¿ALCA o ALBA?: el dilema latinoamericano
03/12/2003
- Opinión
Dos visiones contrapuestas han inspirado a los convenios de integración del
continente: el latinoamericanismo y el panamericanismo. El primero de ellos,
enmarcado en la teoría Prebisch-CEPAL, sustentó a la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALALC) y al Mercado Común Centroamericano (MCCA) en sus
momentos fundacionales entre fines de los 50 y comienzos de los 60 del siglo
pasado.
Enfrentado a ambos proyectos de inequívocos signos defensivos y proteccionistas,
la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar. A una fase inicial de
nerviosismo y enojo siguió otra de expectación y análisis para, finalmente,
proclamar su apoyo y compromiso a tales experimentos unionistas por tratarse de
"uno de los objetivos básicos del Sistema Interamericano", según reza el Tratado
de Punta del Este, que alumbró a la ahora olvidada Alianza para el Progreso
(1961). La actitud primera de Washington traslucía el impacto de la Revolución
Cubana, que le indujo a una política hemisférica reticente a cualquier cambio no
programado por sus propios estrategas. Una zona de libre comercio o
agrupamientos similares al sur del Río Grande –se pensó en el Departamento de
Estado- podrían ser la fórmula de consolidación de una masa crítica
incontrolable. En concomitancia, su prointegracionismo ulterior emergió del
desvanecimiento del "peligro cubano" y, sobre todo, de las necesidades de las
corporaciones norteamericanas, a la sazón interesadas en fomentar una
industrialización funcional de nuestros países, planificar el uso de su
tecnología en vastos espacios económicos y capturar los mercados del área
"saltando" los aranceles proteccionistas.
La mediatización y parálisis de la ALALC y el MCCA a fines de los 60, derivadas
también de apetitos "subimperialistas" endógenos, no significó el fin de la
perspectiva latinoamericanista. Esta resurgió con el Pacto Andino (1969),
especialmente en tiempos del gobierno del socialista Salvador Allende en Chile y
de los regímenes nacionalistas y populares de Juan Velasco Alvarado en Perú y
Juan José Torres en Bolivia, y alcanzó su cima con la aprobación de la Decisión
24, un estatuto orientado a reservar las áreas estratégicas al capital
subregional y a restringir el éxodo de los beneficios de las firmas
transnacionales.
La fascistización del Cono Sur, inaugurada con las dictaduras de Hugo Banzer y
Augusto Pinochet , con su corolario de implantación del monetarismo y el
aperturismo, a la par que eclipsó el enfoque latinoamericanista no solo a escala
de las naciones andinas, abrió paso a un ciclo de hegemonía absolutista del
panamericanismo, refrendado en los años 80 en el contexto del "shock" de la deuda
y la sujeción del subcontinente a las implacables fórmulas recesivas del FMI y el
Banco Mundial. En términos de integración, el panamericanismo alcanzó éxitos
resonantes con la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y la Declaración Presidencial de Miami que alumbró el Area de
Libre Comercio de las Américas (ALCA). Ambos eventos se cumplieron en 1994, año
que, acaso por una ley de simetría histórica, incubó el ¡Ya basta! zapatista,
consigna perceptible en el proyecto del Area Libre Bolivariana para las Américas
(ALBA) que circula con intensidad creciente entre el Río Grande y la Tierra de
Fuego al socaire del agotamiento del fundamentalismo liberal.
ALCA: la "otra" guerra de Washington
El ALCA, proyecto promovido por Estados Unidos desde la Cumbre de Miami de l994,
constituye el más reciente capítulo de la doctrina panamericana preconizada por
Washington desde los tiempos de James Monroe. En la pos-Guerra Fría, la
necesidad estratégica estadounidense de consolidar su propio bloque geopolítico y
económico (el "área americana") como soporte de su hegemonía mundial, explican el
interés de la Casa Blanca por impulsar ese plan anexionista. El gobierno de
George W. Bush le confirió al ALCA un impulso fundamental con la aprobación el
2002 del texto denominado Autoridad para la Promoción Comercial (TPA o "vía
rápida"), régimen temporal que le faculta a negociar acuerdos comerciales
bilaterales sin el requisito del debate parlamentario. ¿Qué hay detrás de la
urgencia de George W. Bush para que el ALCA entre a operar desde el cercano
2005, conforme acaba de ratificarse en la propia Miami el pasado noviembre? Las
tres razones siguientes: a) enjugar la recesión estadounidense, b) contener la
influencia europea en la región y neutralizar al MERCOSUR y a la CAN, y c)
camuflar en las negociaciones económicas el remozado intervencionismo militar
norteamericano en nuestra Sudamérica. Desglosemos estos factores.
El auge de la economía norteamericana durante la era Clinton –el más importante
en la posguerra después del "boom" Kennedy-Johnson- colapsó a fines del 2000,
envuelto en la debacle de la Nueva Economía. Esta inflexión del ciclo económico
norteamericano se expresó no solo en la caída de las inversiones, sino también en
un espectacular descenso de las exportaciones, tendencia que se agudizó el 200l.
En el segundo trimestre de este último año –poco antes del 11-S- las ventas
externas de Estados Unidos cayeron el l2%, lo que determinó que la administración
republicana se decidiera por un plan completo de recolonización de América
Latina.
El segundo motivo básico para la instrumentación del ALCA tiene que ver con el
hecho de que Washington y las corporaciones de EE. UU. no se encontraban
precisamente felices con los acuerdos comerciales suscritos por los europeos en
el marco de las cumbres iberoamericanas. Igualmente les venía incomodando una
eventual consolidación del MERCOSUR, esquema de integración de proyección
sudamericana y caribeña y que, especialmente bajo los liderazgos de Lula y
Kirschner, ha venido reivindicando principios de soberanía política y de
proteccionismo comercial y financiero. Para desalojar a los intrusos y para que
el libre mercado opere conforme a las definiciones de Washington, nada mejor que
presionar por el ALCA, cuyas bondades para Estados Unidos han sido demostradas
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), convenio
integracionista en el cual se inspira el instrumento de marras.
Finalmente, las razones estrictamente militares no son extrañas a la propuesta
washingtoniana del ALCA y, por el contrario, comportan su complemento (si no su
basamento). Claudio Katz las expone de modo convincente: "Desde hace varios años
una escalada de rebeliones populares conmueve a muchos países de América Latina.
Estos movimientos acentúan la erosión de distintos sistemas políticos, que han
perdido legitimidad por su incapacidad para satisfacer los reclamos populares.
El descreimiento en los regímenes vigentes precipita la interrupción de mandatos
(Perú), la disgregación de gobiernos (Ecuador), el colapso de estados (Colombia)
y la desintegración de partidos tradicionales (Venezuela, México). A través del
ALCA se intenta reforzar la intervención militar encubierta de Estados Unidos en
Colombia, el rearme regional asociado a 'lucha contra el narcotráfico', los
ejercicios bélicos tipo Vieques y la presión diplomática para alinear a los
gobiernos latinoamericanos en sanciones contra los países demonizados por la Casa
Blanca".
A últimas fechas, esta vertiente del prointegracionismo yanqui explicaría las
presiones del Departamento de Estado para que los países latinoamericanos
confieran patente de corso frente a la Corte Penal Internacional a tropas
norteamericanas por crímenes de guerra que pudieran cometer en estos territorios,
o para que autoricen nuevos emplazamientos del Pentágono, como los que
enmascarados de puestos de asistencia humanitaria se pretendió instalar en
Ecuador.
* René Báez, economista ecuatoriano, es profesor de la Universidad Católica de
Quito.
https://www.alainet.org/es/articulo/108906
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