace alarde de esta para enervarla, pues la democracia forma parte del vocablo de sus más enconados detractores. Con justa razón, aseveró el Nóbel de literatura José Saramago al referirse a las “Palabras que son latas vacías. Una que no está completamente vacía, pero se está vaciando rápidamente, es la democracia”. Esta tendencia, lejos de cambiar, se hace cada vez más patente y patética, como nos lo muestran los resultados que arrojó un reciente estudio de la ONU[16], según el cual la desilusión de los latinoamericanos por el pésimo desempeño económico, amén de sus secuelas sociales, los ha llevado, en una alta proporción, del 54%, a mostrar su disposición a apoyar el regreso a gobiernos autoritarios, con tal de que les arreglen sus problemas, cada vez más agudos. Así, el sistema democrático ha terminado pagando los platos rotos por cuenta del fatídico modelo económico neoliberal, inspirado en el consenso de Washington.

La democracia no se agota con la elección popular; no basta con ser elegido democráticamente, sino que se precisa, además, de gobernar democráticamente. A veces se confunde la popularidad o las mayorías, en un momento dado, con la gobernabilidad; pero, son dos cosas distintas y aunque necesarias no son suficientes para garantizarla. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Como lo afirma Hernando Gómez Buendía “La mayoría puede y debe decidir en todos aquellos casos en los cuales ha sido previsto que decida, cómo debe decidir y por cuánta mayoría. Eso sí, no puede usarse para cambiar las reglas de juego que existían al comienzo del partido…La democracia no consiste en la voluntad mayoritaria sino en el respeto por los procedimientos…”[17]. Y esto es lo que se pretende desconocer, groseramente, por parte de los reeleccionistas, llevándose de calle la regla de oro de la democracia, cual es el imperio de unas reglas de juego preestablecidas, acatadas y transparentes, que no estén sujetas al permanente regateo. De consumarse tal desafuero, ello sería tanto como cometer el desaguisado de tronchar la rama para recoger el fruto, sin importarnos la suerte del árbol. En la democracia tales reglas tienen una propiedad singular y es que siempre se establecen teniendo en cuenta la peor opción posible (worse case scenario), esto es, que puedan triunfar los adversarios, evitando de este modo las hegemonías, más propias de los regímenes totalitarios. Aquí, en cambio, lo que se pretende es buscar la reelección desde el poder, bloquearle el acceso a quienes estando por fuera de él, aspiren legítimamente a detentarlo, alterando las reglas de juego, en beneficio de quien ejerce el gobierno. Si algo funesto tuvo el sistema del Frente Nacional, fue precisamente que se obstruyeron tales posibilidades a quienes militaran por fuera del bipartidismo liberal, de tal modo que la alternación en el poder que uno y otro compartieron, cerró las posibilidades a la alternancia en el mismo.

¿Quién es el mañoso?

Aunque, de dientes para fuera, se diga que “En la relación con el Congreso y los partidos, el gobierno tiene que respetar la independencia del uno como órgano y de los otros como referentes políticos, no obstante que alguno o algunos de estos constituyan el respaldo parlamentario del gobierno…”[18]; pero, en la práctica, las cosas son a otro precio. Bastó con que el Senador Héctor Helí Rojas saliera a cuestionar los procedimientos a que está apelando el gobierno para pasar la reelección para el Congreso, para que el Presidente de la República en persona le saliera al quite, demandándole, una y otra vez, que “…no le quiten al país esa posibilidad, dejen que el pueblo lo decida en las urnas"[19], como si el Congreso no contara para el efecto, como si este estuviera pintado en la pared. Y para añadirle insulto al agravio, desparpajó al Senador que osó disentir con su parecer, apartándose del redil, con expresiones tan descompuestas como las de “mañoso” o “sinuoso”. De prosperar este despropósito, se estaría aceptando tácitamente que el trámite congresional del proyecto de acto legislativo de la referencia, como lo prevé la Constitución nacional que nos rige, mientras no sea cambiada, quedaría reducido a un simple “artificio jurídico”[20], a través del cual el Congreso de la República estaría estorbando el que se cumpla la voluntad del soberano, ya expresada repetidamente a través de las encuestas. Ya lo había anticipado el Presidente Uribe, cuando afirmó que “La democracia es más madurez de opinión pública que de trabas legales. El veredicto lo da el pueblo”[21]. Y qué le vamos a hacer, si como lo afirma un envelezado analista “La mayoría del país está enamorado de Uribe. Es como en el bolero ´Todo me gusta de ti´”[22]

Aquí, hagamos una digresión para advertir, a propósito de la cotidianidad y pertinacia de los sondeos y las encuestas, que si estas se llegaran a convertir en instrumento de gobierno, con ello se estaría alterando el debate político “…arrojando al ruedo al pueblo y sus presuntas orientaciones, no como un sujeto vivo, sino como un objeto muerto, una fuerza bruta, a la que se le da y se le quita la palabra, según lo que interese. A un pueblo capaz de iniciativa política y de hacer escuchar su voz, los sondeos le sobran”[23]. Para quienes pretenden hacer el papel de cirujanos de hierro con la Constitución, hay que decirles que nada es más voluble que la opinión pública, que es por naturaleza casquivana. Como lo afirma el ensayista William Hazlitt, “Nada más injusto y cambiante que la opinión pública”. El país no se puede gobernar ni tampoco se pueden tomar decisiones sólo al calor del clima de opinión, no podemos quedar a merced del vaivén de los resultados de las encuestas, por que ello sería funesto. Por ello, abrigo mis reservas sobre la novísima tesis acuñada por el Presidente de la República, cuando sostiene, a propósito de esta enmienda constitucional, para posibilitar la caprichosa reelección, abogando en causa propia, que “En un Estado de opinión, los temas constitucionales son de opinión”. El antecedente más remoto que le conozco a tal esperpento fue la alusión en tal sentido que hizo el entonces candidato Alvaro Uribe, al anunciarle al país la escogencia de Francisco Santos como su fórmula vicepresidencial y es, digámoslo sin eufemismos, lo más próximo y parecido al neopopulismo, que amenaza con extenderse en América Latina.

El presidente está en campaña

El argumento de que cuatro años resultan insuficientes, que esgrime a las diez de últimas la claque política que enarbola como su gonfalón la reelección del Presidente Uribe, porque de eso se trata, resulta a la postre deleznable. Aunque parezca paradójico, la reelección inmediata, en lugar de significar la ampliación del período, en la práctica lo recorta, pues en el caso hipotético de que se establezca, una vez transcurran los primeros dos años del período presidencial, el Jefe de Estado se torna en candidato. No vayamos muy lejos, el híspido asesor presidencial, Fabio Echeverri Correa, dijo sin tapujos y con gran aspereza en un programa televisivo, que la campaña por la reelección del Presidente Alvaro Uribe había comenzado el 7 de agosto del 2002. Hasta razón tendrá, pues, para el politólogo Fernando Cepeda Ulloa “Todo gobierno y toda oposición es una campaña”[24]. Este es el estilo que se ha venido imponiendo en el gobierno, con el socorrido argumento de que se trata de decir la verdad, de hablar con franqueza.

Ante los más duros cuestionamientos, siempre los voceros del gobierno salen y ponen la cara, pero ya, de tanto ponerla se están descarando y, a veces, se asumen actitudes rayanas con el cinismo, como estrategia de marketing frente a los medios. Cabe otra lectura al afán de alargarle, a como dé lugar, el período al actual Presidente y es que, transcurridos casi dos años, muchos de sus propósitos están aún en veremos; basta señalar el pobre balance presentado con motivo del primer año de ejecución de su Plan de desarrollo. A estas alturas, el gobierno tiene aún muchas asignaturas pendientes y se está viendo a gatas para cumplir con sus promesas y, por ello mismo, pide angustiosamente que le extiendan su período. En el siglo XIX este tema también desveló a la clase política de la época; por ello, resulta atendible el sabio consejo que dejó para la posteridad el ex presidente de Colombia Miguel Antonio Caro, en el sentido de que “Dos años son muy pocos, seis años son demasiado; cuatro años son ideales, pues a los cuatro años o el Presidente no es capaz con el país o el país no es capaz con el Presidente”. Razón tendrá, entonces, The Economist, cuando al referirse a los primeros escarceos que ha provocado la controversia en torno a la reelección del Presidente Alvaro Uribe, que ya empieza a levantar ampollas, afirma que “Mejor cuatro años de éxitos que la incertidumbre que genera la búsqueda de la reelección, pues todo puede terminar en lágrimas”.

