Desde julio del año 2003, 80 familias ecuatorianas abandonaron sus fincas ubicadas en Puerto Mestanza, a orillas del río San Miguel, como consecuencia de las fumigaciones realizadas en las zonas selváticas amazónicas de Colombia para erradicar las plantaciones de coca del otro lado del río. Víctor Mestanza, el fundador del pueblo, es uno de los miembros de las 5 familias que se quedaron. "Con las fumigaciones que empezaron en enero de 2000 como parte del Plan Colombia," comenta Mestanza, "la situación es desesperante, no se puede trabajar, nos han acabado la economía y nuestros cultivos". En los días posteriores a la última aspersión de herbecida realizada "por avionetas colombianas que sobrevolaron nuestro territorio", el campesino perdió "varias hectáreas de cultivo de caña de azúcar, plátano, la muerte de 170 mil peces en sus piscinas agropecuarias, 400 patos y 70 cerdos", es decir el fruto de sus 23 años de trabajo en la región. El Plan Colombia se inicio en el año 2000 con financiamiento de EE.UU. a fin de luchar contra el narcotráfico, en el que están involucrados los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La intensidad del plan y de las acciones del ejército colombiano contra las FARC han ido creciendo desde la elección del presidente Alvaro Uribe en Colombia y la política militarista antiterrorista del gobierno estadounidense. El Ecuador se involucró también en el conflicto del país vecino y cuenta ahora con miles de soldados en la frontera, una presión que deplora la población fronteriza. Según el presidente de los afectados por las fumigaciones, Daniel Alarcón, el problema involucra a alrededor de 10 mil colonos e indígenas de Sucumbíos, que viven a lo largo de unos 300 kilómetros de la frontera que la provincia comparte con Colombia. Ellos presentan varios problemas de salud que atribuyen al potente herbecido glifosato fumigado encima de las áreas pobladas, escuelas, ríos y esteros. "No tenemos que comer, no podemos sembrar nada en nuestras tierras", clama Alarcón, que evoca la posibilidad de retomar a partir de mediados de marzo un paro provincial previsto inicialmente para el 12 de febrero 2004. En nombre de las 97 organizaciones populares que representa, Alarcón exige del gobierno ecuatoriano una posición clara frente al problema: la suspensión de las fumigaciones y la aplicación de un corredor de amortiguamiento de 10 kilómetros al norte del río San Miguel en territorio colombiano; indemnizaciones de parte del gobierno colombiano a los afectados y la aplicación de un plan de desarrollo socioeconómico para las numerosas comunidades que no tienen luz, agua potable ni servicios de salud. Para responder a las quejas de los colonos fronterizos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ecuatoriano organizó un recorrido a la zona entre el 27 y 29 de febrero para recolectar testimonios y escuchar las denuncias presentadas por los campesinos y responsables locales. El recorrido fue una iniciativa de la presidenta de la Comisión de DDHH, María Augusta Rivas, que invitó a la Comisión científica constituida por el Ministerio de Relaciones Exteriores para estudiar posibles daños en el territorio ecuatoriano. El representante de la Cancillería, Oscar Izquierdo, y tres agrónomos de la Comisión científica participaron en la visita. El ministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda, todavía no ha definido una posición frente al gobierno Colombiano y tampoco ha reiterado la exigencia de su predecesora, Nina Pacari, para que se respete un corredor de amortiguamiento de 10 kilómetros para evitar daños en territorio ecuatoriano. El representante de la Cancillería, Oscar Izquierdo, explicó que se debía espera los resultados de la Comisión científica antes de definir una posición. Creada por el canciller Zuquilanda en septiembre 2003, la Comisión todavía no ha presentado resultados ni un protocolo de investigación. "Todavía no se puede demostrar que el producto (el glifosato) haya llegado al país", dijo el agrónomo Rubén Tamayo que explicó que la Comisión primero tenía que establecer un plan de trabajo para una recolección científica de pruebas. Los científicos trabajan con homólogos colombianos en una Comisión binacional para llegar a conclusiones y eventualmente recomendaciones comunes sobre probables daños en Ecuador. El