El conflicto social boliviano
10/10/2003
- Opinión
El pasado 10 de octubre, Bolivia completó 25 años de retorno
constitucional, con una profunda fractura entre el país político
y el país real, que ha puesto en riesgo la continuidad del
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, popularmente conocido como
Goni. Mientras el país profundo está convulsionado por un
levantamiento indígena, campesino y popular que se ha prolongado
por más de tres semanas, sin visos de ceder; en las esferas de
poder la atención permanece atada a las negociaciones del
régimen con los partidos aliados por el reparto de cuotas en
instancias acéfalas de la administración pública. Vínculo: la
represión y Estado de sitio.
La creciente inconformidad ante las políticas neoliberales del
gobierno detonó en la segunda semana de febrero con un estallido
social que dejó un saldo de 33 muertos y más de 100 heridos y
forzó a Sánchez de Lozada a retirar su plan de incremento de
impuestos, llamado "impuestazo", y a implementar un
reordenamiento ministerial. Pero pasado el mal momento, Goni
retornó a su línea tradicional con la consecuencia de que el
ambiente social nuevamente comenzó a recalentarse y finalmente
estallar. Esta vez la chispa fue el proyecto 'Pacific LNG' que
contempla la comercialización de gas natural a Chile.
Este proyecto, para las organizaciones sociales que lo
cuestionan, "sólo dejaría un 5% por impuestos mínimos, mientras
que las transnacionales norteamericanas como SEMPRA, las
inglesas como British Petroleum y British GAS y las españolas
como REPSOL, ganarán miles de millones de dólares. Estas
empresas no arriesgaron nada y más bien cuentan con el respaldo
de presidentes dependientes del Banco Mundial y del FMI, que
gobiernan el país desde 1985". Y acotan: "Bolivia perdió la
propiedad del gas y petróleo, incluidas las reservas calculadas
en más de 100.000 millones de dólares, teniendo en cuenta el
precio de 29 dólares por barril de petróleo y 1,25 por millar de
pies cúbicos de gas, a cambio de sólo 'promesas de inversión'".
Esta pérdida de la propiedad sobre los recursos naturales es el
resultado de la política de capitalización aplicada por el
propio Gonzalo Sánchez de Lozada durante su gestión. "Hasta
1995 - anota Osvaldo Calle-, la explotación y las reservas
petroleras estaban en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), empresa que desde 1985 estaba obligada a
entregar el 65 por ciento de sus ingresos totales brutos al
Tesoro General dela Nación convirtiéndose así en la principal
financiadora de la aplicación del modelo neoliberal. Las
memorias de la petrolera estatal señalan que en 1994, las
transferencias de YPFB al Tesoro llegaron a 445 millones de
dólares. Sin embargo, con la capitalización se entregó el
negocio de la exploración y la explotación petrolera a las
transnacionales que comprometieron aportes por el 50 por ciento
de las acciones de las empresas petroleras capitalizadas, pero
sin pagar un centavo por las reservas petroleras y de gas que ya
se tenían en ese entonces. Desde entonces, comenzó a hablarse
del hueco fiscal generado. Reforma de Pensiones de por medio,
el TGN tenía más obligaciones, pero menos ingresos. Los
problemas en ese aspecto ya eran previsibles en 1997"(1). Cabe
acotar que bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, el 97% de los
campos hidrocarburíferos ha pasado a ser considerado como
"campos nuevos", por lo cual las respectivas empresas que los
explotan tan sólo pagan al fisco boliviano el impuesto mínimo
del 18% sobre el bruto, registrándose consecuentemente una
rebaja sustancial en los ingresos fiscales.
Con las reglas de juego fijadas por la Ley de Hidrocarburos
vigente, "las ganancias de las transnacionales en este
gigantesco proyecto llegarán a unos 1000 millones de dólares por
año, mientras los ingresos para Bolivia no pasarán de 50
millones de dólares por año aproximadamente, calculando el
impuesto de sólo 18% sobre un precio extraordinariamente bajo en
boca de pozo (unos U$S 0,70 por millar de pies cúbicos de gas -
el precio más bajo de la región)", sostienen las organizaciones
sociales.