El acuerdo político en Babia

Aunque se diga lo contrario, un primer efecto del obsecado empeño por la reelección es el cambio de la agenda del gobierno, en función de la meta a alcanzar. Ya lo vimos, en pequeña escala, con ocasión del proselitismo desbordado y desbordante del Presidente de la República y su equipo de gobierno, copando todos los espacios, en procura de la aprobación del mentado Referendo. La administración virtualmente se paralizó, el Presidente de la República por su lado y sus ministros por el suyo, con sus respectivos equipos, se recorrieron de palmo a palmo el país en su presuroso empeño por ganar adeptos para su frustrada y frustránea causa. La historia se repite. El gobierno había propiciado un “Gran Acuerdo” político, alrededor de una agenda de reformas que, a juicio del gobierno, eran apremiantes. Y, cualquier día, sin hacerle vísperas, el gobierno dejó plantados a los distintos partidos y movimientos políticos y sociales que firmaron el controvertido acuerdo y tiró por la borda la agenda de las reformas. De este modo, el susodicho acuerdo quedó convertido en agua de borrajas, después que el gobierno tomó dicha decisión unilateralmente y sin tomar en cuenta para nada a su contraparte. Ello es muy propio del talante de este gobierno, que no es muy dado ni a concertar y mucho menos a consensuar sus decisiones.

Es necesario preguntarse, afirma El Tiempo, “En qué quedarán estas reformas, que son indispensables para colocar la economía en una senda sostenida de crecimiento”[25]. De un momento para otro, intempestivamente, las prioridades para el gobierno son otras y optó, en consecuencia por postergar las reformas que se anunciaban como vitales e inaplazables y se congeló la presentación de los proyectos de reformas que, según el gobierno, buscan modernizar el Estado, agilizar la justicia y dinamizar la economía, para darle paso al proyecto de reelección presidencial. Y todavía se atreven a decir que éste para nada interfiere en el normal desarrollo de los demás proyectos. Los flirteos del Ministro Sabas no cesan y no disimula su euforia por los coqueteos del Partido de Caro y Ospina. Así se lo confió al programa 6 A.M, de Caracol radio: “El Partido Conservador ha tenido interés en hacer un acuerdo político de largo plazo y eso le suena a música celestial al gobierno…mi anhelo es que el Partido Conservador se la juegue entero por la reelección”[26], señaló. Y, luego da cuenta, sin rodeos, de su denodado esfuerzo por lograr este nuevo acuerdo, pero esta vez para apalancar e impulsar el proyecto de reelección. El mismo del cual ya se ha percibido por parte de la opinión pública cierto tufillo a manzanilla, con trueque de por medio de puestos por votos, lo que tanto dice abominar el Jefe de Estado. Así se disculpe el Ministro, al ser reprendido por el Procurador General, Edgardo Maya, quien le hizo saber que “…estos órganos en su origen y en su función son totalmente independientes y autónomos”[27], dándole a entender de que no son susceptibles de cambalaches ni la Contraloría ni la Procuraduría, como él lo pretende. Salió a decir, con la mayor candidez, que tal vez incurrió en un lapsus al írsele la mano, además de la lengua, ofreciéndole al Partido Conservador entregarles los organismos de control, a cambio de su apoyo al proyecto de la reelección presidencial. Aunque las mayorías del Partido Conservador se han mostrado reticentes, al final, a contrapelo de lo que pensaba Víctor Hugo, preferirán la consigna a la conciencia, así sea sólo en la primera vuelta del trámite del proyecto de acto legislativo. Al fin y al cabo, como suelen decir los ingleses, que tienen por qué saberlo, la política llega al extremo de llegar a hacer a extraños compañeros de cama, con mayor razón a quienes no lo son tanto. Pero, quién le cree al Ministro Sabas, después de que se levantó de la mesa de los acuerdos anteriores que suscribió con el mismo partido Conservador, entre otros, y los arrojó al cerote? El Ministro Sabas le debe una explicación al país por tan deplorable proceder, que habla muy mal de su seriedad y sinceridad.

