EEUU amenaza con cortar asistencia militar a países que apoyan a la Corte Penal Internacional. Ley presiona a países que no son aliados de EEUU a firmar pactos de inmunidad Mañana vence el plazo establecido en la "Ley de Protección de Funcionarios y Personal estadounidenses' (American Servicemembers Protection Act - ASPA) que amenaza con poner fin a la asistencia militar estadounidense a países que apoyan la Corte Penal Internacional, anunció la Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional. El 1 de julio de 2003 es el plazo establecido en el ASPA, fecha que coincide con el primer aniversario de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la CPI. El ASPA establece que todo Estado Parte de la CPI que recibe asistencia militar estadounidense perderá esos fondos a menos que el Presidente aplique las exenciones del caso, ya sea porque considera que es de importancia para el interés nacional de los EEUU o porque un país haya firmado un acuerdo de inmunidad sobre la CPI para esa fecha. El ASPA, firmada en agosto del año pasado, es parte de una enorme campaña emprendida por la Administración Bush para obtener una variada gama de exenciones frente a la competencia de la CPI. El ASPA hace referencia a la iniciativa de los EEUU de celebrar acuerdos bilaterales de inmunidad a través de los cuales se solicita a los Estados signatarios que no entreguen a los nacionales y personal militar a la competencia de la CPI. Si bien el ASPA contiene amplias renuncias presidenciales y exime a los aliados de la OTAN así como a los principales aliados de los EEUU, todavía no es claro como estas exenciones y renuncias serán aplicadas. Potencialmente se encuentran en riesgo los fondos del año fiscal correspondientes al año 2003 que todavía no han sido utilizados y más de $230 millones de dólares en asistencia para el año fiscal 2004. Desde que el gobierno de los EEUU inició sus aproximaciones a los Estados para que firmaran estos acuerdos en julio del año pasado, se ha informado que alrededor de 49 de los países más pequeños y pobres los han firmado pero que sólo un puñado de ellos lo han ratificado. La mayoría de los países firmantes pertenecen a África y Asia que no son Estados Partes de la CPI. A pesar de la intensa presión para firmar estos acuerdos bilaterales de inmunidad, un importante número de aliados estadounidenses y organismos regionales los han rechazado. Argentina, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Eslovenia y Croacia más los 15 miembros de la Unión Europea (UE) se encuentran entre los países que han rechazado la propuesta estadounidense. La Presidencia de la UE saludó la semana pasada una declaración de los diez países miembros de la UE que se han adherido y otros estados asociados y países de la EFTA, en la cual afirmaron la Posición Común de la UE, rechazando los acuerdos bilaterales de inmunidad estadounidenses, y resolvieron que sus políticas nacionales se sujetarían a esa posición. La UE ha declarado que los tratados bilaterales propuestos por los EEUU violan el Artículo 98 del Estatuto de Roma. "La Administración Bush ha renunciado a 60 años de apoyo estadounidense a la justicia y el derecho internacional," expresó William Pace, Coordinador General de la Coalición de ONG por la Corte Penal Internacional. "Los únicos `enjuiciamientos' motivados políticamente son aquellos de los EEUU en contra de la CPI." La CPI es una organización fundada en un tratado multilateral que fue firmado por 139 países, incluyendo a los Estados Unidos durante la Administración Clinton. El Presidente Bush se ha opuesto a la Corte, al afirmar que podría ser usada como un foro para enjuiciamientos frívolos. "Lo que estamos viendo es que la Administración Bush ha estado firmando estos acuerdos de inmunidad con los países más pobres del mundo, muchos de los cuales no pueden hacer frente a la amenaza de perder ayuda," afirmó Heather Hamilton, directora de programa de la Asociación Federalista Mundial. "También hemos sido testigos de que el gobierno de los EEUU está excediendo los términos establecidos en el ASPA al celebrar estos acuerdos con países que no apoyan oficialmente a la CPI,"agregó. Según se ha informado, un gran número de países ha recibido grandes sumas de apoyo financiero a cambio de la celebración de dichos acuerdos. En el caso de Sierra Leona luego de la firma de un acuerdo bilateral de inmunidad se anunció que EEUU invertiría $25 millones de dólares en las minas de Sierra Rutile. En otros casos, la presión para firmar un acuerdo bilateral de inmunidad ha incluido amenazas tales como la restricción del acceso a la OTAN, según han informado algunos de los estados de los Balcanes así como el retiro de financiamiento de `dual use', como es el caso de Bahamas, donde el Embajador estadounidense J. Richard Blankenship advirtió durante un programa de televisión que una respuesta no "favorable" podría tener como resultado la pérdida de financiamiento para la pavimentación y el alumbrando de una pista aérea La CPI está compuesta por los 90 países que han ratificado o adherido al Estatuto de Roma, que incluye a una abrumadora mayoría de aliados estadounidenses. Situada en La Haya, Países Bajos, la CPI ha elegido recientemente a sus más altos funcionarios, incluyendo a 18 magistrados altamente calificados, un Fiscal y un Secretario, quienes juntos llevarán a la Corte una gama diversa de nacionalidades, culturas e idiomas, y una experiencia del más alto nivel en derecho penal, derecho internacional y derecho humanitario. * Coalición por la Corte Penal Internacional
Nueva York.