La política de "seguridad democrática" del gobierno de Álvaro Uribe no es la más adecuada para los pueblos indígenas porque está generando más inseguridad: militarización, encarcelamiento de dirigentes, desplazamiento forzado, desarticulación de los procesos organizativos, manifiesta Luis Evelys Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

El dirigente, que pertenece al pueblo Embera, ubicado en la región del Chocó (nor-occidente colombiano limítrofe con Panamá) hace también una invocación firme a todos los actores armados que intervienen en el conflicto colombiano: "que nos permitan resolver nuestros conflictos con nuestras propias leyes, que no permanezcan al interior de nuestros territorios, que no conviertan a nuestros territorios en escenarios de guerra, que no recluten a nuestros jóvenes, porque eso nos trae mayores problemas".

 - ¿Cuál es la situación de los indígenas colombianos cuando el gobierno del presidente Alvaro Uribe ha radicalizado la guerra contra los movimientos guerrilleros?

 Los pueblos indígenas pasamos a ser mirados como objetivo militar por parte de los actores por considerarnos, de alguna manera, como cómplices o que favorecemos a algunos de los grupos dependiendo de qué grupo esté en las regiones. Y estos grupos, a su vez, sea el que sea, desconocen a las autoridades, imponen su ley, impiden la libre movilización. En el caso de la fuerza pública, el ejército colombiano y los paramilitares, no permiten, en la mayoría de los sitios en los que se encuentra la insurgencia, que los indígenas accedan a cierta cantidad de alimentos, que haya transporte de medicamentos a las comunidades y sabemos que las comunidades tienen una serie de enfermedades y epidemias. Por eso hemos venido diciendo que además del abandono y la marginación a la que el Estado nos tiene sometidos, la situación de las comunidades indígenas se torna mucho más grave con la guerra, pero también hay que decir que más que la guerra de los grupos armados, o las balas, los indígenas están muriendo por esa guerra silenciosa de la desnutrición, el hambre, las epidemias, las enfermedades.

- El conflicto colombiano se está regionalizando, hay indígenas que huyen al Ecuador, Panamá o Venezuela. ¿Qué opina de esta situación?

La estrategia del Plan Colombia tiene implicaciones graves sobre las comunidades indígenas y tiene una dimensión regional. Mucha gente y muchos gobiernos piensan que esto es un problema solamente en Colombia, pero esto tiene implicaciones sobre los países de frontera, es decir, si cada vez se incrementa la presión sobre los grupos insurgentes, si hay confrontación, ellos también se verán obligados a buscar los territorios de frontera, y en la medida en que haya confrontación va a haber señalamiento, persecución, acciones violentas contra las comunidades, y éstas tienen que romper la barrera de las fronteras. Este es un problema que se debe analizar como un problema regional que nos afecta a todos y con el que debemos ser solidarios. Desde los gobiernos debe haber una política para mirar las implicaciones que tienen la aplicación del Plan Colombia desde una perspectiva militarista de ataque al terrorismo y al narcotráfico. No quiero justificar a ninguno de los dos, pero bajo estos pretextos y el ataque a estos dos fenómenos que la humanidad rechaza, los pueblos indígenas y no indígenas, los negros, etc. son los que están pagando las consecuencias.

- ¿ En particular cómo está afectando el conflicto armado a las poblaciones indígenas de la Amazonía colombiana?

 En el caso de la Amazonía colombiano, estas poblaciones no tienen problema por territorios, todas prácticamente tienen reconocimiento y tienen asignado su resguardo legalmente, pero el problema es que los grupos armados han comenzando a incursionar en esos territorios. Son comunidades muy apartadas y muy vulnerables y están muy desatendidas por el gobierno nacional, por eso consideramos que es necesario lanzar un SOS por los pueblos indígenas de la Amazonía y de fronteras, porque están en un alto riesgo porque si no desarrollamos acciones concretas de parte de las organizaciones, si no hay un compromiso claro y una acción decidida del gobierno colombiano y de los gobiernos fronterizos, de la cooperación internacional para parar esto y aliviar la situación de esas comunidades, podemos hablar, en pocos años, que estos pueblos se habrán extinguido y no podemos eludir esa responsabilidad histórica.

Como son pueblos pequeños, en su mayoría de máximo de 100 personas, pueden correr el riesgo, si se acrecienta el conflicto armado, que la juventud, por ejemplo, deje las comunidades y pase a engrosar, bien sea por voluntad o por presión, las filas de los grupos armados. Por otro lado, por cuanto el gobierno colombiano no tiene una política clara de atención, las comunidades pueden ser diezmadas por las enfermedades o las epidemias.

Así mismo, si se presenta mayor confrontación en los territorios va a haber mayor desplazamiento a las ciudades, y eso pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, porque se van a dispersar y pierden la condición de pueblos y de comunidad. Por otro lado, el hecho de que ciertas empresas transnacionales farmacéuticas o petroleras tengan interés en la explotación de recursos, también pone en riesgo su pervivencia física y cultural, porque en la medida en que las comunidades asuman posiciones de rechazo a los megaproyectos, a exigir derechos o a que se negocie como es debido, empiezan a correr riesgo, porque sabemos que muchos dirigentes han sido amenazados por los grupos armados y por sectores económicos que tienen interés en esas regiones.

 - ¿Qué opina sobre la erradicación forzada de los cultivos de coca en territorios indígenas?