Callan como ostras

Ya lo había advertido el Banco de la República, en su Informe al Congreso de la República el mes de marzo: “A pesar de que las perspectivas económicas son positivas, no deben subestimarse los riesgos que enfrentará el país en los próximos meses. El principal de ellos es el de un cambio sustancial en el frente externo que podría revertir las tendencias actuales de los flujos de capital. Si esto llegase a ocurrir, aún hay aspectos débiles en la economía que se verían afectados negativamente por una reversión abrupta de estos flujos para Colombia…El gobierno nacional y el Congreso de la República deberán continuar trabajando conjuntamente en la búsqueda de soluciones, a través de reformas estructurales, para lograr consolidar un superávit fiscal primario del 3%, que asegure, así, una reducción del endeudamiento público por debajo del 45% del PIB en el mediano plazo” y advierte más adelante, que “…la situación de las finanzas públicas sigue siendo desequilibrada, y de acuerdo con las últimas proyecciones, podría empeorar en el futuro cercano, si el gobierno nacional y el Congreso no toman medidas estructurales para evitar este deterioro. Entre ellas, será necesario hacer reformas que racionalicen la actual estructura tributaria y que eviten un incremento exponencial de los pagos por pensiones en los próximos años”. Y estas reformas son precisamente las que se pospusieron, irresponsablemente, a riesgos de precipitar un colapso de las finanzas públicas y de comprometer la consolidación de la recuperación de la economía nacional. La exhortación del Banco de la República no puede ser más categórica: “Los diferentes estamentos de la sociedad colombiana deben tomar conciencia de la gravedad del asunto, para apoyar cuanto antes las reformas que hagan viables las finanzas de la administración central”.

Por ello, extrañamos el silencio trapense que acusa la Junta directiva del banco Emisor, así como las declaraciones de su Gerente, Miguel Urrutia, contemporizadoras y complacientes con el paso en falso que ha dado el gobierno. También llama la atención la posición asumida por la Misión técnica del FMI, que nos visitaba por estos días, para revisar el cumplimiento de las metas del Acuerdo Stand by suscrito por el gobierno con el. A pesar de que entre los compromisos adquiridos por el gobierno está el sacar avante, sin tardanza, las llamadas en el argot fondomonetarista reformas “estructurales”, advertidos de la decisión del gobierno de retardar su aprobación, el jefe de la Misión, Robert Rennhack, calló como ostra, no dijo ni mu al respecto; se salió por la tangente diciendo que él prefería “…no especular con cosas que son de política económica”[28]. En su rueda de prensa se limitó a dar el parte positivo respecto al cumplimiento de las metas y de tranquilidad respecto al buen desempeño de la economía que “…ahora es mucho menos vulnerable que hace un año”[29]. Tanta parquedad resulta tanto más extraña e inusitada, dada la locuacidad característica de los voceros del FMI en otras ocasiones. Claro que ya en América Latina estamos acostumbrados a que el FMI nos diga que como vamos, vamos muy bien, para luego, ex post, reconocer que terminamos muy mal. Como lo afirmara el ex ministro de Hacienda Juan Manuel Santos en Brasil, luego de hacer dejación del cargo: después de seguir al pié de la letra las recomendaciones del FMI, no estamos mejor que cuando estuvimos peor!

