El avance de las fuerzas paramilitares y la presión de Estados Unidos, Francia y Canadá dieron la estocada final al gobierno de Bertrand Aristide que el 29 de febrero de 2004 huyó con rumbo a la República Centroafricana.

Mientras el caos se había apoderado de Puerto Príncipe, la capital, y se multiplicaban los enfrentamientos que dejaron 10 muertos y saqueos en diferentes puntos de la ciudad, los embajadores de Estados Unidos y Francia, James Foley y Thierry Bukard, respectivamente, posesionaron al abogado Boniface Alexandre, presidente de la Suprema Corte de Justicia, como gobernante interino del país.

Los jefes rebeldes Guy Philipe y Louis-Jodel Chamblain, que iniciaron las revueltas contra Aristide el 5 de febrero con la ocupación de la ciudad de Gonaives, entraron a Puerto Príncipe el 1 de marzo acompañados de decenas de hombres armados. El ex policía Guy Philipe, que participó en un intento de golpe de Estado contra Aristide en 2001 y es acusado de narcotráfico y numerosas violaciones a los derechos humanos, horas antes reconoció a Alexandre como el nuevo jefe de Estado y se mostró de acuerdo con la intervención militar de Estados Unidos.

Aristide, que en varios ocasiones había declarado que no renunciaría, se vio obligado a dimitir cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos presionó por su salida, condición previa que habían exigido tanto la oposición civil, representada por el "Grupo de los 184" liderado por el empresario Andre Apaid, como por la oposición armada que llegó a controlar cinco de los nueve departamentos que conforman el país. El secretario de Estado de Estados Unidos Collin Powell, en los últimos días les dio un reconocimiento inusitado a los ex tonton macoutes (policía represiva de la dictadura duvalierista), llamándolas "fuerzas armadas del norte".

Sin embargo, Estados Unidos no podían permitir que la situación quedara en manos de los jefes paramilitares que en su momento apoyaron y contribuyeron a formar y entrenar. Cinco horas antes de que el Consejo de Seguridad Nacional decidiera el envío de una fuerza multinacional a Haití, Estados Unidos mandó un contingente de 200 infantes de Marina de un total de 1000 anunciado por Powell. A estos se sumaron unos 300 soldados y miembros de la policía anti- motines de Francia y soldados canadienses.

La misión de las fuerzas estadounidenses será, según la BBC, restablecer el orden, distribuir ayuda humanitaria y repatriar a los haitianos que se han echado al mar en precarias embarcaciones, buscando refugio en otros países. Por el contrario, el analista Michel Chossudossky señala que Washington pretende reinstaurar en Haití una colonia plena estadounidense con todas las apariencias de un funcionamiento democrático. El objetivo es imponer un régimen títere en Puerto Príncipe y establecer una base militar permanente en Haití. La administración estadounidense busca la militarización de toda la cuenca del Caribe.

La isla Española es la puerta de entrada para la cuenca del Caribe pues está estratégicamente localizada entre Cuba al noroeste y Venezuela al sur. La militarización de la Isla, con el establecimiento de bases militares de Estados Unidos, no solo tiene el propósito de presionar políticamente a Cuba y Venezuela, sino que también se orienta a proteger el comercio multimillonario de drogas que pasa por Haití hacia Estados Unidos desde los sitios de producción en Colombia, Perú y Bolivia. Se estima que Haití es ahora responsable de un 14 por ciento de toda la cocaína que entra a Estados Unidos, representando miles millones de dólares de ingreso para el crimen organizado y las instituciones financieras estadounidenses que lavan enormes cantidades de dinero sucio. (Al respecto ver: "US sponsored coup d`etat. The destabilization of Haiti" http://globalresearch.ca/articles/CHO402D.html)

Estados Unidos, por otro lado, culpabiliza a Aristide del caos y la desestabilización de Haití pero olvida fácilmente que la situación creada en este país, en mucho, es el resultado de la aplicación de los planes de ajuste impuestos por los organismos internacionales que están bajo control estadounidense, esto es el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Aristide -que triunfó democráticamente en 1990, fue derrocado por un sangriento golpe militar, y reinstalado en el poder en 1994, gracias a una intervención militar mayoritariamente estadounidense- pronto olvidó sus planteamientos progresistas y aplicó las recetas del Consenso de Washington para responder, sobre todo, a los intereses de los acreedores internacionales. Como producto de la aplicación de los principios del "libre mercado", se desestabilizó la producción local agrícola sobre todo de arroz, azúcar y maíz, vitales, convirtiendo al país en un gran importador de alimentos.

En el 2003, el FMI impuso la aplicación de precios flexibles en los combustibles, lo que trajo como consecuencia una fuerte espiral inflacionaria que incrementó el descontento popular hacia el gobierno de Aristide que ya había entrado en una etapa sin retorno de corrupción y autoritarismo. Ahora, la restauración del orden bajo égida estadounidense no es augurio de que el país más pobre de América pueda salir de su prolongada crisis económica y política.