Después de un juicio de más de nueve años, Monsanto logró quedarse con una patente (la europea 301 749) sobre todas las variedades de soya transgénica que existen -y las que podrían existir- mientras sea válida. Es la primera resolución de este tipo que otorga derechos monopólicos exclusivos no sobre una variedad, sino sobre una especie alimentaria. Originalmente fue otorgada en 1994 a Agracetus, entonces subsidiaria de la gigante química WR Grace. Organizaciones de la sociedad civil, como RAFI (ahora Grupo ETC) y Greenpeace, alertaron sobre la inmoralidad de reclamar derechos monopólicos sobre una especie, y junto con otras iniciaron en 1994 una demanda para lograr su revocación. Empresas biotecnológicas, como Sandoz, Ciba-Geigy, Monsanto, Dekalb y Pioneer Hi-Bred, también alegaron que se detendría la investigación y que una patente de este tipo no podía ser legal. En 1994 Monsanto apeló contra esta patente ante la Oficina Europea respectiva. A lo largo de 292 páginas argumentó que la patente debía ser "revocada en su totalidad" porque no cumplía con los requisitos mínimos: no era una "novedad", no tenía "paso inventivo" y el requisito de divulgación de la información, necesario para obtener cualquier patente, era "altamente deficitario". En 1996, Ciba Geigy y Sandoz se unieron para formar Novartis, mientras Monsanto compró Dekalb y Agracetus. A partir de entonces, Monsanto retiró la demanda y dijo que iba a defender su patente. Novartis -que luego se fusionó con AstraZeneca y se transformó en Syngenta- continuó su apelación contra la resolución junto a Pioner Hi-Bred (ahora subsidiaria de DuPont). Pese a la variedad y amplitud de argumentos presentados, la Oficina Europea de Patentes ignoró todos los aspectos éticos, de seguridad y soberanía alimentaria y, en un acto aberrante, falló el 6 de mayo en favor de Monsanto, cambiando un solo punto, por el cual se intentaba controlar también otras plantas modificadas usando la misma metodología. Según datos de 2002, Monsanto vendió el total de las semillas de soya transgénica en el mundo, plantadas en 36.5 millones de hectáreas, que es más de la mitad de toda la cultivada a escala global. Monsanto va hacia el monopolio exclusivo de uno de los cultivos alimentarios más importantes del planeta - utilizado como forraje, aceite e insumo de más de 60 por ciento de los alimentos procesados de los supermercados- con un valor de 22 mil millones de dólares en 2001. Los mayores exportadores de soya en el mundo son Estados Unidos, Brasil, Argentina y China. De éstos, solamente Brasil no ha permitido el cultivo de transgénicos. Monsanto ha presionado fuertemente por introducir la soya modificada a ese mercado, el segundo exportador a escala mundial. No lo ha logrado debido a la protesta y a demandas legales de organizaciones ambientalistas, de consumidores y campesinos que desde hace cuatro años han frenado la autorización de transgénicos. En el mismo periodo, los grandes hacendados anunciaron que iban a contrabandear soya transgénica para presionar su aprobación. Muchos piensan que esto fue una política apoyada o incluso impulsada por Monsanto. Paradójicamente, el gobierno de Lula, en lugar de sancionar a los contrabandistas, permitió la comercialización de la cosecha de soya genéticamente modificada que había sido plantada ilegalmente. El mismo día que fue refrendada su patente monopólica, Monsanto anunció que iba a iniciar los trámites para cobrar las regalías de su patente por la oleaginosa plantada ilegalmente en Brasil. La asociación de cultivadores de soya estadunidense comenzó una campaña de presión alegando que los agricultores brasileños son "biopiratas" por no pagar regalías a Monsanto, publicando una foto de un labriego vestido de pirata cargando una bolsa de soya transgénica hacia un barco bucanero. Interesante imagen para los hacendados brasileños que decían defender su derecho a plantar lo que quisieran. Verdaderamente preocupante es ver cómo el derecho ancestral de los agricultores a guardar y replantar sus propias semillas es vaciado de contenido por los sistemas de patentes, y que las mismas empresas biocorsarias que desde hace décadas vienen robando las innovaciones y conocimientos campesinos e indígenas, ahora dicen que los biopiratas son éstos, con la legalidad de su parte. Es lo que espera a todos los que cultiven transgénicos en cualquier parte del mundo. Ante esto, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), junto con organizaciones participantes en el seminario Jornadas de Agroecología en Paraná, ocuparon la semana siguiente una hacienda de Monsanto en Ponta Grossa, quemando los cultivos transgénicos que allí se encontraban. El MST la volvió a tomar unos días después y anunció que iban a repetir la acción en toda hacienda que plantara organismos genéticamente modificado. Los casos de Brasil con los transgénicos y Monsanto nos muestran lo que podemos esperar por permitir sistemas de patentes y liberar transgénicos. Lo legal, sin duda, no es necesariamente lo legítimo. * Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.