Las reformas en lista de espera

Luego de enmochiladas las reformas por parte del gobierno, a este se le han hecho perentorias advertencias, que le entran por un oído y le salen por el otro al Ministro de Hacienda. El que se precia tanto de su ortodoxia, ha preferido pasar de agache, cuando no ramaneando, con respuestas tan evasivas como la de afirmar que “No vamos a atropellar en el Congreso con una reforma estructural tributaria mal concebida…”. Así como resulta inaudito, a estas alturas, alegar que no se presenta el proyecto de reforma pensional, dizque por “…falta de tiempo no podemos radicar el proyecto de acto legislativo para las pensiones y sería una insensatez hacerlo en esta legislatura, por que el proyecto no tiene todas las garantías de ser aprobado”[30], pero sí es posible intentar ferrocarrilear el proyecto de acto legislativo que restablecería la reelección presidencial, que tiene el mismo trámite de aquél. A comienzos de año, el mismísimo Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había sostenido que “…llegó la hora de ponernos muy serios en el tema de las pensiones, porque el problema está causado y las reservas se acabaron”[31]. Ahora dice que “No nos vamos a lanzar a reformas dramáticas. Vamos paso a paso”[32]. Será que las soluciones dan espera, Ministro? En el gobierno, ciertamente, siguen convencidos, como lo estuvo por mucho tiempo el Furher de que “la masa cree más en la gran mentira que en la pequeña”; sólo que en economía no se puede pretender engañar a los demás sin que termine uno mismo desengañado. La estulticia en la política económica se paga y se paga caro. Así lo advierte Portafolio: El atascamiento de la agenda económica pone en peligro la estabilidad y el crecimiento de la economía…si bien, en el corto plazo, la economía tendrá un buen desempeño, “…no todo es color de rosa – subsisten nubarrones sobre el horizonte económico de mediano y largo plazo…Por este motivo, mucho nos preocupa que se haya congelado la agenda económica. El proyecto de reelección presidencial ha desplazado la atención del Congreso…No se puede negar que se pone en riesgo la salud de la economía colombiana al posponer la aplicación de los remedios a sus males estructurales”[33].

Ya Mauricio Cárdenas, Director de Fedesarrollo, le había llamado la atención del gobierno, en el sentido de que “El capital político del Presidente Uribe se debe utilizar para impulsar las reformas. Este es el mejor año para tramitar los proyectos, porque no hay elecciones y la coyuntura permite debatir profundamente temas como el de las pensiones y las transferencias”. Pero se equivocó Mauricio Cárdenas, pues, por cuenta del proyecto de marras, de hecho, ya se empezó a agitar el tema electoral o eventualmente de la convocatoria de otro Referendo, como lo dejó entrever esta semana el Presidente de la República, si no le suena la flauta en el Congreso y le fallan sus cálculos. En lo mismo estaba pensando ANIF, cuando planteó que “La hora del optimismo debe ser la hora de las reformas”[34]; lo que pasa es que el gobierno quiere aprovechar el optimismo reinante, el arrobamiento prevaleciente por la figura del Presidente de la República para otros fines, no tan plausibles. Da la impresión de que el Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, tiene el pensamiento dividido y anda con sentimientos encontrados, como Chavela Rosales, pues mientras sostiene que “Para el sector privado, lo importante es lograr la meta de que haya gobiernos con mayor cantidad de tiempo para ejecutar sus planes. Más en el caso del Presidente Uribe…”, le preocupa que “…los cambios en el régimen de pensiones y temas que tienen que ver con transferencias y regalías se estén aplazando en el debate económico del país”[35]. En qué quedamos, por fin, Luis Carlos!

Una pésima señal

Como lo afirma el diario de los Santos “…el riesgo de que el ritmo de crecimiento de la economía vuelva a reducirse en el futuro y el desempleo suba es alto. Las condiciones internacionales que han propiciado los flujos de capital hacia el país son transitorias y pueden revertirse de un momento a otro. El gobierno, entonces, no debería sacrificar las reformas estructurales en aras de la reelección…Esta es una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros, que saben que la estabilidad macroeconómica futura depende en muy buen grado de la aprobación de estas iniciativas”[36]. Pésima señal, añadiríamos nosotros, sobre todo que la estabilidad macroeconómica está fincada en la confianza de los inversionistas, la cual se ve quebrantada por la inseguridad jurídica, dado que la peor señal para ellos es la ambigüedad. “Esa confianza sufre ´cuando los presidentes perciben el gobierno como una extensión de la campaña política´. Como sufre, también por la tendencia de algunos de ellos de ´subvertir la ley y la política estimulando el ejercicio directo de la autoridad suprema por el pueblo´. Así lo advierte un libro reciente, de obligada lectura para políticos y politólogos”[37]. Para el Nóbel de economía Douglas North, “…la posibilidad de que existan mercados eficientes, con bajos costos de transacción, depende entonces, de manera fundamental, de unas reglas de juego legítimas, creíbles y aceptables…”.

