La opinión pública del Ecuador estimaba que la visita oficial del Presidente Lucio Gutiérrez a Colombia[1] (16 y 17 de marzo del 2004) debería tener como uno de sus objetivos  principales, exigir que Colombia ejerza el control militar y policial  en la frontera común con el Ecuador[2], responsabilidad que incumple, desde algunos años atrás, en una extensión de más de 230 kilómetros.

El pedido mencionado igualmente se fundamentaba en una realidad evidente: el Ecuador ha asumido la responsabilidad de controlar la frontera ecuatoriano colombiana ante la ausencia total de efectivos colombianos, con el riesgo de implicarse en un conflicto abierto,  amén de los costos que tales actividades demandan, cuanto más que se estima el gobierno ecuatoriano ha movilizado aproximadamente 7.000 soldados y 4.000 policías para que cumplan una responsabilidad que, estrictamente y principalmente, corresponden a las fuerzas armadas y policiales de Colombia.

A pesar de la magnitud e insistencia de la demanda nacional, el  Presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez se limita a enunciar, en el numeral 11 de la Declaración Conjunta, que: “la Policía Nacional se encuentra readecuando y equipando su estación de Puerto Colón, en la jurisdicción del Municipio de San Miguel”, que: “se está fortaleciendo la presencia militar en el Puente Internacional San Miguel”, a lo que agrega la intención de instalar: “una base de Infantería de Marina sobre el río San Miguel”.

La declaración de intenciones de Uribe Vélez, afrenta a la inteligencia de los ecuatorianos por lo ridículo de la magnitud de los proyectos en marcha mencionados, amén de la imposibilidad de cumplir uno de ellos, el fortalecimiento de la presencia militar en el lado colombiano del Puente Internacional San Miguel, toda vez que es ampliamente conocido el control que las FARC mantienen sobre el lado colombiano. Es de esperar que la declaración de Uribe no pretenda que el fortalecimiento hace referencia a la presencia de autoridades colombianas en el Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF[3]) de Sucumbios (Ecuador), posición que, por otro lado, solamente ratificaría la imposibilidad del gobierno de Uribe para contar con instalaciones de un CEBAF en suelo colombiano por el control que las FARC mantienen en la zona.

A lo limitado de los alcances de los proyectos e intenciones detallados por Uribe,  debe agregarse el desprecio que éste exhibe sobre el compromiso que asumió en la reunión que mantuviera con Gutiérrez al margen de la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz, compromiso que permitió a Gutiérrez afirmar que: “Uribe se comprometió, a través de sus fuerzas militares, a colocar más presencia en la frontera que les corresponde y con esto habrá un doble control para eliminar esos problemas”[4]; o sobre los compromisos que según el General  Octavio Romero, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del ecuador, debían concretarse en acuerdos concretos que permitan materializarlos, los cuales según Romero se concretarían durante la visita[5], respecto a los cuales no existe referencia alguna en la Declaración Conjunta, en la que solamente se expresa: “la necesidad de fortalecer las medidas de control permanente en sus respectivos países, a través del incremento del intercambio de información entre sus autoridades” (numeral 6)  o el encargo de: “presentar dentro de un plazo de 60 días, un conjunto de acciones encaminadas a reforzar los mecanismos de control existentes entre los dos países” (numeral 9), o la disposición para que: “dentro de los treinta días siguientes a este encuentro se reúna la Comisión Binacional de Frontera -COMBIFRON- para analizar la situación de seguridad en la zona de frontera” (numeral 13).

Si todo lo anteriormente expuesto es altamente preocupante, lo es más la afirmación de Uribe de que: “se continuará el programa de soldados campesinos[6] en la frontera con Ecuador”, puesto que a la luz de la historia del conflicto colombiano, este programa replica las denominadas Cooperativas Convivir, cuya organización fue fuertemente promovida e impulsada por Álvaro Uribe cuando ejerció la Gobernación del Departamento de Antioquia, a pesar  de  que –o quizás por ello[7]- terminaron por beneficiar a los paramilitares y al narcotráfico como lo ilustra la afirmación de que: “Estas cooperativas fueron utilizadas por los terratenientes y los narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de ‘tierra arrasada’ en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia en el Nudo de Paramillo e ingresaron al eje bananero de Urabá, asesinando y desplazando a miles de campesinos”[8].

Para salvar de cualquier duda respecto a los beneficiarios de ese tipo de política, valga recordar las palabras de Carlos Castaño Jefe de los Paramilitares colombianos, cuando afirmaba que las Convivir se originan “en el mismo principio que las Autodefensas”, a lo que agrega que: “Se trata de unas cooperativas donde los ciudadanos colaboraban de manera organizada con las fuerzas armadas, suministrando información y en algunos casos portando armas amparadas para su defensa personal”, apreciación a la que agrega que: “No voy a negar que a las Autodefensas les sirvió, pero no tanto se avanzó con ellas. Quienes las aprovecharon fueron los narcotraficantes, que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en su fincas. Era habitual ver cinco camionetas Toyota, con un ‘narco’ adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado”[9].

La profunda preocupación que genera el programa de soldados campesinos contemplada en la Declaración Conjunta, obedece entonces al previsible aumento de todos los efectos negativos que generará el robustecimiento del narcotráfico, y a la posibilidad cierta de que se extienda hacia el territorio ecuatoriano la brutalidad e inhumanidad consubstancial al paramilitarismo, parte integrante de la denominada “Guerra de Baja Intensidad”[10], estrategia adoptada y desarrollada por los Estados Unidos, la que, al incluir la participación de “fuerzas irregulares” como uno de sus componentes activos, dio paso a la denominada “guerra no convencional” (unconventional warfare) definida como: “Amplio espectro de operaciones militares y paramilitares en posición enemiga, o en territorio controlado por el enemigo o políticamente sensitivo. La guerra no convencional incluye –aunque no es un limitante- los interrelacionados campos de la guerra de guerrillas, de evasión y escape, subversión, sabotaje, misiones de acción directa y otras operaciones de una baja visibilidad o de naturaleza encubierta o clandestina. Estos interrelacionados aspecto de guerra no convencional pueden ser emprendidos individual o colectivamente por personal indígena predominante, por lo general apoyado y dirigido en grados diversos por una o varias fuerzas externas, durante cualesquiera condiciones de guerra o paz”[11].

La prevención ante la propuesta de Uribe contenida en la Declaración Conjunta aumenta cuando se reconoce que la política de Uribe para con los paramilitares colombianos, de acuerdo al proyecto que presentara el 21 de agosto del 2003, pretende que los paramilitares,  “reconocidos y condenados criminales”, “abusadores de los derechos humanos evadan la justicia real sólo con el giro de un cheque"[12], personajes que seguramente terminarán por engrosar los destacamentos de “soldados campesinos” como lo advierten ya analistas colombianos, con lo cual se reiniciará la historia de crímenes y abusos, pero esta vez en la zona limítrofe con el Ecuador, bajo el amparo del Estado colombiano.

Todo lo antes expuesto permite reafirmar la tesis inicial del presente artículo, Uribe insiste en su política que privilegia el desarrollo del paramilitarismo, tesis que se incluye en la Declaración Conjunta con la anuencia de Gutiérrez, el cual se somete sin beneficio de inventario para el Ecuador y el pueblo ecuatoriano.

Quito, 20 de marzo del 2004.