El tema del derecho a la información cobra vigencia en Guatemala sólo cuando se agrede a algún periodista, se viola este derecho o se conmemora internacionalmente su existencia, de lo contrario, ni siquiera se asume como parte de las plataformas reivindicativas de la sociedad. Es una creencia generalizada que este derecho lo puede ejercer únicamente quien se desempeña en el ámbito del periodismo, razón por la cual, le es ajeno a la mayoría de la población, creencia que ha sido impuesta por quienes controlan los medios y concentran la propiedad sobre esas empresas. Por eso es sumamente importante que en el inicio del año surjan tres casos que se vinculan directamente con esa garantía, con vertientes totalmente distintas y actores disímiles y que posibilitan el abordaje desde distintas ópticas. El primero, el de José Rubén Zamora, Ingeniero y Director de el Periódico, un medio escrito joven, innovador, con un estilo basado en reportajes a profundidad y que ha revelado hechos de corrupción, narcotráfico, malos manejos del erario nacional, entre otros. El caso Zamora es muy conocido por su posición de empresario y ejecutivo de medios Y porque él y su familia fueron víctimas de los poderes paralelos quienes allanaron su residencia, violaron su privacidad, los amenazaron, intimidaron, amedrentaron y humillaron. Aunque la prensa nacional e internacional divulgó ampliamente la noticia y el Ministerio Público, entidad encargada de la investigación, hizo presencia y aparentó dar mucha importancia al caso, no hubo resultados oficiales, a pesar de que, según el propio Zamora, el entonces presidente Alfonso Portillo y su canciller Edgar Gutiérrez, recibieron información recabada por el afectado, a través de una investigación privada que él mismo gestionó y patrocinó. El otro, no menos importante, es el relacionado con la muerte del reportero Víctor Ramírez, quién falleció de un infarto debido a la tensión que le provocó la persecución y amenaza de linchamiento por parte de las turbas comandadas por altos dirigentes del entonces partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco, liderado por el general Efraín Ríos Montt durante la ocupación de la capita el Jueves negro y Viernes de luto. Su hijo, mostrando un valor e hidalguía dignas de ejemplo, ha solicitado a los tribunales una orden de captura en contra del militar, que también está acusado de genocidio en tribunales guatemaltecos y españoles. Esta solicitud fue denegada por el Tribunal. El tercer ejemplo del tema libertad de emisión del pensamiento, es el de Bruce Harris, un defensor y activista a favor de los derechos de los niños, especialmente de aquellos que viven en las calles, quien ha expresado públicamente su preocupación por una práctica bastante generalizada en Guatemala, que desnaturalizó una institución civil, de noble inspiración, como es la adopción, que muchas veces conlleva el tráfico de menores. Harris, después de investigaciones realizadas, producto de un convenio con la Procuraduría General de la Nación, en relación con anomalías en los procesos de adopciones, junto al entonces titular de esa dependencia, expuso los resultados en una conferencia de prensa. El activista por los derechos de la niñez asegura que ha presentado reiteradas denuncias contra profesionales del derecho que participan de esa red que comercia y exporta niños. En ese contexto se refirió a una Notaria, Susana Luarca de Umaña de estar vinculada a estas prácticas de adopciones internacionales y de ejercer presiones y tráfico de influencias para alcanzar sus propósitos. Según Harris la Fiscalía nunca investigó. Umaña, entonces esposa de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ha denunciado penalmente a Harris por el delito de difamación. Sin embargo el señalado sostiene que no es en una corte penal en donde debe dilucidarse su caso, sino que en un Tribunal de Imprenta, tal como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento, una norma de carácter constitucional. Los tres casos son un desafío para la justicia guatemalteca y para el mismo sistema democrático. Se vinculan con asuntos de importancia estratégica como son el estado de derecho, la existencia de poderes paralelos, la fe pública y sobre todo, el derecho a la libre emisión de pensamiento o expresión. Es esta una incomparable oportunidad para una reflexión social que lleve a la comprensión del inmenso valor que tiene el derecho de informar y estar informado, como parte de esa garantía fundamental, que permite, no solo el acceso a las fuentes, sino que los y las ciudadanas puedan ver reflejados sus puntos de vista y opiniones en los medios, en igualdad de condiciones. La libertad de prensa no es sólo para los dueños de los medios, ni exclusivamente para los periodistas. Debe entenderse como un bien público, como es la información y como un derecho social que debe ser ejercido socialmente. Esta coyuntura debe ser aprovechada también para la apertura de espacios y reflexiones colectivas y sobre todo para escuchar a los silenciados de siempre. En manos del sistema de justicia están, una vez más, la efectividad de nuestros derechos. Estaremos vigilantes pues los precedentes que se vayan sentando son referentes obligados para el futuro.