Lo mismo cree Alberto Alesina[38], de la Universidad de Harvard, y todos los economistas de la corriente institucionalista, que ponderan muchísimo la solidez y la estabilidad de las instituciones. Este es el mismo autor que sus epígonos en Colombia, entre ellos Rudolf Hommes, citan frecuentemente como fuente en sus diatribas contra los fallos de las altas cortes. Al extremo de proponer que “Deberían prohibir que estas entidades se reúnan más de tres o cuatro veces por año”[39]. Afirma ANIF, con gran dosis de sindéresis, que “Dentro de la literatura económica hay un amplio espectro de trabajos que han mostrado cómo la calidad de las instituciones, entendidas como las reglas de juego de una sociedad, es determinante para el desarrollo de una Nación y es pieza clave para promover un mayor crecimiento y bienestar”[40]. ANIF va mucho más lejos, al llamar la atención sobre el hecho indubitable de que “…el impacto de las reformas económicas depende del entorno institucional en el cual se aplican. La evidencia ha mostrado que reglas de juego claras, seguras y estables generan la confianza necesaria en los agentes privados para crear nuevos proyectos y empresas y, por tanto, riqueza”.

La verdadera realidad vista por otros ojos

Ahora bien, Colombia no está pasando aún, pese a los alardes del gobierno en sentido contrario, por el mejor momento. Y no lo decimos a humo de paja. Es que en su más reciente informe[41], el Banco Mundial devela el grave déficit en el que seguimos inmersos en materia de transparencia en la determinación de las políticas del gobierno, su implementación y respecto al acatamiento de las mismas. Con base en seis indicadores, el Informe se propone medir la calidad del orden institucional de una Nación, son ellos: participación ciudadana, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad del gobierno, calidad de la regulación, imperio de la ley y control de la corrupción. Los resultados de la medición en el caso colombiano deja mucho que desear y al comparársele con otros países latinoamericanos, Colombia queda muy mal parada, como se ilustra en las gráficas subsiguientes:

Indicadores de Gobernabilidad para Colombia

(Calificación)*

*Calificación entre –2.5 y 2.5. La mejor calificación es 2.5. Fuente Banco Mundial 2.003

Indicadores de Gobernabilidad para Latinoamérica

(Calificación)*

*Calificación entre –2.5 y 2.5. La mejor calificación es 2.5. Fuente Banco Mundial 2.003

Se colige de lo anterior, que “El fortalecimiento del Estado y de la fuerza pública ha mejorado la percepción de propios y extraños sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad que empresas y ciudadanos requieren. Pero, el tema institucional y la agenda de modernización y fortalecimiento del Estado no sólo debe reducirse a esta esfera. Colombia sigue siendo un país en donde crear empresa es difícil… En esta materia queda mucho por hacer, y cualquier reflexión sobre reformas estructurales debe tener en cuenta el tema institucional”[42]. No estamos, entonces, dando las señales correctas, ni estamos transitando en la dirección que más le conviene al país

