El ALCA es un peligro
14/10/2003
- Opinión
Sin duda soplan vientos de cambio hoy en nuestro país,
animando las expectativas de importantes sectores de la
población y abriendo horizontes de construcción que hace pocos
meses eran impensables.
Cobran un valor significativo los intentos del nuevo gobierno
de recuperar el rumbo perdido y restablecer el Estado de
Derecho, así como también el correcto funcionamiento de las
instituciones del Estado. Pero la clave de la dirección y la
profundidad de los cambios que se logren producir estará
formada por el debate y la movilización de los ciudadanos.
En este sentido nos parecen alentadoras y a la vez
preocupantes las apreciaciones del canciller Rafael Bielsa
vertidas en una nota de opinión publicada por Página/12 el 4
de octubre ("El cambio es lo único permanente"). Alentadoras
porque el canciller asume la responsabilidad de plantear ante
la sociedad la visión detrás de la estrategia negociadora
adoptada por el gobierno. Pero preocupantes en su esencia, ya
que nuevamente parece ausente lo que debería ser el eje
fundante de toda política del Estado: la defensa y la
promoción de los derechos humanos de toda la población y,
sobre todo, sus integrantes más necesitados.
Refiriéndose a las distintas negociaciones comerciales en
curso, entre ellas las de la Organización Mundial de Comercio
recientemente fracasadas en Cancún, como así también las que
buscan crear para el año 2005 un Área de Libre Comercio entre
EE.UU. y 33 países más del hemisferio (el ALCA), el canciller
afirma que "la Argentina no debe ni necesita optar por un
sector en particular". Dice que precisa negociar "en procura
de un objetivo único, que abarque a toda la sociedad: aumentar
el acceso de la producción nacional al mundo". Si bien se
hacía referencia concreta a la histórica pugna planteada entre
sectores agroexportadores y los de la industria criolla, vale
la pena preguntarnos: ¿cómo entran, en realidad, en esa
ecuación, los intereses y derechos del conjunto de la sociedad
argentina?
Desde los años de la dictadura y el menemato de los '90, a la
sociedad en su conjunto le debe haber quedado claro que la
apertura indiscriminada, el mero aumento de las exportaciones
o el crecimiento de algunos no se traducen automáticamente en
mayor bienestar para todos y todas. Al contrario, han sido
herramientas privilegiadas del peor proceso de redistribución
regresiva del ingreso jamás vivido en nuestro país desde los
tiempos de la conquista y colonización española. Una política
negociadora que tome como horizonte único el aumento de las
exportaciones, corre el riesgo de dejar afuera lo que
justamente se dice querer defender, que es el verdadero
interés nacional.
En las actuales negociaciones, por más importante que sea el
debate de alternativas frente al proteccionismo y los
subsidios estadounidenses y europeos no se puede desconocer
que el objetivo principal buscado por los países centrales es
la entrega de la soberanía. Con ella se irá cualquier
posibilidad de revertir los procesos de transformación y
saqueo operados en el transcurso de las últimas tres décadas.
La propuesta del ALCA, impulsada por EE.UU. como un "secreto
de estado" durante casi una década, es un ejemplo contundente.
Lo que propone EE.UU. es una liberalización total de los
términos de inversión, equiparando el trato hacia los
capitales transnacionales al de los capitales nacionales e
incluso elevando los derechos de las empresas extranjeras por
encima de la ley y la Constitución Nacional. Según las
intenciones de EE.UU., pasarían a la historia instrumentos
claves de una política de desarrollo autóctono, como son el
"compre nacional", requisitos de empeño o de protección a la
salud y el medio ambiente y preferencias hacia determinadas
zonas o sectores del consumo y producción como cooperativas,
empresas recuperadas, pequeños y medianos empresarios, mujeres
y pueblos originarios.
Con el ALCA, la acción afirmativa del Estado en resguardo de
los derechos de la población a la educación, la salud, la
tierra y el agua quedaría sujeta a los intereses supuestamente
superiores de las empresas transnacionales, y cualquier
conflicto sería automáticamente dirimido en una cuasi-
jurisdicción constituida, entre otros, por las propias
empresas demandantes. El peligro que representa el ALCA –
definido por algunos estadistas latinoamericanos como "la
anexión a EE.UU." más que un tratado comercial-, no puede
tampoco ser visto como un hecho aislado. Forma parte de un
proyecto de dominación que abarca además la "integración" de
las fuerzas armadas de la región –objetivo preciso de los
recientemente suspendidos ejercicios militares "Águila III"–,
el condicionamiento permanente del FMI, el Banco Mundial y
demás "acreedores" de la deuda eterna y las fuertes presiones
del gobierno de EE.UU. en contra de las posiciones avanzadas
por Argentina y el resto del Grupo de los 22 en la OMC. Es
decir que vienen por mucho más: desde el oro de Esquel hasta
las aguas del Iberá, pasando por la privatización de la
educación y la salud y la mercantilización de todos nuestros
derechos humanos.
Por eso se exige a la ciudadanía y al gobierno una alerta
máxima y un cambio todavía más a fondo en las estrategias
adoptadas. En una entrevista reciente con el Presidente Néstor
Kirchner, le pedimos que el gobierno se retire de las
negociaciones del ALCA e impulse una campaña de
esclarecimiento y consulta hacia el conjunto de la sociedad.
Pero asumiendo también nuestras responsabilidades, desde la
Autoconvocatoria No al ALCA estamos organizando unas Primeras
Jornadas de Consulta Popular para informar e invitar a toda la
ciudadanía a pronunciarse sobre el ALCA, la deuda y la
militarización. El gobierno tiene la obligación de escuchar al
pueblo y representar los intereses de toda la Nación.
Nosotros, de seguir movilizando por los cambios de forma y de
fondo, que entendemos hacen a una vida digna para todos y
todas.
* Adolfo Pérez Esquivel es Premio Nobel de la Paz y miembro de
la Autoconvocatoria No al ALCA
PÁGINA 12 - Buenos Aires, Argentina. 15 de octubre de 2003.
https://www.alainet.org/es/articulo/108654?language=es
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