A la constatación histórica de que pese a las enormes riquezas
naturales que han salido de sus entrañas hacia el extranjero,
Bolivia permanece en la miseria, en las circunstancias también
entró en consideración el hecho de que, a diferencia de otros
recursos (plata, estaño, oro, etc.), el gas es consumido de
manera masiva como también lo es el reclamo por tener que
comprar a "las transnacionales 'nuestro' gas y petróleo a los
precios más caros de América, como si importáramos esos
hidrocarburos". Pero además se añadió un nuevo factor que
indispuso a un amplio sector de la población: la exportación de
gas a Chile, país al que se le acusa de haberse apoderado del
litoral boliviano en la guerra de 1789.
Refundar Bolivia
Las protestas contra el proyecto de exportación de gas, que para
el 19 de septiembre lograron congregar a más de 150 mil
manifestantes en todo el país, adquirieron una nueva dimensión
tras la violenta represión registrada en Warisata el sábado 20
de septiembre -con un saldo de siete muertos y una veintena de
heridos-, pues este hecho radicalizó tanto a la dirigencia
campesina como a los sectores de la COB, que pasaron a reclamar
la renuncia del presidente.
En este contexto, no logró cuajar el intento gubernamental para
bajar la presión social con el anticipo de realizar una Consulta
Nacional sobre el gas, vía la realización de seminarios y
encuentros con los diversos sectores sociales. Al contrario, a
medida que se han intensificado las movilizaciones -con bloqueos
de caminos y marchas en las diferentes ciudades del país-, cada
vez son más los sectores que consideran que debe retirarse Goni,
cuya permanencia en Palacio parece circunscrita al "apoyo de la
Embajada estadounidense, las transnacionales petroleras y
sustentado en las incómodas bayonetas del Ejército" (3). El
mandatario ha descartado su renuncia, por razones
constitucionales. Pero hay quienes le han recordado que,
ironías de la historia, cuando Bolivia se encontraba en una
situación similar bajo el gobierno de la UDP (1982-85), el
entonces parlamentario Sánchez de Lozada no dudó en pedir la
renuncia del presidente Hernán Siles Zuazo, por el bien del
país.
El jueves 9 de octubre, fuerzas combinadas del ejército y la
policía recurrieron a balas y granadas de guerra, gases y
balines, para frenar el avance de un contingente de trabajadores
mineros hacia La Paz y romper el bloqueo de la principal ruta
vial que une la Capital con Oruro, Potosí y Cochabamba, dejando
un saldo de dos personas muertas; al tiempo que el ministro de
Gobierno, Yerko Kukoc, anticipaba que la declaratoria del Estado
de Sitio no está descartada.
Según el principal partido de oposición, el Movimiento al
Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, la estrategia del
gobierno apuntaría a "elevar la tensión y estirar la cuerda
esperando un paso en falso del movimiento popular para caerle
con todo el peso represivo del aparato estatal, no son extrañas
las declaraciones de supuestas guerrillas en diversos puntos del
país; la participación de extranjeros en las organizaciones,
robos de armamentos y municiones, acuartelamiento parcial de las
Fuerzas Armadas, incorporación masiva de premilitares (más de 24
mil), declaraciones de la Iglesia, etc. Ello no es más que el
preludio de una amenaza con vistas a convertirse en una realidad
sangrienta". Por lo mismo, acota, "no debemos nosotros tensar
la cuerda hasta su rompimiento, pues la represión central se
desatará contra nosotros, ya que para el gobierno y el bloque
dominante, somos los únicos con presencia nacional, con un
bloque parlamentario fuerte y respaldo internacional. Al
gobierno le interesa desarticularnos y en lo posible borrarnos,
pues así le será más fácil imponer su agenda política y
económica y ya no tendría la sombra del MAS en las futuras
elecciones, pero si la dinámica del MAS no tiene otro norte que
el enfrentamiento, pues también nuestra obligación es estar con
el pueblo en cada uno de sus nortes, nuestra suerte y nuestro
futuro estará ineludiblemente ligados a la suerte del pueblo".
Esta colectividad, para salir de la crisis, plantea la sucesión
presidencial, a la vez que se ha hecho eco de la propuesta de la
incorporación de la Asamblea Constituyente en la nueva Carta
Magna para "Refundar Bolivia", con la cual coinciden también el
Movimiento Indígena Pachakutik(MIP), la Nueva Fuerza Republicana
(NFR) y la Unidad Cívica y Solidaridad (UCS); estas dos últimas
fuerzas integrantes de la coalición del gobierno.
1) Cf. Bolivia tiene el gas, pero el negocio es de otros
http://bolpress.com/análisis.php?Cod=15196
2) Bolivia: Goni, el prisionero de Palacio
http://alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=4694
https://www.alainet.org/es/active/4857
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