Y no es para menos, pues la economía y la política son inseparables la una de la otra; la política es la expresión concentrada de la economía. Pretender divorciarla es como intentar aplaudir con una sola mano. De allí que en situaciones de grandes crisis, la política tire de la economía; no es posible pensar que pueda levantarse una especie de “muro cortafuegos”, para tratar de aislarla e inmunizarla de los estragos que puede traer consigo la incertidumbre que se crea con semejante varapalo, que, en lugar de cohesionar a la sociedad, la fractura. Con el prurito de la reelección presidencial, sus promotores están tentando al diablo y a larga esto puede hacer mella sobre la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas, que se han considerado históricamente como el principal y más preciado activo de Colombia. Como lo afirma El Tiempo “…una tradición de estabilidad institucional, que el mundo entero le reconoce a Colombia, podría contaminarse de síntomas de ´república bananera´. Una de las pocas enfermedades que, hasta el momento, no nos ha llegado”[43]. Pero, al paso que vamos, nos encaminamos sin remedio a dicho destino, inexorablemente. No es un secreto que la inestabilidad de las reglas de juego aumenta sensiblemente el riesgo político, el cual tiene un lugar preponderante en la determinación del riesgo-país, que no sólo está referido a la seguridad interna, sino con la función esencial que cumplen las instituciones políticas y, desde luego, con la mayor o menor estabilidad de las mismas. Debemos, entonces, cuidar las instituciones y preservar la estabilidad de las mismas, como si fueran la niña de nuestros ojos. Actuar a contrapelo de ello es como jugar con candela y es a lo que están contribuyendo el Ministro Sabas y el asesor presidencial, Fabio Echeverri, con sus pamplinadas y ramplonerías!

¿Será posible un acuerdo sobre lo fundamental?

Deben establecerse una líneas rojas, que no se deben traspasar por consideraciones banderizas y ello sólo es posible lograrlo a través de acuerdos políticos serios, que trasciendan la coyuntura, que versen sobre los asuntos primordiales de la Nación. De este modo, se pueden promover políticas de Estado, que comprometan a todas o por lo menos a la mayoría de los partidos y movimientos de corte democrático. Se trata de lo que, en su hora, caracterizó Alvaro Gómez Hurtado como un Acuerdo sobre lo fundamental. Ahora bien, cuando hablamos de política de Estado nos estamos refiriendo a políticas que cumplan con tres pre-requisitos, imprescindibles todos ellos, a saber: quienes participen de ella deben contar con información fidedigna y confiable, participar activamente del análisis y estar comprometidos en las estrategias que se definan. El asunto de la guerra y/o de la paz, es de aquellos que ameritan ser abordados como política de Estado y no como política de gobierno, para que no dependa de la discrecionalidad del Presidente de turno, en un propósito que tiene que ser de largo aliento y que, por ello mismo no puede estar al vaivén de la coyuntura del momento. Así ha operado en España el ya famoso Pacto de la Moncloa y mas recientemente el Acuerdo entre los partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, en el sentido de sacar del debate electoral, que concluyó con la elección de Rodríguez Zapatero, lo concerniente a la lucha contra el terrorismo. Así los violentos, quienes se sitúen al margen de la ley sabrán a qué atenerse; quedarán notificados de que no habrá contemplaciones, de ninguna naturaleza, con quienes persistan en complotarse contra el Estado de Derecho y que, en adelante, no podrán jugar ni a repliegues ni a ofensivas tácticas, según el gobernante de turno. Nunca jamás las ofensivas de las guerrillas o de los paramilitares volverán a ser interpretadas como despedida del gobierno saliente o como bienvenida al entrante, por que el frente contra los violentos será uno sólo, sin fisuras, sin vacilaciones no devaneos. No se puede caer en el falso dilema de la mano firme o blandengue, sin ser seducidos por el odioso maniqueísmo en boga. Así como existe una Comisión de Relaciones Exteriores, tan venida a menos en este como en el anterior gobierno, en el que tienen asiento las fuerzas políticas más representativas del país, debería existir una Comisión Permanente para abocar los asuntos que toquen con la seguridad del Estado, sin odiosas exclusiones ni exclusividades.

Así y sólo así se garantizaría la continuidad de una política de Seguridad democrática, que tenga el carácter de tal, lo que no necesariamente significaría cerrar filas alrededor de la estrategia del actual gobierno, que es susceptible de mejorar y de afinar, pero sobre la base de participar en su concepción y operatividad, como ya lo dijimos. Le apostamos, entonces, al fortalecimiento de las instituciones y no a socavarlas o debilitarlas, haciéndole el juego al providencialismo, pues los hombres pasan y las instituciones quedan!

* Amylkar D. Acosta Medina. Presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas. www.amylkaracosta.com

Bogotá, abril, 26 de 2004