La libre contratación de los trabajadores, en empresas públicas y privadas, se encuentra en la mesa del debate en Bolivia porque varios dirigentes que gozan de fuero sindical están siendo despedidos, privados de sus derechos más elementales y amenazados por empresarios. Uno de los casos que más ha llamado la atención está referido al secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba y portavoz de la Coordinadora del Agua y del Estado Mayor del Pueblo, Oscar Olivera Foronda. En los días que los bolivianos y bolivianas eran los protagonistas de la "guerra del gas", la Empresa Bata (Manaco) determinó quitarle el salario y el derecho a la atención médica que, por ley, tiene el dirigente. La Central Obrera Boliviana (COB) que, en el último período recuperó protagonismo, al anunciar su respaldo al dirigente fabril, anunció que planteará al gobierno de Carlos Mesa la derogatoria del artículo 55 del Decreto Supremo 21060. El mencionado artículo vigente desde el 29 de agosto de 1985, gobierno de Víctor Paz Estensoro (MNR); señala: "Las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo". Protegidos por ese instrumento legal de la flexibilización laboral, la mayoría de los empresarios y autoridades gubernamentales tienen de víctimas a sus trabajadores y también a algunos dirigentes. Desde 1985, más de 25 mil trabajadores mineros fueron "relocalizados", más de 30 mil fabriles fueron despedidos de sus fuentes de trabajo, así como otros sectores laborales. Tregua social El secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, afirmó que la única manera de que se garantice la tregua social en el país es atendiendo una serie de demandas estructurales de los sectores populares, incluido el "maldito decreto 21060". "El artículo 55 tiene que desaparecer porque con ese artículo el gobierno y los empresarios hacen lo mejor que les parezca, sólo así habrá tregua social en el país; caso contrario se pueden producir problemas", advirtió Solares. Varios sectores sociales, entre ellos campesinos, cocaleros, desocupados y obreros, prometieron una tregua de 90 días al nuevo gobierno bajo el compromiso de que se demuestren actitudes en beneficio del país. En una carta de denuncia enviada por Olivera a Fernando Rivera de Latin America Group Office, con sede en México, dice: "Deseo manifestarle que Arturo Blanco sigue teniendo una conducta que no corresponde a la gestión de un gerente de una empresa de Bata, manipulando información al público y los trabajadores y lo que es peor en un acto de absoluta revancha en contra de mi persona, ha determinado de manera arbitraria e ilegal privarme de mi salario, la atención sanitaria y la dotación de calzados para mi familia compuesta de mi esposa y seis hijos". La nota de reclamo fue enviada también al Congreso Nacional, al Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales nacionales. El anterior ministro de Trabajo, Adalberto Kuajara (NFR), anunció cuando fue posesionado en su cargo que se debería derogar el 21060; a los pocos días cambió de parecer. Existen presiones no sólo de los empresarios privados ni de sectores del gobierno sino intromisión en la política boliviana del propio Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). El actual ministro de Trabajo, Luis Fernando Fajadle, con más cautela, prometió que se estudiará la probable revisión del cuestionado Decreto Supremo. Huelga de hambre Reclamando sus derechos, el dirigente fabril anunció que desde los próximos días se someterá a una huelga de hambre, junto a su familia. En la carta de Olivera se agrega: "Le comunico que a partir de los próximos días mi familia y yo nos declararemos en huelga de hambre, frente a este atropello, como una manera de denunciar lo ocurrido con el Gerente de Manaco. De igual manera y siendo mi trabajo reconocido a nivel internacional, están llegando cartas de apoyo de varias personas e instituciones de varios países protestando por esta situación". En Cochabamba, donde está instalada la Empresa Manaco, varios sectores sindicalizados anunciaron que están dispuestos a ingresar al ayuno voluntario para hacer respetar sus derechos. Aunque la Empresa Manaco señala mediante su gerente que "ha alcanzado los mejores niveles económicos en los últimos cuatro años", en los últimos días, se trató de despedir a 16 trabajadores, motivo que generó en el conflicto con sus dirigentes. Aunque no son afectados directamente por este instrumento legal, campesinos, cocaleros y colonizadores, también expresaron su repudio al 21060 porque las consecuencias las sufren sus hijos y también la migración campo-ciudad tiene sus sustento en ese tipo de leyes. Solidaridad mundial En las últimas horas, el dirigente fabril Olivera, recibió muestras de solidaridad a nivel nacional e internacional. Cartas de diferentes países de América, Europa, Asia e incluso África, así como del país, respaldan el derecho que tiene como dirigente, denuncian las arbitrariedades del gerente de la Manaco y exigen a las autoridades bolivianas hacer cumplir el fuero sindical. "Nuestro deber como COB es apoyar el fuero del compañero Oscar Olivera y pedir al gobierno que los señores de la Manaco deben respetar las leyes bolivianas", dijo Solares. El dirigente de la COB expresó su apoyo moral y material al dirigente fabril cochabambino y anunció que las medidas de presión se las deben realizar en forma conjunta. En los próximos días, la COB presentará al gobierno de Carlos Mesa un Pliego de Peticiones donde planteará entre otros puntos centrales, la derogatoria del artículo referido a la libre contratación. * Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano.