En un país de malos lectores, es muy probable que nadie se lea las 140 páginas del fallo de la Corte Constitucional que tumbó el cobro del IVA sobre los productos básicos de la canasta familiar, desde la papa, la carne, el pan y la leche hasta los medicamentos y el transporte público. Los primeros que dejarán de leerla serán los propios críticos de la Corte, que, siguiendo el mal ejemplo del Director de la Dian, habrán sacado apresuradamente sus conclusiones e incluirán esta decisión en su lista favorita de fallos-fallas de la Corte. Ya se ve venir desde lo más alto del establecimiento económico la trillada crítica a la Corte por creerse un Robin Hood criollo, por inmiscuirse en cuestiones económicas que corresponden sólo a los expertos, por ahondar el hueco fiscal y por poner en peligro las "reglas de juego" que hacen que el mercado funcione como un relojito. Pero una mirada rápida a la sentencia muestra que quienes se pasan por la faja las reglas del juego son el equipo económico del gobierno y el Congreso, no la Corte. Vale la pena leer el fallo. No por la prosa redundante de la Corte, que para curarse en salud tiene que repetir una y otra vez a lo largo de interminables páginas los mismos argumentos certeros que habrían cabido en unas pocas. Pero el lector paciente que haga el sacrificio literario se encontrará no sólo con las razones contundentes de la Corte sino con una entretenida historia sobre las chambonadas del equipo económico del gobierno que muestra quiénes son los que desconocen las reglas del juego y cómo se les iba a pasar a los pobres la cuenta de cobro de la política de seguridad democrática. Fueron tres las razones de la Corte para tumbar el IVA del 2% que el gobierno quería cobrar sobre la canasta familiar básica a partir de 2005. En primer lugar, faltando sólo un día para la terminación del período legislativo y en medio del zafarrancho de fin de año en el Congreso, el entonces Ministro Junguito decidió pedirle a los miembros de la Cámara de Representantes "meditar" la ampliación de la base del IVA a la canasta familiar. Semejante improvisación, según el ex- Ministro, había sido a su vez "meditada" con el equipo económico y el Presidente. El problema, como lo dice en otras palabras la Corte, es que las condiciones del último día de sesiones del Congreso no son precisamente las ideales para la meditación, ni para la deliberación democrática. Como lo saben bien los economistas del gobierno, la deliberación democrática en materia de impuestos es la regla de juego más antigua de las democracias liberales –¿se acuerdan del principio según el cual "no hay tributación sin representación?". Cualquier lector desprevenido del fallo se hace la siguiente pregunta, que la Corte no plantea: ¿por qué, a pesar de haber presentado el proyecto de reforma tributaria al Congreso tres meses atrás y no haber incluido en él el IVA para la canasta familiar, el gobierno esperó hasta el último momento para introducir un cambio que acababa con un principio fundamental del sistema tributario existente desde la creación del IVA en 1963? La segunda regla de juego violada por la extensión del impuesto es tal vez menos familiar para los miembros del equipo económico. Se trata del principio de equidad y progresividad en la tributación, establecido en el artículo 363 de la Constitución. El principio de progresividad no significa, como parece pensar el gobierno, extender poco a poco ("progresivamente") el IVA hasta que cubra todos los bienes y servicios, incluyendo los pocos que los pobres pueden comprar. Significa, en cambio, que los ricos deben pagar más impuestos que los pobres. La Corte reitera lo obvio cuando dice que no es equitativo ni progresivo un sistema tributario que, en lugar de concentrarse en controlar la evasión y eliminar las amnistías y las exenciones para los ricos, se dedica a gravar la papa, la panela y el bus. Lo que sí es novedoso en el fallo de la Corte es la conexión convincente que hace entre los ingresos y los gastos del Estado. La situación podría haber sido distinta si los 800.000 millones que el gobierno buscaba recaudar con el IVA adicional fueran a ser invertidos en aliviar la miseria de los 23 millones de colombianos pobres (o al menos de los 11 millones de indigentes entre ellos). Pero el gobierno tenía planes muy distintos para la plata recaudada. Según el ex- Ministro de Hacienda y la Ministra de Defensa, en lugar de por lo menos amortiguar la caída en picada del gasto social, la plata iba a financiar el gasto público en seguridad y defensa. Cuando creíamos que los pobres ya estaban poniendo en muertos su cuota de sacrificio para la guerra, resulta ahora que también la deberían financiar. La última regla de juego violada por el IVA del 2% es la protección de lo que la Corte llama el "mínimo vital", es decir, las condiciones materiales mínimas para vivir con dignidad. Para el 60% de la población colombiana que sobrevive con menos de $5.600 pesos al día y gasta casi todo su ingreso en comida, vivienda y transporte, el nuevo impuesto – que seguramente luego sería aumentado gradualmente—significaría comer aún menos o resignarse a andar a pie. Y ni hablar de acceder a otros productos de la canasta a los que se les iba a extender el IVA, como la carne, el pescado o los cuadernos escolares. De pronto en esto el gobierno tiene razón. Como de hecho la plata de los pobres hace rato no alcanza para comer carne o comprar cuadernos, ya se puede decretar que salieron de la canasta familiar y que, como artículos de lujo, deben ser gravados con el IVA. El IVA del 2% se cayó porque desconocía las reglas elementales del juego político y económico establecidas en la Constitución. Si es cierto, como dicen los miembros del establecimiento económico, que la inseguridad jurídica perjudica la economía, entonces deben ser ellos los primeros en cumplir con las reglas del juego. Culpar a la Corte por proteger esas reglas es inexacto e injusto. Es que, en el fondo, el problema de muchos críticos de la Corte no es con la Corte misma, sino con las reglas de juego que tenemos, con la Constitución. Por eso están tratando de desmantelarla poco a poco. * César A. Rodríguez Garavito es Profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes e Investigador en Sociología Económica de la Universidad de Wisconsin-Madison.