 Las políticas que el Estado y el gobierno colombiano están implementando para erradicar el fenómeno del narcotráfico, los cultivos ilícitos, no son las más indicadas. Primero plantea una erradicación forzosa con fumigaciones que, según las informaciones que tenemos, tiene graves consecuencias sobre la salud humana y sobre la supervivencia misma. Muchos niños han muerto a consecuencia de estas fumigaciones sobre el medio ambiente, la fauna silvestre se está muriendo, están desapareciendo los animales domésticos, los cultivos de pancoger se han secado con las fumigaciones. Entonces esta aparente solución está generando un problema mucho mayor, acrecentando el problema social, porque para que se resuelva el problema de la siembra de la coca, hay que resolver muchos problemas sociales. Siempre le hemos planteado eso al Estado. De otra parte, esta propuesta de fumigación va acompañada de un reforzamiento del aparato militar, entonces lo que observamos es que se compran más helicópteros y se destinan más recursos para los que aplican estos planes. Entonces es todo un negocio para algunas empresas y para el mismo gobierno norteamericano. De otra parte, esto va ligado a la "política de seguridad democrática" del gobierno de Uribe que tampoco es la más adecuada, porque la militarización de los territorios no ha contribuido para que las comunidades vivan en armonía y tengan paz. Muchas veces los mismos militares se convierten en violadores de los derechos humanos, señalan, estigmatizan, detienen arbitrariamente, tenemos más de 70 dirigentes en Colombia detenidos acusados, por supuestos informantes, de ser terroristas o guerrilleros. Esta política nos está generando mayores problemas, está desarticulando nuestros procesos organizativos, porque una comunidad cree en sus líderes y en la medida en que esos líderes empiezan a ser perseguidos sienten también inseguridad, la política de seguridad, en ese sentido, para nosotros se ha convertido en inseguridad. La militarización y la criminalización de las expresiones y de la protesta social, lo que genera son mayores problemas para nosotros, hemos planteado entonces que se respete nuestra autonomía, nuestro gobierno propio, hasta le hemos exigido al mismo Estado colombiano que la fuerza pública no entre a los territorios, porque en algunas zonas en donde se ha militarizado a quienes más se le viola sus derechos son a los pueblos indígenas. Tenemos regiones como la del Putumayo en la Amazonía y el Chocó en la región nor-occidental, donde hay militarización, en las que los pueblos indígenas no pueden transitar o salir a cazar, porque toda su vida cotidiana, su dinámica social, cultural, productiva está restringida y controlada.

 - ¿Qué piensa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que actúan en algunos territorios indígenas?

 Nosotros consideramos que ningún grupo armado recoge nuestras aspiraciones ni es vocero de nuestras necesidades y nuestro pensamiento. A las FARC les hemos planteado, como a los otros grupos armados, respeto a nuestros dirigentes, respeto a nuestro sistema de gobierno, que nos permitan resolver nuestros conflictos con nuestras propias leyes, no permanecer al interior de nuestros territorios, no convertir nuestros territorios en escenarios de guerra, no reclutar a nuestros jóvenes, porque eso es lo que nos trae mayores problemas. Digo esto porque pone en riesgo la continuidad y pervivencia cultural, viola la autonomía y pone en riesgo también la vida de nuestros dirigentes. Y de otra parte, entendemos que las FARC tiene una propuesta de construcción de país, nosotros no compartimos sus métodos, apostamos también a la construcción de un país distinto donde todos quepamos, un país más justo, más equitativo, más respetuoso de las diferencias, pero nuestro método es la exigencia desde la vía política, la vía negociada, desde la vía legal. Por eso no tenemos miedo a hablar, porque consideramos que estamos dentro de la legalidad y estamos reclamando, de manera legítima, nuestros derechos porque somos autoridad, somos gobierno al interior de nuestros territorios.

- Otro de los actores que interviene en el conflicto colombiano es Estados Unidos que pone mucho dinero, logística y armas. ¿Cuál es su criterio al respecto?

El gobierno colombiano sigue muy fielmente las directrices del gobierno norteamericano. Pensamos que los gobiernos deberían tener una posición de mayor soberanía, ellos consideran que esto no afecta a otras dimensiones, consideran que es lo mejor, hablan de seguridad bajo dos escollos: el ataque al terrorismo y al narcotráfico, pero las medidas que se están aplicando contra el terrorismo también están atentando contra nuestras organizaciones. Desde la perspectiva del proyecto de los informantes, nuestros dirigentes han sido criminalizados y en este momento se les está enjuiciando de manera injusta. Consideramos que el gobierno norteamericano debe ser mucho más coherente, debe posibilitar y ayudar a que los gobiernos implementen políticas de respeto de los derechos humanos y procesos democráticos de participación, de diálogo, de respeto a la diferencia. Consideramos que el Plan Colombia y las directrices en materia de seguridad, están afectando seriamente la autonomía de los pueblos indígenas, porque ya tenemos casos de extradición de indígenas y nosotros, como autoridades o como pueblos, no hemos hecho ningún tratado de extradición con Estados Unidos. Le hemos exigido al gobierno colombiano que nos aclare por qué nos están extraditando a indígenas sin consultar, sin informar previamente a los pueblos indígenas que son quienes, en última instancia, por su autonomía, por su jurisdicción especial y por la justicia propia, tienen que juzgar a sus conciudadanos.

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