glifosato, explicó el agrónomo Tamayo, es un herbicida producido por la compañía estadounidense Monsanto, que puede matar a todas las plantas vaporizadas, pero que desaparece en menos de 72 horas después de su aplicación, lo que hace muy difícil comprobar su utilización. Aseguró también que era uno de los herbecidas más utilizados en el mundo para la agricultura comercial y que nunca se ha demostrado su toxicidad en los humanos o animales cuando es utilizado en las dosis y concentraciones recomendadas. Sin embargo, el médico Adolfo Maldonado, de la organización Acción Ecológica y autor de varios estudios que inició el año 2000 sobre los impactos de las fumigaciones en la salud de los campesinos de la frontera, reporta síntomas generalizados de intoxicación como fiebre, mareo, diarreas, vómitos e irritación de mucosas en las poblaciones afectadas, luego de cada periodo de fumigación. También indica que sus análisis demuestran alteraciones genéticas en la sangre de mujeres de la zona fronteriza. El médico realizó un estudio de las plantas en el territorio fronterizo ecuatoriano que reveló cambios en la composición química atribuible a la introducción de agentes como el glifosato. "Ahora, en lugar de esperar que haya otras fumigaciones en Ecuador, la Comisión científica bilateral debería hacer las pruebas directamente en Colombia donde se practican, desde varios años, fumigaciones en territorios poblados", recomendó Maldonado, que denunció la ambigüedad del proceso iniciado por la Cancillería y cuestionó su imparcialidad en el tema. "Este problema es político y necesita una solución política" concluyó el médico. Para el diputado de Sucumbíos Julio González, no hay duda que "las fumigaciones causan desequilibro ambiental, afectan a la salud y causan pobreza afectando las relaciones comerciales entre las poblaciones vecinas. Se involucró al Estado ecuatoriano en el plan Colombia y nos lleva a un derrotero sin fin, no sabemos cómo va a terminar el país", criticó el diputado por el movimiento de oposición Nuevo País, que considera que la Comisión científica constituida por la Cancillería carece de credibilidad. "La decisión es política, Gutiérrez (el presidente ecuatoriano) invierte en la militarización cuando se necesita asistencia social. La voluntad viene de las presiones de los gobiernos estadounidense y colombiano, y Gutiérrez ya se declaró el mejor aliado de Bush y Uribe." La maestra Narcisa Trujillo vio exponer dibujos de sus alumnos a los miembros de la Comisión. Los dibujos infantiles representan aviones y helicópteros echando lluvias de herbicida sobre su escuela, casas y animales muertos en el recinto de Nuevo Mundo. "Hasta la última fumigación de julio de 2003, las avionetas y helicópteros pasaron directamente encima de la escuela, fumigando los espacios de juegos de los niños. Ellos han presentado síntomas de fiebre, mareos y erupciones cutáneas". Dibujos hechos por los alumnos de varias escuelas de la frontera fueron recogidos por los profesores y presentados en el anfiteatro del Tribunal Provincial Electoral para enseñar las experiencias vividas por los niños de la frontera. "Los niños no tienen miedo de hacer sus dibujos, pero existe un temor en la población que impide a varios comentar sobre su experiencia durante las fumigaciones" dijo Mariela Pinto, presidente de los profesores de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Sucumbíos. La sindicalista denunció el cierre de escuelas de la zona fronteriza en lo que sospecha sería un plan de despoblación del Gobierno para que los colonos se retiren de la zona sin ser indemnizados. Comentó que cuatro escuelas han sido cerradas desde el año pasado, afectando a 50 niños y empujando a sus familias al exilio. "Seamos claros," comenta el colono Enrique Guamán en su pequeña vivienda de Puerto Nuevo, "éste es un plan de guerra de Colombia, EE.UU. y Ecuador. Antes, aquí nunca habíamos tenido problemas de seguridad". Contemplando el estrecho río San Miguel por el que cruzan constantemente lanchas de sus vecinos colombianos a Ecuador, Guamán comenta que "con los colombianos somos hermanos, compartimos en todos los sentidos: en comercio, en deportes y en matrimonios. Los problemas que tenemos son por las fumigaciones que afectan al trabajo y a la salud de los campesinos, y la presencia militar que afecta al comercio".